9 de marzo 2021
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El tiempo transcurre en un año electoral clave en el que los electores definirán el rumbo de Nicaragua, entre la dictadura o un cambio democrático. Sin embargo, el régimen orteguista no muestra interés para abrir un proceso de reformas electorales, que garanticen que los eventuales comicios del siete de noviembre de 2021 tengan legitimidad y transparencia. Por el contrario, a ocho meses de las votaciones, el Poder Electoral no ha hecho una convocatoria formal, que normalmente se hace un año antes, y tampoco da señales de apertura para garantizar la observación electoral nacional e internacional.
Representantes de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmaron a un grupo de expertos nacionales, a finales de la semana pasada, que no han visto “avances” en materia de reformas, cuando solo restan dos meses del ultimátum de la Asamblea General de la OEA al régimen de Daniel Ortega.
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“Quisiera decir que supimos algo nuevo o relevante, pero en realidad solo fue una conversación general para reiterarle nuestra disposición a colaborar con la OEA y que vamos a seguir presionando por conseguir las reformas”, comentó a CONFIDENCIAL una fuente que estuvo presente en la reunión.
La observación electoral es clave para dar confianza al votante nicaragüense. Mucho se recuerda que las históricas elecciones de 1990, las cuales permitieron la salida de la primera dictadura sandinista, fueron tildadas como las “elecciones más observadas en la historia”.
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Miembros del equipo de campaña de la entonces Unión Nacional Opositora (UNO), consultados para un reporte especial de CONFIDENCIAL, publicado el 25 de febrero, comentaron que, en aquel año, el miedo a votar entre la población, debido a las represalias y la represión del sandinismo, se venció cuando los ciudadanos y dirigentes opositores se dieron cuenta del acompañamiento que efectuaban observadores internacionales de la Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Desde las primeras manifestaciones en septiembre nos percatamos que éramos acompañados por la Onuven —Misión de Observadores de las Naciones Unidas para Verificar las Elecciones en Nicaragua— y la OEA; luego vino el Centro Carter”, detalló uno de los miembros del equipo de campaña.
José Antonio Peraza, miembro del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), destaca que la observación electoral sin restricciones es, junto a la presencia de fiscales de los partidos políticos en las Juntas Receptoras de Votos, los dos elementos de mayor importancia para garantizar transparencia en las votaciones. El GPRE está integrado por juristas, politólogos, abogados y especialistas que prepararon un documento sobre las reformas necesarias para el proceso de 2021.
“La observación electoral es fundamental. Es desde mi punto de vista la condición número uno para que haya condiciones para unas elecciones libres. Sin esa condición de la presencia de observadores nacionales e internacionales, es muy difícil ir a un proceso electoral”, apuntó.
Sin embargo, en noviembre de 2020, CONFIDENCIAL reveló que Ortega ordenó que se diera paso a reformas cosméticas para maquillar el proceso electoral de 2021. Y sobre la apertura a la observación electoral, se habría limitado a decir: “eso se decidirá en otro momento”.
Misiones de observación electoral a contrarreloj
El punto es que el tiempo transcurre y ese momento no llega. En el caso de los organismos internacionales, estos necesitan ser invitados formalmente al menos seis meses antes de los comicios, para poder realizar la observación del desarrollo de todo el proceso electoral como tal, no solo durante los tiempos álgidos de la campaña de los partidos políticos. Además, la invitación tiene que ser hecha por medio de la Cancillería.
“Para mayo o junio tienen que estar viniendo los organismos de observación. Si después de junio no han llegado, estamos emproblemados”, alerta Peraza. El especialista agrega que “normalmente ellos (los observadores) necesitan tres o cuatro meses para tener toda su estructura para supervisar el proceso electoral, porque el fraude no se hace el mismo día de las elecciones. Se viene planificando meses atrás. Los observadores tienen que revisar el sistema de cómputo, cómo se van a movilizar los fiscales para estar en la Junta Receptora de Votos, las transformaciones en el Consejo Supremo Electoral”.
Peraza asegura que la Unión Europea habría dejado claro al régimen que están dispuestos a participar en un proceso de observación electoral, siempre y cuando la invitación formal sea hecha a más tardar en mayo próximo. En caso que esto no ocurriera, la UE no enviaría ningún equipo de observadores.
CONFIDENCIAL consultó a la oficina de prensa de la Unión Europea en el país, pero al cierre de esta nota aún no había respuesta.
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, indica que la invitación a los organismos de observación internacional tiene que ser hecha paralelamente a la convocatoria del Poder Electoral para las elecciones.
“Cuando se hace la convocatoria a las elecciones, lo más razonable es que casi a lo inmediato, el Consejo Supremo Electoral a través de Cancillería, invite a los observadores. Los que normalmente vienen con técnicos calificados para observar el proceso de observación y son muy reconocidos son el Centro Carter, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, Naciones Unidas, el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Republicano. Se establece un acuerdo de entendimiento que es firmado por las partes para determinar los mecanismos de trabajo de los observadores”, explica Zelaya.
Los fantasmas del fraude en Nicaragua
El Consejo Supremo Electoral sigue sin comunicar el calendario para los comicios de 2021. Administrado por magistrados leales a la dictadura, el Poder Electoral enfrenta un serio problema de nula credibilidad debido a los fraudes electorales que desde las elecciones municipales de 2008 se vienen realizando para perpetuar al orteguismo en las esferas de poder.
Zelaya también destaca el rol de los observadores para dar confianza a los votantes en ejercer el sufragio. “Es fundamental para unas elecciones que quieran ser vistas como transparentes y honestas. El observador es un coadyuvante fuera del Poder Electoral, fuera de los partidos políticos, que de manera más objetiva y serena puede dar sus puntos de vistas del desarrollo de un proceso electoral, y esto le da confianza a todos. El propio Consejo Supremo Electoral, si quiere hacer bien las cosas, lo puede ver como un aliado”, indica.
Zelaya recuerda que en los procesos electorales en los que estuvo involucrada como parte del Poder Electoral, a los grupos de observación incluso se les dio la oportunidad de desarrollar un conteo paralelo de los votos.
“Yo recuerdo que Naciones Unidas y la OEA organizaron un conteo paralelo de las votaciones. Cuando se cotejaron los datos que daba el Consejo Supremo y los datos que ellos daban de su conteo paralelo, prácticamente eran los mismos resultados y eso es una confirmación de que el proceso se llevó con normalidad”, añade.
Observadores nacionales golpeados por la dictadura
En el caso de los organismos nacionales de observación electoral, estos se encuentran golpeados por la represión de la dictadura. El Instituto para la Democracia (Ipade) fue despojado de su personería jurídica en diciembre 2018 y en febrero de este año se consumó la confiscación ilegal de sus oficinas y propiedades
Por su parte, el organismo Ética y Transparencia, para salvarse del espionaje y control de la dictadura por medio de la Ley de Regulación Agentes Extranjeros, emitió un comunicado en el cual informó que sus operaciones serían financiadas solamente por aportes de donantes nacionales.
“Los observadores nacionales tienen que recuperar los derechos que tenían antes que la dictadura tomara el control del Poder Electoral. Los observadores tenían derecho a entrar a la Junta Receptora de Votos, a estar presente en el momento de los conteos de las boletas, en la transmisión de los datos, en el manejo del paquete electoral, hasta en la transmisión del acta de escrutinio. Si podemos tener dos o hasta tres observadores nacionales en cada Junta Receptora de Votos, sería lo mejor”, estima Peraza.
La última encuesta de CID-Gallup, dada a conocer a inicios de febrero, arrojó que el 65% de los consultados considera que es “muy probable” o “algo probable” que vote el próximo siete de noviembre; sin embargo, señalan que una motivación será que haya “elecciones libres”.
“Hay desconfianza en todo el proceso electoral y en el Consejo”, dijo en ese entonces a CONFIDENCIAL Luis Haug, gerente de firma encuestadora. “Aquí —agregó— es importante también diferenciar dos grupos de la población: los simpatizantes del sandinismo que tienen mayor confianza en el Consejo y en los distintos resultados que puedan brindar, y por lo tanto tienden a percibir, en menos porcentaje, que sea necesario la presencia de observadores internacionales”.
“Por el otro lado —continuó—, aquellos que no tienen preferencia partidaria desconfían de la Administración Ortega; tienen mucho recelo de lo que son los resultados que se pudieran obtener por parte del Consejo, y por lo tanto solicitan en mayores porcentajes la presencia de observadores internacionales”, añadió.
Peraza insistió precisamente en la imperiosa necesidad del régimen de darle legitimidad al proceso electoral por medio de la observación, que a la vez se traducirá en la confianza del votante.
“Es regla número uno en el mundo. Para que haya participación masiva en las votaciones, para que la gente participe, se necesita tener confianza en el organismo electoral y para que haya confianza en el órgano electoral, tienen que haber observación. Es fundamental. Al final —sentencia— siempre es más importante la nacional, pero la observación internacional te da contundencia, seguridad, confianza, legitimidad al proceso electoral”.
