10 de mayo 2019
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El régimen orteguista ha optado por insultar y descalificar a los miembros de la Alianza Cívica, ante su incapacidad de obligarlos a solicitar la suspensión de eventuales sanciones internacionales contra Nicaragua, en especial la Nica Act. Epítetos como mentirosos, miserables, ridículos e incompetentes se mezclaron con alusiones bíblicas y llamados de paz, en el último comunicado de la delegación gubernamental en el diálogo nacional.
Desde la semana pasada, el régimen ha intensificado la confrontación contra los delegados de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quienes esta semana exigieron a la dictadura “levantar las brutales sanciones que sobre la población”, en particular la “prohibición a la libre expresión, la libre movilización y la liberación de los presos políticos”.
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En su escalada de ofensas y descredito, la dictadura orteguista ha acusado, sin pruebas, a la Alianza de ser los “responsables y culpables de crímenes y acciones destructivas”, durante las protestas cívicas del 2018.
Lluvia de epítetos
En el comunicado de este jueves, el régimen afirma que constataron “la dualidad, torpe, infantil y miserable de quienes en la mesa (del diálogo) hablan un lenguaje, y hacia afuera (desde la misma mesa) continúan en la pretensión perversa de arrebatar los derechos al pueblo nicaragüense”.
Señala que los delegados opositores “hacen teatro, mienten, hacen trampas, ofenden e irrespetan a los testigos y acompañantes”, en este caso el nuncio Waldemar Sommertag y el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla.
“Al denunciar las jugarretas caprichosas y amañadas de quienes sólo han mostrado disposición a la destrucción y el mal, seguimos pidiéndole a Dios, de todo Corazón, que guíe nuestros pasos para que sepamos ver, oír y entender al valeroso pueblo nicaragüense que no cree en la soberbia de ridículos e incompetentes personajes de ficción”, descalifica el régimen a los opositores.
El tono ofensivo de los comunicados y la exigencia para pedir la suspensión de la Nica Act se han incrementado desde el pasado 29 de abril, cuando los delegados gubernamentales y la Alianza Cívica habían casi acordado la liberación anticipada de unos 232 presos políticos —pertenecientes a una lista conciliada— y el restablecimiento de libertades públicas, como el derecho de expresión y manifestación. Sin embargo, la dictadura desautorizó a los suyos y echó pie atrás.
Campaña personalizada
La Alianza Cívica informó en un comunicado que la dictadura “ha forzado” a trabajadores del Estado y otros ciudadanos a exigir la salida de las negociaciones de Juan Sebastián Chamorro, miembro propietario de la Alianza Cívica, quien firmó a través de la plataforma change.org una campaña para que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anule un proyecto a favor de la Policía Nacional.
“El régimen no tolera que existan derecho, voces, ni acciones fuera de su dominio”, apostilló la Alianza.
“El régimen, en su calidad autoritaria y represora, no tolera que existan derechos, voces ni acciones que estén fuera su dominio. Ha forzado a los empleados del Estado y a otros ciudadanos a demandar la destitución de Juan Sebastián, por ejercer su derecho ciudadano de opinar.” pic.twitter.com/o2yXpYuoH8
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) 9 de mayo de 2019
Más de 10 000 ciudadanos han firmado la solicitud para que el BCIE no financie la compra de unos 20 microbuses y cuatro lanchas con motor fuera de borda, para el fortalecimiento de “capacidades operativas” de la Policía Nacional. La adquisición asciende a más de 500 000 dólares.
La petición advierte al BCIE de los peligros de “financiar a una institución señalada por organismos internacionales como violadora de derechos humanos”, y cuyo director general, el primer comisionado Francisco Díaz, ha sido sancionado por Estados Unidos, que lo responsabiliza de la represión durante las protestas cívicas, que dejaron al menos 325 muertos y miles de heridos.
Excusa para no cumplir
José Pallais, excanciller y miembro propietario de la Alianza en el diálogo, expresó a Confidencial que el régimen “ha recorrido el diccionario de la lengua castellana para seleccionar todos los días un nuevo insulto”.
Aseguró que la Alianza Cívica no responderá a la dictadura con “vulgaridades” o “insultos”, porque la intención de los Ortega “es excusarse del cumplimiento de los acuerdos y provocar una crisis”, para que los opositores se levanten de las negociaciones.
“No vamos a caer en esa trampa, no es nuestro estilo. Nosotros estamos respondiendo con disposición al trabajo y con propuestas para llegar acuerdos, porque las dimensiones de las crisis no están para este tipo de intercambios de insultos y descalificaciones”, comentó el exdiplomático.
Añadió: “Si esta negociación fracasa la situación se va a deteriorar aún más y el país podría llegar a una situación similar a la de Venezuela, y por eso es que continuamos a pesar de la lluvia de insultos”.
Visita asesor de Almagro
Pallais indicó que las negociaciones siguen bloqueadas por la dictadura, aunque se han trabajado algunas ideas, pero todavía “están distante” a concretarse. El régimen se mantiene intransigente en su exigencia de suspender las sanciones contra Nicaragua, aunque todavía no cumple con ninguno de los acuerdos alcanzados.
El excanciller mencionó que la nota positiva del día fue que la Alianza y el régimen se reunieron, por separado, con Luis Porto, asesor principal en Asuntos Estratégicos y Desarrollo Organizacional del secretario general de la OEA.
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“Vino alentar que la mesa del diálogo funcione, a ratificar que ellos (la OEA) estarían preparados a apoyar una reforma electoral, pero siempre en el marco de la mesa de negociación”, dijo el negociador.
La Organización de Estados Americanos (OEA) tenía previsto, desde inicios de mes, presentar su propuesta de calendario de reformas electorales, pero no lo ha hecho ante el impase que sufren las negociaciones.
