12 de junio 2022
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Aislada en una celda sellada en la que apenas puede respirar, la presa política Tamara Dávila cumple este domingo su primer año en prisión. Desde el 12 de junio de 2021, cuando fue capturada por la Policía del régimen de Daniel Ortega, ha sido víctima de torturas, tratos crueles y degradantes, y su único contacto con el mundo han sido las ocho visitas familiares que ha recibido bajo fuertes medidas de seguridad.
Al igual que Tamara, las presas políticas y dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Dora María Téllez, Suyen Barahona y Ana Margarita Vijil, arriban este lunes a su primer año en prisión. El primero de ocho, en el caso de Téllez y Barahona, y 12, en el caso de Vijil, que les fueron impuestos por la justicia orteguista por la supuesta comisión del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. A Tamara le fueron impuestos 13 años de cárcel.
También, el exguerrillero sandinista y vicecanciller en los años ochenta, Víctor Hugo Tinoco, cumple este 13 de junio su primer año privado de la libertad por motivos políticos. Pero, al igual que otros diez reos de conciencia, su delicado estado de salud obligó al régimen a cambiarle la medida cautelar de prisión preventiva a casa por cárcel.
Otro líder de Unamos que fue capturado hace un año fue el general de brigada en retiro, Hugo Torres, quien falleció bajo régimen carcelario el 12 de febrero de 2022.
Familiares de los presos políticos mantienen la demanda constante de que les permitan ver a sus parientes, por lo que finalmente el régimen de Ortega accedió este fin de semana a una octava visita en la cárcel de El Chipote. En este nuevo encuentro, los familiares vuelven a constatar las condiciones precarias en que se encuentran los reos de conciencia capturados en el contexto de las votaciones generales de 2021, en las que Ortega se reeligió sin competencia política en un proceso ilegítimo.
Días atrás los presos políticos: Marcos Fletes, Walter Gómez, Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri y José Pallais, también cumplieron un año en prisión.
Corte IDH ordenó liberar a nueve presos políticos
El régimen de Ortega mantiene a más de 180 personas encarceladas por motivos políticos en las diferentes cárceles del país. Organizaciones nacionales e internacionales han demandado la libertad de cada una de estas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este lunes la “liberación inmediata” de nueve presos políticos en Nicaragua.
Entre los beneficiarios de las medidas provisionales están: el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy Lacayo, y el vicepresidente de esa organización, Álvaro Vargas, así como los dirigentes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Pedro Mena Amador.
También se incluyó a Jaime Arellano, Miguel Mendoza, Mauricio José Díaz, Max Jerez y Edgar Parrales.
Las detenciones y procesos penales iniciados contra estas personas “hacen parte de un contexto de hostigamiento a quienes se manifiestan en oposición a las políticas del actual Gobierno de Nicaragua, el cual se ha visto exacerbado con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2021”, señala la resolución.
La Corte IDH también ordenó al Estado que “proceda a informar de forma inequívoca a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención, a facilitar su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana, y a garantizar el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos para los beneficiarios”.
Meses atrás, la Corte IDH también otorgó este tipo de medidas provisionales a la exaspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios; su hermano y político opositor Pedro Joaquín Chamorro Barrios; los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez; el académico y exdiplomático Arturo Cruz Sequeira y el banquero Luis Rivas Anduray.
Además, Miguel Mora Barberena, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, José Pallais, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, ambos exaspirantes presidenciales, así como de José Adán Aguerri, Violeta Granera, Tamara Dávila, Lesther Alemán y Freddy Navas.
Determinar crímenes de lesa humanidad
El maestro en Derechos Humanos, Uriel Pineda, valoró en su artículo de opinión “El caso Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua”, que —de persistir el encarcelamiento — para los meses venideros posiblemente incremente el número de personas presas políticas que integren este caso de la Corte IDH.
A juicio de Pineda, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “develó su teoría del caso” en el informe “Nicaragua: Concentración de poder y debilitamiento del Estado de derecho” del 25 de octubre de 2021, ya que en el párrafo 175, sugiere la existencia de crímenes de lesa humanidad en el contexto electoral. “La CIDH va por nada más y nada menos, que la Corte IDH determine que, las violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua contra estos presos políticos, se presentan en el contexto de la comisión de crímenes de lesa humanidad”, subrayó.
De seguir las cosas como hasta hoy, la Corte IDH va a determinar la violación de: el derecho de acceso a la justicia; a la tutela judicial efectiva; al debido proceso; a la libertad personal; a la integridad personal (presunción de tortura); la participación política; la libertad de expresión; independencia judicial; derechos de las personas privadas de libertad; y derecho de la mujer a una vida libre de violencia, entre otros.
Demanda de libertad se escuchó en la Cumbre de las Américas
La demanda de libertad para los presos políticos también resonó esta semana en la IX Cumbre de las Américas, que se realizó en Los Ángeles, California, EE. UU. El presidente de Chile, Gabriel Boric, abogó en el plenario de la Cumbre por “la urgente necesidad de liberar a los presos políticos de Nicaragua”.
Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. EFE
Miembros de la sociedad civil y familiares de los reos de conciencia aprovecharon el encuentro de los presidentes de la región para denunciar el encierro arbitrario de sus parientes, así como la profundización de la crisis y de la represión en Nicaragua.
Victoria Cárdenas, esposa del preso político Juan Sebastián Chamorro, quien participó en varios eventos paralelos a la Cumbre, denunció que en un año su esposo solo recibió siete visitas de sus familiares.
“Cada visita ha sido diferente”, advirtió Cárdenas. “Creo que la peor, fue después de los tres meses de desaparición que lo encontraron sumamente delgado, sumamente débil, fue una de las visitas más duras, pero nos alegró saber que estaba vivo y conocer su paradero que estaba en El Chipote”, agregó.
La presidenta del movimiento Nicaragüenses en el Mundo, Haydée Castillo, afirmó que la principal misión de la sociedad civil en la Cumbre fue “pedir a la comunidad internacional acciones de mayor contundencia y eficacia para lograr la liberación de las personas presas políticas”.
También, una delegación de la sociedad civil se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con quien hablaron sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
Para la defensora de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Wendy Flores, la Cumbre fue “una oportunidad” para que los gobiernos de la región conozcan “la sistemática violación de derechos humanos, particularmente sobre la situación de los presos políticos en las cárceles de Nicaragua, en las que día a día corren riesgo sus vidas”.
Grupo de familiares insiste en un “encuentro constructivo”
Esta semana un grupo de familiares de 70 presos políticos apeló —igual que lo hicieron en enero pasado— por “un encuentro constructivo” entre el régimen de Daniel Ortega, las “fuerzas vivas del país” y la Iglesia católica. También, reiteraron su demanda de “libertad” para los más de 180 reos de conciencia que hay en las diferentes cárceles de Nicaragua.
“Apelamos entonces a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a la Iglesia, para que, mediante un encuentro constructivo, se forjen las bases necesarias para el bienestar común.”, indicaron a través de un comunicado.
El pasado 25 de enero, este grupo de familiares de los reos de conciencia solicitó un “proceso de unificación ciudadana”. Sin embargo, el régimen de Ortega ha respondido con nuevas detenciones contra opositores, activistas y religiosos nicaragüenses. Además, ha intensificado el asedio, hostigamiento y persecución policial contra la Iglesia católica.
Los familiares de los reos de conciencia destacaron, el Gobierno “ya ha dado muestras de buena voluntad” al trasladar a once reos de conciencia a detención domiciliaria.
Sin embargo, las condiciones en las que se encuentran las personas que tienen casa por cárcel siguen siendo precarias, ya que varios continúan sin recibir la atención médica que requieren, los parientes que habitan en esas propiedades deben estar completamente incomunicados, estar bajo permanente presencia policial, y las visitas de terceras personas siguen siendo controladas.
