18 de julio 2022
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Las camisetas en homenaje a la Revolución Popular Sandinista se venden en estos días de julio en la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua. Rinden culto a Daniel Ortega y lo colocan a la par de figuras latinoamericanas como Sandino o “El Che” Guevara. Sin embargo, el mensaje más llamativo es la consigna con la que se justificó hace cuatro años la represión: “Ni un paso atrás, no pudieron ni podrán”.
El partido de Gobierno celebra este 19 de julio el totalitarismo de Ortega y su esposa Rosario Murillo, después de un 2021 tormentoso en materia de derechos humanos y de la reelección ilegítima de los gobernantes, cuestionada por la comunidad internacional.
Sin embargo, a pesar del poder absoluto que ejerce la pareja presidencial, la maquinaria Estado-partido-familia no se atreve a convocar a un acto de masas el 19 de julio.
El otrora músculo político del FSLN enfrenta su peor nivel de desgaste y repudio nacional. Las celebraciones se realizarán en barrios, comarcas y municipios, los días 17 y 18, y el 19 de julio celebrarán un acto en la Plaza de la Revolución con un número reducido de invitados, en cadena nacional de radio y televisión como en 2021.
En las cuentas de redes sociales, ligadas al oficialismo, si bien se invita a celebrar sin ofrecer detalles sobre la convocatoria al acto partidario, también se insta a los militantes a izar la bandera de la “dignidad” en sus viviendas, bajo el lema “cada casa, una plaza”.
Murillo dijo el 14 de julio, en su intervención en los medios oficialistas, que como Administración luchan contra la pobreza y también contra “la imperdonable traición a la patria, la entrega y el sometimiento a los imperialismos destructores”, alegando de que en 2018 hubo un intento fallido de golpe de Estado. Al cierre de la semana, la vocera del régimen aseguró que tienen 277 personas, provenientes de diferentes países, que se sumarán a la festividad partidaria.
A pesar del “entusiasmo” de Murillo, un trabajador del estatal del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) confió que la instrucción que recibieron no especificó que habrá un acto masivo, ni los convocaron. “Ahora (la asamblea) es por el Palacio (Nacional de la Cultura) y la antigua Catedral de Managua, donde Murillo hace su ritual con la juventud”, aseguró.
El calvario de los trabajadores del Estado
Para los empleados del Gobierno, aunque el régimen dará como asueto nacional el día 20 de julio, participar en las marchas y asambleas significa someterse a vigilancia política y la obligación de levantar la bandera de un partido en el que no creen.
“Pedro”, un trabajador del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dice que en su caso debe asistir a las actividades partidarias, porque no hacerlo lo puede exponer a “perder su trabajo”.
“Estamos secuestrados los empleados públicos. Uno sigue en esto para no perder su empleo, pero cansa. En las programaciones que nos mandan a los teléfonos, hay caminatas obligadas, fiestas infantiles, asambleas de militantes de las Unidades de Victorias Electorales (UVE), vigilias, es puro control-control en los barrios. Hasta dianas a las cinco de la mañana el mismo 19 de julio”, sostuvo.
También lamenta que, de previo, los comisarios políticos en las instituciones del Estado están pidiendo tres listas: la de los funcionarios que participarán en las movilizaciones, la de quienes celebrarán el día de la alegría –cuando se recuerda la huida de Somoza del país– y otra de las actividades culturales “destacando la fecha histórica y el legado de nuestros héroes y mártires”.
Trabajadores del Estado como “María”, quien pide que no se mencione siquiera a la institución en la que trabaja, deben esperar la movilización de buses que los buscan en los barrios para llevarlos a las actividades. Ahí los monitorean políticamente y los obligan a subir fotos a sus redes sociales, “una en el lugar y otra con las UVE”.
Ligia Gómez, exsecretaria política del Consejo de Liderazgo Sandinista en el Banco Central de Nicaragua (BCN) y hoy investigadora de Urnas Abiertas, lamenta desde el exilio que el 19 de julio sea una imposición para los empleados públicos.
“Son pocos los que van convencidos; generalmente a quienes les ha gustado ir sin ser enlistados, son los que participaron en la guerra de los ochenta y se creen la historia que todo lo malo que ha pasado en Nicaragua es culpa de los Estados Unidos. Personas que ya están de 60 años a más, y que en algunos casos han logrado influenciar a sus hijos que, en algunos casos, ahora trabajan en el Estado”, explica Gómez.
Para la exfuncionaria del BCN, sin embargo, pese al control gubernamental, hay una mayoría de trabajadores que no van por su voluntad, sino que deben de ir para que no los metan en una lista de despidos tal como dijo “Pedro”.
La pugna de Murillo con los “históricos”
“Están convencidos de que han perdido respaldo entre los combatientes históricos y también han ocurrido eventos como la muerte en prisión de Hugo Torres (general en retiro) que los ha golpeado mucho, no solo en su militancia, sino a nivel internacional”, explica la comandante guerrillera Mónica Baltodano, exdirigente del FSLN y crítica de la pareja gobernante desde hace décadas.
Torres, un héroe de la lucha contra Somoza, murió en cautiverio en febrero pasado. El caso de los combatientes históricos obedece a una lógica de desplazamiento para reforzar el liderazgo de Murillo.
En marzo, la cúpula del partido ordenó que se desactivaran a los “sandinistas históricos”, provocando el reclamo público de este sector, representado por el abogado Marlon Gerardo Saénz Cruz, conocido el Chino Enoc en las redes sociales, quien admitió que en 2018 participó en la “Operación Limpieza”. Por sus críticas a Murillo fue detenido por la Policía bajo supuestos cargos de narcotráfico, convirtiéndolo en uno de los 190 presos políticos de Nicaragua.
“Los militantes históricos fueron primero relegados, utilizados y ahora capturados y perseguidos”, agregó Baltodano sobre un país marcado por los contrastes. Mientras el sistema de justicia castiga a los críticos de Ortega, en general predomina la impunidad de los funcionarios del círculo más cercano al gobernante, señalados por cometer crímenes de lesa humanidad.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos, al menos 355 nicaragüenses fueron asesinados en el contexto de las protestas en 2018, más de 2000 resultaron heridos y más de 100 000 se exiliaron para resguardar su seguridad.
Sin embargo, Ortega y su círculo han denunciado sin evidencia que fueron víctimas de un golpe de Estado, imponiendo un ambiente de terror entre la ciudadanía. “Están tratando de generar la sensación de la dictadura de los setenta. El contexto de aquellos años propiciaba la lucha armada. Están tratando de provocar, lo que le daría un argumento de que está enfrentado a grupos que quieren derrocarlos por la vía de las armas. Es también la continuidad de su relato del intento del golpe de Estado”, agregó Baltodano.
La comandante guerrillera menciona una serie de actos que causan repudio a nivel nacional e internacional como la persecución a los periodistas, a los religiosos, el cierre de organismos de la sociedad civil, que ha incrementado en las últimas dos semanas, cuatro meses antes de las votaciones municipales.
Para otro exguerrillero, crítico del FSLN, que habló bajo condición de anonimato, los actos del 19 de julio promovidos por Ortega son una “falsificación de la historia”. “Están intentando aprovechar un hecho histórico y reafirmar que se lo están robando como si fueran los ungidos y hoy (Ortega) es el mesías hacia la tierra prometida”.
La fuente dijo que no se puede borrar el 19 de julio de 1979, como tampoco el 18 de abril de 2018, cuando el Estado reprimió las manifestaciones que exigían la renuncia de la pareja gobernante, a los ciudadanos entonces les queda “aprender de los aciertos y errores” de estos hechos históricos.
Actividades pequeñas en los barrios
En los días previos a la fiesta de Ortega y Murillo, el FSLN realizó caminatas que bautizaron como los “replieguitos”, en referencia al aniversario del Repliegue Táctico como se conoció a la estrategia ejecutada el 27 de junio de 1979, cuando centenares de guerrilleros y miles de pobladores se movilizaron desde Managua a Masaya para proteger sus fuerzas y engañar a la Guardia Nacional.
Los protagonistas de los nuevos “repliegues” son las figuras que emergieron con la represión. Jefes policiales como el sancionado comisionado general de León, Fidel Domínguez, fueron identificados por pobladores, luciendo la bandera rojinegra en un cintillo. Otros oficiales acompañaron también las festividades del FSLN.
El 2 de julio pasado, Fidel Moreno, el secretario político de este partido en Managua y operador cercano a Murillo, participó en el “replieguito” que salió del barrio Ducualí con rumbo a las cuatro esquinas de Las Enramadas.
Los medios oficialistas destacaron que la actual ministra de Salud, Martha Reyes, “no se perdió el repliegue”, a pesar de la lluvia. También participó el canciller Denis Moncada, defensor del régimen de Ortega en el ámbito internacional.
El 15 de julio se llevó a cabo un congreso de la juventud en honor al comandante Julio Buitrago, en el cual Murillo animó a los jóvenes a “entregarse con firmeza” a seguir los ejemplos de quienes los enseñaron a “defender la soberanía”.
Mónica Baltodano definió al FSLN como una minoría que domina a la mayoría basada en las armas, con ausencia precisamente de la juventud en estas movilizaciones”. “En las fotos ves a los viejos canosas. Uno de los grandes desafíos para ellos es recuperar a la juventud”, añadió.
La historiadora afirmó que estas caminatas obedecen a que Ortega no está en condiciones de replicar el repliegue. “Tiene terror –sostuvo– solo se presenta en escenarios cerrados con grupos donde la gente está sentada como ha pasado los últimos años en la Plaza de la Revolución”.
