15 de noviembre 2021
AA
Share
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó este lunes 15 de noviembre, a nueve operadores del régimen orteguista, que incluye al Superintendente de Bancos, Luis Ángel Montenegro, y al viceministro de Hacienda y Crédito Público, José Adrián Chavarría, quien firmaba los contratos y acuerdos de esta cartera, después que el ministro Iván Acosta fue sancionado en mayo de 2020.
Además, sanciona al ministro de Energía, Salvador Mansell; al director del Instituto Nacional de Energía, José Castañeda; y al gerente del Despacho de Carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Rodolfo López.
Las sanciones también incluyen al ministro asesor y delegado presidencial para África, Medio Oriente y los países Árabes, Mohamed Farrara Lashtar, sobrino del fallecido dictador libio Muamar el Gadafi.
Igualmente, al Ministerio Público, encargado del montaje de supuestos delitos en contra de opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios y activistas nicaragüenses, entre ellos siete precandidatos presidenciales.
Esta es la lista más larga de sancionados orteguistas emitida por el Tesoro de Estados Unidos, que también alcanza a tres alcaldes orteguistas: Sadrach Zeledón, de Matagalpa; Francisco Valenzuela, de Estelí, y Leonidas Centeno, de Jinotega.
Sanciones al aparato económico del régimen orteguista
Estas sanciones de Estados Unidos son las primeras tras la farsa electoral del 7 de noviembre, en la que Daniel Ortega se reeligió por cuarto período consecutivo. Las sanciones apuntan a operadores señalados por violaciones contra los derechos humanos, y también a aquellos con relación al sistema bancario y económico de Nicaragua.
El superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, es uno de los más férreos defensores de la dictadura, que antes de 2019 fue presidente de la Contraloría General de la República. Entre los argumentos para sancionarlo, Estados Unidos cita que Montenegro ordenó a los bancos cumplir con una solicitud del Ministerio Público de entregar y auditar información financiera de 13 altos ejecutivos y empresarios en el marco de la Ley 1055, que el régimen ha utilizado para acusar a una treintena de líderes políticos, cívicos, profesionales independientes y empresarios, entre ellos siete precandidatos presidenciales a quienes Ortega anuló de la competencia política.
Por otra parte, el viceministro de Hacienda, José Adrián Chavarría es el encargado de firmar los contratos y acuerdos de esta cartera, después que el ministro Iván Acosta fue sancionado en mayo de 2020. Estos contratos, incluyen los del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ha entregado al régimen orteguista más de 2289 millones de dólares —un promedio superior a los 450 millones de dólares anuales— pese a las críticas y demandas para que cese su financiamiento por la violenta represión orteguista y el estado policial de facto que pisotea los derechos humanos.
Las sanciones incluyen a tres funcionarios del sector energía en el régimen orteguista. El primero de ellos: el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, también a cargo de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), bajo cuya gestión se han iluminado los árboles de la vida en Managua, el sello del poder de la vicepresidenta Rosario Murillo. Además, el gerente del Despacho de Carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Rodolfo López Gutiérrez, y el presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), José Antonio Castañeda.
También fue sancionado el sobrino del fallecido dictador libio Muamar Gadafi, exsecretario privado de Daniel Ortega, socio fundador del Canal 13 (administrado por los hijos de mandatario) y actual ministro asesor para África, Medio Oriente y países Árabes, a Mohamed Lasthar, quien justificó la represión del régimen nicaragüense diciendo que se había tratado con “misericordia” a algunos opositores que procesaban como “traidores de la patria”.
En la lista de sanciones continúan tres alcaldes sandinistas: Sadrach Zeledón Rocha (Matagalpa), Francisco Valenzuela (Estelí) y Leónidas Celedón (Jinotega), señalados por cometer abusos a derechos humanos en 2018. Estados Unidos sostiene que Zeledón está involucrado directamente en la represión; que desde la oficina de Valenzuela se ordenó colocar francotiradores para apuntar a los manifestantes en Estelí, y que Centeno está vinculado a los órganos que participaron contra los manifestantes.
Sanciones al Ministerio Público por ataque a precandidatos
Las sanciones también incluyen al Ministerio Público a nivel institucional, que se une a la Policía entre las instituciones sancionadas tras la represión desatada contra la población en 2018. En una investigación de CONFIDENCIAL se denunció la existencia de todo un equipo dedicado a inventar falsos cargos para sustentar las acusaciones falsas contra los presos políticos.
Sin embargo en su resolución, Estados Unidos recuerda que fue la Fiscalía la que imputó cargos contra los precandidatos presidenciales presos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
“El Ministerio Público también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, entre ellos líderes de la sociedad civil, el sector privado, estudiantes y periodistas”, sostiene Estado Unidos, al describir a ese aparato orteguista como instrumento para tomar acciones políticas que atentan contra la democracia e institucionalidad del país.
Primeras sanciones de Estados Unidos tras la farsa electoral
Las nuevas sanciones de Estados Unidos, oficializadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), constituyen la primera respuesta de la Administración de Joe Biden a las votaciones fraudulentas del pasado 7 de noviembre, en las cuales Daniel Ortega se reeligió sin competencia política para un cuarto período consecutivo. Además, es la lista más larga de sancionados, con lo cual ya son casi cuarenta los operadores del régimen sancionados por Estados Unidos.
“El régimen de Ortega está usando leyes e instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto”, sostuvo Andrea M. Gacki, directora de la OFAC, quien considera que su país está enviando un mensaje a Ortega y su círculo íntimo de que respalda al pueblo nicaragüense en sus llamados a la reforma y al retorno a la democracia”.
