Diálogo no avanza en restituir las libertades

Este lunes “no se avanzó mucho” en la negociación política en el Incae entre la Alianza Cívica y la dictadura Ortega Murillo, en el tema de restituir las libertades públicas que se encuentran conculcadas por un estado de excepción de facto.

La expectativa de ambas partes de lograr “un acuerdo final” para este viernes comienza difuminarse: La mesa discutió el tema de “las libertades y garantías ciudadanas”, es decir, el cese de la represión, pero los representantes de la dictadura se mostraron reacios a la agenda de restitución de las libertades propuesta por la Alianza Cívica.

La delegación oficial llegó este lunes al Incae “con una propuesta general sobre los artículos de la Constitución Política”, de acuerdo a una fuente vinculada al diálogo. La comitiva de la dictadura esquivó los planteamientos de la Alianza Cívica sobre el desmantelamiento del estado policíaco, el cese de la represión a los ciudadanos que protestan en las calles, entre otras propuestas. Este es uno de los temas más problemáticos en la agenda de la negociación.

“En el primer día de negociación no hubo acuerdo alguno. Pero todas las opciones se mantienen sobre la mesa”, relató otra fuente a Confidencial. En la negociación, hablaron sobre la restitución del derecho a la libre movilización y la protesta cívica; la libertad de prensa, los periodistas presos y medios confiscados; el desarme de los paramilitares, que en el lenguaje oficial serían “terceros armados”; y las organizaciones no gubernamentales despojadas de su personería jurídica. En estos cuatro temas hubo avances, sin llegar aún a un punto conclusivo, pero aún faltan otros cuatro puntos, indicó la fuente.

“Una de las razones por las que no se avanza, es porque el gobierno defiende su narrativa del golpe de Estado aún ahí en privado, donde solamente están los negociadores de ambos bandos”, explicó.

Después de la promesa de la dictadura Ortega-Murillo de liberar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días, hubo entre varios integrantes de la mesa de negociación expectativas de conseguir un “acuerdo final” para este viernes 29 de marzo, un día después de la fecha indicada para la finalización del diálogo en la denominada “hoja de ruta”. Las partes acordaron discutir en tiempo récord la agenda: Lunes la restitución de las libertades, martes “justicia”, miércoles “implementación de acuerdos”, y jueves “el tema electoral”.

Sin embargo, los planes parecen entorpecerse ante la negativa del régimen Ortega-Murillo frente a la propuesta de restituir las libertades ciudadanas, conculcadas de facto por la represión policial y paramilitar.

Otras fuentes vinculadas a la negociación advirtieron este fin de semana a Confidencial sobre la dificultad de avanzar en el tema de las libertades y el riesgo de que se produjera una “ruptura”, ya que el gobierno se resistiría a suspender el estado de excepción de facto que existe desde septiembre, y permitir el regreso a las calles del movimiento auto convocado.

“Estamos trabados pero no hay ruptura todavía”, coincidieron las fuentes. “El gobierno llegó ofreciendo algo mínimo, pero se entiende que lo hagan así porque es una estrategia de negociación: ofrecer lo mínimo para ver qué quiere el otro y tratar de encontrar un punto intermedio”, agregaron.

De acuerdo a lo sucedido este lunes en el Incae, todos los temas siguen abiertos en negociación. “Si no se logra cumplir la fecha del jueves 28 o incluso este viernes, puede ser que sea lunes o martes de la próxima semana, tomando en cuenta que se han perdido varios días de reuniones”, refirieron las fuentes.

Otros sectores de la Alianza Cívica reconocieron el nulo avance de este lunes en la mesa, pero aseguraron que la dictadura podría aceptarlos como parte de un planteamiento general, el meollo del asunto estará en cómo los implementarán.

El doctor Carlos Tünnermann dijo a los periodistas de forma escueta que el “objetivo sobre ese tema de libertades es que el presidente Ortega revoque la orden policial de no permitir protestas en su contra”. Sin embargo, el gobierno no ha dado ninguna muestra de buena voluntad al respecto, ya que lleva dos fines de semanas consecutivos reprimiendo expresiones ciudadanas en las calles.

Sin acuerdos sobre presos políticos  

Este lunes tampoco se concretó la liberación de los presos políticos. Al salir del Incae, el titular negociador de la Alianza Cívica, José Pallais, insistió que “las negociaciones continúan”. Pallais señaló que el protocolo para la salida de los reos de conciencia ya fue aprobado, y solo se espera la llegada de la comisión de la Cruz Roja Internacional.

Una de las fuentes consultadas por Confidencial también confirmó que están esperando respuesta de la Cruz Roja Internacional “para saber en qué aspecto pueden acompañar el proceso de liberación de los presos”.

“Esto también requiere el tema de limpiar los expedientes, anular los juicios, y garantizar la seguridad física y jurídica de todos los que sean liberados. También el comparar listas, tanto la del gobierno como la lista de la Comisión Interamericana, y la lista de la Alianza para asegurarse que nadie se quede por fuera de modo que no vayan a liberar, por ejemplo, sólo a los que estén en la lista del gobierno”, afirmó la fuente.

Se integran los asesores de la OEA

Dos asesores en temas electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) se incorporaron este lunes a la mesa de negociación en el INCAE.

Tania Pschepiurca y Cristóbal Fernández, expertos en temas electorales, asesorarán al exguerrillero tupamaro y exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quien participa como testigo y acompañante del proceso en representación de la Secretaría General de la OEA.

El miércoles pasado, los negociadores del Gobierno y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron, entre otros puntos, discutir "a lo inmediato" una reforma al sistema electoral. La Administración de Daniel Ortega invitó a la Secretaría General de la OEA a participar en la mesa de negociaciones, que comenzó el 27 de febrero pasado, y el viernes pasado aceptó incorporarse como testigo y acompañante.

El Gobierno hizo esa invitación después de que exhortara a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado y que ha dejado cientos de muertos, de detenidos y miles en el exilio.