10 de enero 2021
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Daniel Ortega cumple este diez de enero de 2021 catorce años consecutivos en la Presidencia de Nicaragua, tras su regreso al poder en enero de 2007. Ortega llegó con la promesa de un “gobierno de reconciliación y unidad nacional”, pero el país está polarizado como nunca antes.
Por tercer período consecutivo, Ortega se sostiene a través de una dictadura sangrienta, que tras la masacre y represión contra las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril, en 2018, ha impuesto un estado policial de facto que persigue y asedia a una oposición, además dividida, a diez meses de unas elecciones generales previstas para noviembre, que aún no han sido convocadas.
CONFIDENCIAL resume catorce cambios en catorce años que el régimen orteguista ha impulsado, anulando el sistema democrático para atornillarse en el poder a través de una dictadura, en la que Ortega manda junto con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta y vocera.
1. Control absoluto de los poderes del Estado
Favorecido por el pacto con el expresidente liberal Arnoldo Alemán, con quien se repartió los poderes del Estado hace veinte años, hoy Ortega controla todas las instancias con amplia mayoría, gracias a fraudes electorales documentados y denunciados en 2008, 2011 y 2016. El control de las fuerzas de choque de la Policía Nacional y el silencio cómplice del Ejército de Nicaragua también le ha permitido conculcar los derechos ciudadanos de los nicaragüenses.
Bajo el argumento del poder para el pueblo, en su primer año de su Gobierno, creó los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que hoy actúan como fuerzas de espionaje y de choque contra toda clase de manifestación o protesta, o cualquier disentimiento o queja aun entre los servidores públicos.
Investidura de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua en enero de 2007 | Foto: La Prensa
Ortega controla la Asamblea Nacional, que da pase a todas sus iniciativas; el colapsado sistema electoral y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus dependencias que sirven como fábrica de delitos contra la oposición.
2. Derroche multimillonario de la cooperación venezolana
Las promesas de desarrollo a través de la millonaria cooperación venezolana también se han reducido al derroche a través de la corrupción con fondos estatales y negocios privados, que incluso han sido alcanzados por las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Un día después de su regreso al poder, Ortega incorporó a Nicaragua a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) y obtuvo un acuerdo que le permitió importar desde Venezuela diez millones de barriles de petróleo al año. Con el acuerdo suscrito en el marco de PetroCaribe, en marzo de 2007, creó Alba de Nicaragua S.A (Albanisa), con la participación de la venezolana Pdvsa (51%) y Petronic (49%), constituida como una compañía privada.
Ortega “privatizó” así más de 3860 millones de dólares de la factura petrolera sin ninguna clase rendición de cuenta o escrutinio público, mientras fomentó con la venia de Venezuela el surgimiento del nuevo grupo económico Albanisa, con un peso decisivo en el sector energético nacional y negocios privados controlados por la familia presidencial.
3. Corporativismo autoritario
Ortega impuso un sistema corporativista autoritario, para cogobernar con los grandes empresarios, a costa de la transparencia y al margen de las instituciones democráticas.
Por más de una década, mantuvo una relación de “consenso” con los principales empresarios para negociar temas económicos sin interlocutores. Ortega permitió que hicieran negocios y los exoneró de algunos impuestos, mientras él se hacía con todo el poder. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) incidió en la aprobación de 124 leyes desde 2008 a 2017 y consiguió representación en más de 40 instituciones públicas. El “modelo” se rompió en 2018, por la masacre estatal contra la Rebelión de Abril.
Sin embargo, en palabras del asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce, el régimen buscará “cómo sentarse” con los “sectores empresariales” en enero de 2021, para revisar —dijo— la reforma tributaria aprobada en marzo de 2019, al tiempo que habla de una “reforma electoral con las fuerzas políticas”.
4. Constitución a la medida
Una vez en el poder, Ortega dejó clara su intención de atornillarse en la silla presidencial, a pesar de que la Constitución tenía candados contra la reelección.
Para las elecciones de 2011, Ortega fue reelecto después de que los magistrados sandinistas de la Sala Constitucional de la CSJ le allanaran el camino, declarando inconstitucional el artículo 147 de la Carta Magna, que prohibía la reelección. En 2014, una reforma constitucional anuló el artículo, y dos años más tarde, en 2016, Ortega impuso a su esposa como vicepresidenta, oficializando un régimen familiar.
Rosario Murillo y Daniel Ortega. Foto: Presidencia de Nicaragua.
Con un año electoral encima, Ortega ha ordenado ahora una nueva propuesta de reformas, que según fuentes del FSLN se limitará a cambios que no garantizarán las demandadas elecciones libres y transparentes. Mientras, ha impuesto la “inhibición política” contra quienes considera participaron en el “intento fallido de golpe de Estado”, como se refiere su régimen a la Rebelión de Abril.
5. Policía servil y Ejército cómplice
Para sostenerse en el poder, Ortega ha contado con la cooptación y partidización de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua.
Ortega mantuvo por dos mandatos a la primera comisionada Aminta Granera como jefa de la Policía, pasando por encima de la Ley Orgánica a través de un decreto presidencial. Granera dejó el cargo once años después, con el relevo de Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo.
En la Policía y el Ejército, Ortega se ha valido de la reelección de los jefes y altos mandos, mientras ambas instituciones han optado por ignorar la creación de bandas paramilitares que han impuesto la muerte y el terror en las calles y ciudades y también en las zonas rurales y montañas, donde en 2020 más de treinta campesinos fueron asesinados.
En febrero de 2020, el general de Ejército Julio César Avilés inició su tercer período consecutivo como jefe de la institución militar, después de que Ortega lo ha prorrogado dos veces en su cargo.
6. Magistrados en cargos vencidos
Para mantener el control de los poderes Electoral y Judicial, Ortega conserva con cargos vencidos a sus magistrados, con el respaldo de una aplanadora orteguista en la Asamblea, que aprueba sus leyes de forma expedita y sin debate.
La magistrada y presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, del FSLN, en la juramentación que extendió su cargo, en abril de 2014. // Foto: Confidencial | Archivo
Por más de año y medio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Contraloría General de la República (CGR) han funcionado con sus máximos dirigentes con los períodos constitucionales vencidos. El Gobierno prevé un “movimiento de fichas” en la cúpula de estos poderes. En la Corte Suprema 12 de 16 magistrados tienen los cargos vencidos, hay cuatro vacantes por muerte o renuncia y tres de los doce vencidos ya superaron el límite de edad para ser reelectos.
En el CSE también hay siete de nueve magistrados con sus cargos vencidos y una vacante que corresponde a su expresidente Roberto Rivas, que ostentó el cargo durante 23 años, a cargo de la maquinaria del fraude del FSLN.
7. Asfixia a periodismo independiente
Ortega también ha impuesto el castigo publicitario, cooptación y compra de medios de comunicación como norma para impulsar su estrategia de comunicación “incontaminada”, al tiempo que ha entregado el control y poder a sus hijos a través de los canales 2, 4, 6, 8 y 13, y decenas de radios.
No satisfecho, ordena el asedio y represión contra la prensa independiente, que en 2019 sumó más de ochenta periodistas en el exilio.
Al menos veinte medios y programas han cerrado o cancelado transmisiones desde 2007, y en diciembre de 2018, ordenó el asalto y confiscación de las instalaciones de CONFIDENCIAL y 100% Noticias, que incluyó seis meses de cárcel para los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. Los edificios ahora han sido confiscados y puestos a disposición del Ministerio de Salud (Minsa) para la construcción de supuestos proyectos sociales.
También mantiene una censura televisiva desde enero de 2019, en 2020 enjuició a cuatro periodistas, ha ordenado el allanamiento de medios y residencias de periodistas y directores y sostiene un embargos fiscales millonarios.
8. Megaproyectos fallidos
Entre las promesas fallidas del régimen de Ortega destacan los megaproyectos como el supuesto Gran Canal Interoceánico, que cinco años después de su onerosa concesión no completó ninguna obra; tampoco la promocionada refinería “El Supremo Sueño de Bolívar” pasó más allá de una primera piedra; ni hubo un satélite chino, una hidroeléctrica Tumarín ni un puerto de aguas profundas en el Caribe Sur.
Por el contrario, se han disparado la pobreza y el desempleo, y Ortega llega a catorce años en el poder con 2.4 millones de nicaragüenses en situación de pobreza, y cerca de 750 000 desempleados en los últimos tres años, bajo una economía en recesión que este año solo presenta leves señales de recuperación.
Hugo Chávez saluda a Daniel Ortega durante la toma de posesión del mandatario sandinista en Managua. Archivo | Confidencial
9. Servicios públicos e INSS
El 2012 fue el último año en que las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pudieron acumular un superávit, que fue de 385.7 millones de córdobas (16.4 millones de dólares al tipo de cambio promedio). A partir de ese momento, la curva se desplomó, con un déficit de -192.1 millones de córdobas, hasta -4738.9 millones en 2018, y no hay muestras de mejoría.
El INSS perdió 158 000 cotizantes en 2018, y otros 15 069 en 2019, y la sangría continúa, con una crisis socioeconómica y una pandemia a cuestas.
Pese a las promesas, los costos de los servicios básicos siguen en ascenso, con reformas que no han beneficiado a los más pobres, mientras el Gobierno promueve un asistencialismo condicionado a lealtades partidarias y a la pareja presidencial.
10. Muerte en el campo
En las zonas rurales del país, las ejecuciones sumarias se han impuesto como ley, a través de la letalidad del Ejército contra grupos rearmados y ejecuciones de campesinos y opositores.
En febrero de 2017, una investigación de CONFIDENCIAL reveló que de febrero de 2011 a febrero de 2017, la Policía y el Ejército reportaron catorce enfrentamientos u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por abigeato o narcotráfico, que nunca fueron calificados como grupos armados, aunque ellos se identificaban como tal y divulgaban contenido en contra del Gobierno de Ortega y su reelección. De 25 presuntos líderes rearmados, a quienes la Policía y el Ejército llamaban delincuentes o narcotraficantes, 22 habían sido asesinados, en supuestos operativos o emboscadas. Para entonces, de los únicos tres sobrevivientes no se conocía su paradero ni habían acusaciones o procesos judiciales en marcha.
Sin embargo, uno de ellos, Gerardo de Jesús Gutiérrez, conocido como “el Flaco”, resultó asesinado en Honduras el pasado nueve de diciembre, después de años exiliado. Defensores de derechos humanos presumen que se trataría de otra ejecución extrajudicial contra opositores, pues no es el primer campesino ni opositor nicaragüense asesinado al otro lado de la frontera.
En marzo de 2020, otra investigación de CONFIDENCIAL confirmó que entre octubre de 2018 y diciembre de 2019, al menos 30 activistas políticos u opositores campesinos en el norte de Nicaragua, otrora corredor de la contrarrevolución, habían sido ejecutados. Entre ellos, miembros de la opositora familia Montenegro, asesinados en Honduras.
11. La matanza de abril
Acostumbrado al control de la calle, en 2018, el Gobierno respondió con masacre y represión a las protestas ciudadanas de la Rebelión de Abril, con 325 asesinados entre abril y septiembre de ese años, decenas de desaparecidos, miles de heridos, más de 1600 presos políticos, de los cuales más de cien continúan en prisión, y más de cien mil exiliados que huyen de la persecución política.
Familiares de niños asesinados participan en un plantón organizado por las "Madres de Abril". Foto: Claudia Tijerino | Confidencial
El régimen de Ortega está señalado, además, de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas contra los derechos humanos, según amplios informes de defensores nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que el régimen expulsó en diciembre de 2018, previo a la presentación de su demoledor informe.
12. Estado policial de facto
El país también llega a catorce años del régimen orteguista bajo un estado policial de facto, que anula las libertades democráticas y los derechos constitucionales, incluyendo la persecución contra la Iglesia católica y oenegés, la confiscación ilegal de medios de comunicación, la anulación del derecho de asociación, y un tridente de leyes punitivas aprobadas en 2020.
El régimen intenta normalizar un estado policial de facto, establecido en septiembre de 2018, cuando el Gobierno declaró ilegales las protestas ciudadanas. Desde entonces, todo intento de protesta ha sido negado, sofocado o reprimido, mientras decenas de nicaragüenses, son asediados en sus viviendas o perseguidos por policías o simpatizantes del régimen.
13. Recesión económica
También ya son tres años consecutivos de recesión económica, que han significado el incremento masivo de la pobreza y el desempleo, la invasión de propiedades y confiscaciones, el terrorismo fiscal, las leyes tributarias e impuestos municipales “confiscatorios”, la negligencia y propagación de la pandemia de la covid 19, que incluye el intento de ocultar cerca de 8000 muertes por el nuevo coronavirus.
En el tercer año consecutivo de recesión económica, al que se suma el impacto de la pandemia, Nicaragua sumó unos 230 000 desempleados, que se suman al medio millón de empleos perdidos entre 2018 y 2019, según cálculos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
14. Anulación de la competencia política
A los antecedentes de la suspensión de personerías jurídicas a los partidos opositores (como el Movimiento Renovador Sandinista y el Partido Conservador en 2008), la inhabilitación de la fórmula presidencial de Luis Callejas y Violeta Granera o la destitución de los diputados de la Alianza PLI en 2016, Ortega ahora suma la “ley guillotina” de 2020, y la falta de garantías para elecciones libres, justas, transparentes y observadas, en un intento de continuar en el poder.
La iniciativa de ley “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz”, aprobada a finales de diciembre de 2020, anula la competencia política de Ortega para los comicios generales de 2021, y fue aprobada por la Asamblea Nacional a pesar de ser “ilegal”, porque violenta la Constitución Política de Nicaragua y los tratados internacionales a los que el país está suscrito.
El proyecto de ley establece que no podrán optar a cargos de elección popular “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación” de Nicaragua. Un argumento que inhibe a la oposición del país, a la que el régimen acusa de un “intento fallido de golpe de Estado”, en referencia a las masivas protestas ciudadanas que estallaron en abril de 2018.
