8 de enero 2022
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Daniel Ortega inicia este lunes 10 de enero un nuevo ciclo de gobierno de su régimen dictatorial en Nicaragua, alcanzando 15 años consecutivos en el poder. Sumando su período como presidente en la década de los 80 y coordinador de la Junta de Gobierno, Ortega es el gobernante que más tiempo ha ostentado el poder en la historia de Nicaragua, con 25 años de mandato, superando a Anastasio Somoza García, patriarca de la dictadura dinástica que el actual caudillo sandinista ayudó a derrocar en 1979.
El antiguo guerrillero y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, llegan a este nuevo período luego de adjudicarse el triunfo el pasado 7 de noviembre, en un viciado proceso de votaciones caracterizado por la represión y persecución ciudadana, la falta de transparencia y la anulación de la competencia política, a través del encarcelamiento de siete precandidatos opositores, quienes forman parte de los más de 40 nuevos reos de conciencia secuestrados entre mayo y diciembre de 2021.
Los actos represivos de Ortega y Murillo les han pasado una visible factura política. Una encuesta de la firma CID Gallup, auspiciada por CONFIDENCIAL, realizada entre el 5 y el 13 diciembre, reveló que el 7 de noviembre Ortega habría recibido solamente un 27% de los votos y no el 75.8% que le asignó el Consejo Supremo Electoral (CSE).
El mismo estudio destacó que el 66% de los encuestados considera que la reelección de Ortega carece de legitimidad, y el 70% de los encuestados respondió que esta implica poco o nulo cambio positivo para el país. Solamente un 24% dijo que la continuación del orteguismo en el poder significará un cambio positivo para Nicaragua.
El encuestador y consultor político Luis Haug, director de CID Gallup, en una entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL señaló que “definitivamente hay un descontento muy fuerte con el partido oficial, con Daniel Ortega. Hoy, el voto duro del Frente Sandinista ha sido reducido a menos de uno de cada cinco personas, a diferencia de otros tiempos en que incluso llegó a estar hasta en el 50%. El voto duro fuerte, el verdadero seguidor sandinista, puede andar alrededor del 10% de la población”.
Objetivo primario de Ortega: consolidar la dictadura
Politólogos y analistas consultados por CONFIDENCIAL explicaron que el objetivo primario de Ortega en este nuevo ciclo de gobierno es consolidar su modelo dictatorial totalitario.
El proceso se inició desde que Ortega tomó el poder en 2007 a través de distintas prácticas de control autoritario, como el control absoluto de los poderes del Estado, el fraude electoral, la aprobación de una Constitución Política a la medida, el derroche multimillonario de la cooperación venezolana, el corporativismo autoritario, la cooptación de la Policía y la complicidad del Ejército, la asfixia al periodismo independiente, la imposición de un estado policial de facto y la matanza de abril de 2018, cuando el régimen desató sus fuerzas paramilitares y parapoliciales para reprimir a sangre y fuego las protestas ciudadanas.
La matanza contra la Rebelión de Abril de 2018 radicalizó el sistema de Gobierno orteguista. Lo transformó de ser un sistema autoritario a una dictadura totalitaria y sangrienta, al imponer el estado policial de facto que anuló el derecho constitucional a la protesta ciudadana.
Paralelamente, desencadenó una persecución que ha alcanzado a opositores, activistas por los derechos humanos y periodistas independientes. Precisamente, la ola represiva que Ortega desató en 2021 inició el 20 de mayo, con el asalto y ocupación a los estudios temporales donde se grababan los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche.
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Posteriormente, el régimen tomó por la fuerza la sede del diario La Prensa, el más longevo de Nicaragua, e inició un proceso de investigación criminal en contra de decenas de periodistas independientes, provocando que la mayoría tuviesen que abandonar el país.
Sin embargo, de cara a este nuevo período de gobierno, Ortega enfrenta mayores obstáculos que complican su objetivo, derivados del manto de ilegitimidad que lo cubre luego de las votaciones del 7 de noviembre, cuyos resultados no han sido reconocidos por la mayoría de la comunidad internacional.
Aislamiento internacional y falta de legitimidad política
El politólogo Manuel Orozco visualiza cuatro obstáculos en este nuevo ciclo del régimen Ortega y Murillo: un efectivo aislamiento internacional ante la ilegitimidad electoral, una negativa opinión pública derivada de esta misma ilegitimidad política, el fuerte deterioro de la condición social del país y un creciente descontento dentro de la misma base ciudadana leal al Gobierno, como señaló el estudio de CID Gallup, divulgado en diciembre.
“Si bien el régimen intenta balancear esos retos con su acercamiento limitado con Rusia y China, continuar con la represión y mantenimiento del clientelismo económico con su base, el aislamiento y deterioro no se podrán detener a menos que el Gobierno inicie una apertura de inclusión política de todos los sectores afectados”, señaló Orozco.
En diciembre de 2021, mientras Nicaragua era excluida de la Cumbre por la Democracia, organizada por el presidente estadounidense Joe Biden, Ortega envió a sus hijos Laureano y Rafael como embajadores de facto a misiones diplomáticas a Moscú y Beijing.
Este cierre de espacios forzará al orteguismo a intentar utilizar a los más de 160 presos políticos como fichas de negociación, en un eventual diálogo en la búsqueda de disminuir la fuerte presión que enfrenta el régimen, principalmente por parte de la comunidad internacional.
“El régimen ha cerrado todos los espacios, quedándose con los prisioneros políticos como una única carta de intercambio o transacción. Sin embargo, la creciente presión nacional, internacional y de la disidencia política que se dará a principios de 2022, disminuye aún más ese valor transaccional de los presos políticos”, apuntó.
“El régimen está esperando ofertas de diálogo que cumplan con sus términos de entendimiento, tales como liberar a los presos, a cambio de seguir gobernando ilegítimamente. Esas ofertas, sin embargo, son inexistentes, inconclusas o inciertas y en algunos casos, carentes de capital político”, agregó Orozco.
El orteguismo gravitando entre un diálogo a su medida
Ortega y sus voceros en 2021 hicieron algunas alusiones a un eventual diálogo, pero a medida que se acercaba el contexto de las votaciones, el régimen desató una ola represiva que culminó con la cancelación de las personerías jurídicas del Partido de Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad, en los que estaban agrupadas las principales plataformas opositoras, más el arresto de los siete precandidatos presidenciales, empresarios, dirigentes opositores, líderes campesinos, líderes cívicos y políticos, exdiplomáticos, estudiantes y periodistas.
Posteriormente, el dictador endureció su discurso, al punto de llamar a los reos de conciencia “hijos de perra del imperialismo” y no volvió a mencionar la posibilidad de un diálogo. Incluso, el obispo Carlos Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en una entrevista en el programa televisivo Esta Semana, dejó clara la disposición de la Iglesia católica de fungir nuevamente como mediador, si en un dado caso las partes estuvieran de acuerdo.
“Por el momento, la situación política del país entrará en un juego de maniobras entre interlocutores legítimos y el Gobierno, antes de pasar por un proceso de negociación de reformas políticas. Hay varios escenarios en el contexto actual gravitando en dos extremos, uno en que Ortega y Murillo anuncien sus ofertas de entendimiento político con un sector no representativo, traten de formalizarlas y gobernar bajo la presunción de legitimidad. El resultado será la continuidad del deterioro del país y la profundización del descontento y hasta un posible levantamiento social y más migración, aún en medio de represión”, opinó Orozco.
“El otro incluye la posibilidad, a mediados de año con el avance del deterioro social y económico, que un mediador internacional, nacionalmente reconocido, ofrezca una solución alternativa que incluya la liberación de los presos, con la anulación de los juicios en su contra, el debate sobre reformas políticas y la reactivación económica. La solución al conflicto puede encontrarse entre esos dos extremos. Desde el prisma de Ortega y Murillo, las reformas políticas solo se hacen dentro de su propia casa, con el control de su legislatura y sus leyes. De ahí que la solución política sigue dependiendo de la presión interna y externa”, añadió.
Toma de posesión de Daniel Ortega Saavedra en 2017, luego de adjudicarse el triunfo electoral en unas elecciones en las que anuló la competencia política y se caracterizó por el alto grado de abstencionismo. Este 10 de enero Ortega nuevamente inicia otro ciclo de gobierno, más aislado que nunca y sostenido por la represión. Foto: Confidencial | Oscar Navarrete. Tomada de La Prensa.
Las gestiones de la OEA y la desconfianza
Hasta la fecha, la Organización de Estados Americanos (OEA) es la única instancia regional que públicamente mantiene abierto un proceso de gestiones para que Ortega acepte una comisión de alto nivel de la organización para abrir un canal de negociación con las fuerzas políticas internas.
El reciente 5 de enero CONFIDENCIAL reveló que estas gestiones, encabezadas por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se mantienen “en un punto muerto”, pero que las mismas continúan.
Eddy Acevedo, asesor senior del Woodrow Wilson Center y exmiembro del staff de la excongresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, expresó sus suspicacias sobre el rol de la OEA en su gestión de la crisis sociopolítica en Nicaragua, por el desprecio mostrado por el orteguismo a las disposiciones del organismo regional.
También avizora un 2022 en el cual el régimen orteguista enfrentará el estrechamiento del cerco de sanciones en contra de los operadores del orteguismo, principalmente por parte de Estados Unidos.
“El régimen de Ortega enfrentará muchos obstáculos debido a la reacción internacional contra las violaciones de derechos humanos, el encarcelamiento injusto de miembros de la sociedad civil y las elecciones fraudulentas en Nicaragua. La dinastía Ortega enfrentará más sanciones y más aislamiento porque la comunidad internacional está exigiendo un regreso al orden democrático”, señaló.
“Ortega ha dejado claro que no le interesa ningún diálogo, mientras que los Estados Unidos ha dejado claro que los presos políticos deben ser liberados de forma inmediata e incondicional. En 2019, la OEA intentó mediar un diálogo en Nicaragua que fracasó y solo ayudó a darle más oxígeno a Ortega. Por lo tanto, avanzando hacia el futuro, la OEA necesita una nueva estrategia para que los mismos errores no vuelvan a ocurrir otra vez de manera indirecta”, agregó Acevedo.
El 19 de noviembre, Ortega inició un proceso de salida de la OEA, que tendría que culminar en dos años a partir de esa fecha. Un análisis de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (EIU por sus siglas en inglés), divulgado en diciembre, advirtió que el proceso de salida de la OEA podría tener un efecto boomerang para el orteguismo, y agravar su situación de aislamiento internacional.
“La OEA emitió una resolución refiriendo que las elecciones carecían de legitimidad democrática. En respuesta, Nicaragua inició un proceso de dos años para dejar la OEA. Creemos que la medida es principalmente una muestra de política arriesgada por parte del régimen de Ortega, pero, la táctica es arriesgada y podría dejar al régimen aún más aislado”, señala el análisis de la EIU.
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Incapacidad para generar confianza económica
El exdiputado opositor y analista político Eliseo Núñez advierte que el principal obstáculo que enfrentará Ortega son los costos económicos derivados del aislamiento internacional y su falta de legitimidad política. Una factura que se traduce principalmente en la incapacidad que tendrá el orteguismo para generar confianza en los inversionistas para apostar por Nicaragua.
“Esto impacta mucho en la economía, porque, aunque el Estado ponga plata en la inversión pública, la capacidad para multiplicar este dinero es mínima cuando no se tiene confianza, porque las ganancias que produce la inversión pública ejecutada por privados no retornan necesariamente al país, debido a que esto lo miran como una oportunidad solamente para captar recursos, no para expandir sus inversiones en el país”, señaló.
Precisamente, el análisis de la EIU señala que el crecimiento económico se desacelerará notablemente entre 2022 y 2026, debido a la falta de crédito al sector privado, un entorno empresarial temeroso en sus inversiones por el clima de represión y una moderación en la demanda internacional de productos nicaragüenses.
El analista político también llamó la atención sobre la división que existe en la sociedad por la polarización política y el temor de la población por el clima de persecución y represión que continúa en el país.
“Una sociedad dividida y temerosa es incapaz de generar sinergia, por el miedo. Esto se traduce en que el Estado o el país en general funciona más lento de lo que debería. Esto se ve en temas como inversión en el país, apuestas por la educación o la misma apuesta por residir o salir del país”, agregó.
El analista político Eliseo Núñez.
El agravamiento de la “fuga de cerebros”
Núñez enfatizó en el desangre que sufre el país por la denominada ‘fuga de cerebros’, una crisis a la que el régimen no le da ninguna importancia. Esto impactará directamente en el futuro social de Nicaragua, porque ante el escenario de este nuevo ciclo de Gobierno del orteguismo, la “fuga de cerebros” desde la perspectiva del analista, se agravará.
‘Fuga de cerebros’, se usa para referir la pérdida que sufre un país cuando sus profesionales emigran en grandes cantidades, pensando en las afectaciones al desarrollo, así como al mercado laboral especializado, y al costo que implicó su capacitación, que a partir de ese momento, beneficia a la nación de acogida.
Este deterioro económico y el agravamiento de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que incluye el incremento de las detenciones y criminalización de ciudadanos por su activismo cívico o simplemente por oponerse al régimen orteguista desde mayo pasado, son algunos de los factores que empujaron a más de 140 000 nicaragüenses a emigrar en 2021, de acuerdo con organismos de derechos humanos.
“Esta fuga de cerebros tiene un motivo simple. Es la salida de nuestro mejor material para el futuro debido a que no ven oportunidades en Nicaragua. Esto significa el desaprovechamiento del famoso bono demográfico que vivió Nicaragua”, apuntó Núñez.
Cuando Ortega tomó posesión en 2017 para su tercer mandato presidencial consecutivo, luego de otro proceso electoral irregular en el que tampoco hubo competencia política y con un alto nivel de abstencionismo, el único gobernante internacional presente fue el dictador venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, estuvieron presentes varias delegaciones de Gobierno e incluso el Foro de Sao Paulo, se realizó en Nicaragua un día después de la toma de posesión.
Para la toma de posesión de 2022, con las manos manchadas de sangre por la matanza de abril de 2018 y el yugo de la ilegitimidad a cuestas, Ortega, a sus 76 años, se apresta a iniciar un nuevo ciclo de gobierno más solo y aislado que nunca, y sin ninguna garantía de que él o su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, podrán consolidar un mandato derivado de la farsa electoral y la represión.
