8 de noviembre 2021
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El primer informe provisional del Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el orteguismo, indica que Daniel Ortega es reelecto presidente de Nicaragua con el 74,99% de votos, en unos comicios a su medida cuestionados por la falta de competencia, el encarcelamiento de opositores y la represión generalizada contra la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.
Brenda Rocha, presidenta del CSE, leyó los resultados a las dos de la madrugada y afirmó que con el 49.25% de votos escrutados el FSLN obtuvo más de un millón de votos y su "rival" más cercano fue el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) consiguió el 14.40% de los votos.
Con siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición en prisión, acusados de "traición a la patria", Ortega, en el poder desde 2007, sería previsiblemente declarado ganador.
De las 13 459 Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas, el CSE detalló que han escrutado 6629, equivalente al 49.25% y tiene pendientes 6830, equivalente al 50.75% de los votos.
Los votos totales estimados son 1 424 642. De estos son considerados válidos 1 352 556 y el reporte indica que hubo 72 086 votos nulos.
El informe otorga a los otros partidos colaboracionistas menos del 4% de los votos válidos. Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) con 3.44% de votos, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) con 3.27%, Alianza por la República (APRE) obtuvo 2.20% y el Partido Liberal Independiente (PLI) con 1.70% de votos.
De acuerdo al CSE controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, hubo una participación ciudadana del 65.34% del electorado, con menos de la mitad de Juntas Receptoras de Votos escrutadas. Sin embargo, los reportes de ciudadanos y medios de comunicación independientes evidenciaron durante toda la jornada una escasa afluencia de ciudadanos. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas estimó la abstención en 81.5%.
Ortega convocó a cadena nacional obligatoria, después de ejercer su votación, y calificó las votaciones de este domingo como “una señal y un compromiso de la mayoría por la paz”.
En el evento transmitido desde el centro de votación establecido en el Reparto El Carmen, que en el país se han realizado 49 “elecciones” desde 1984, cuando optó por primera vez a la Presidencia y atacó a la oposición que pidió un cambio de gobierno en 2018 tras las protestas masivas en su contra, las cuales calificó como actos de terrorismo, y que su régimen aplacó con represión y masacre.
Condena internacional
“Ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas, Costa Rica no reconoce el proceso electoral en Nicaragua, realizado el día 7 de noviembre del 2021”, indicó el Gobierno de Costa Rica, pocas horas después del cierre de las JRV en el país, en una jornada marcada por la falta de libertades, en la que Daniel Ortega se reelige por un cuarto período presidencial consecutivo, junto a su esposa, vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo.
“Costa Rica reitera que las acciones desplegadas por el Gobierno de Nicaragua contra importantes actores políticos y sociales, líderes de oposición, grupos de jóvenes y medios de comunicación en ese país, contravinieron el libre ejercicio democrático, la garantía del pluralismo político y libertad de expresión”, indicó el comunicado, divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Más temprano, el mismo domingo, el presidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden Jr., calificó las votaciones de como “una pantomima que no fue ni libre ni justa”, mientras anunció que su Gobierno utilizará todas las herramientas económicas y diplomáticas, en coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, para responsabilizar al régimen de Daniel Ortega por sus abusos.
En una declaración sobre “las elecciones simuladas” del país centroamericano, Biden denunció a Ortega y su esposa Rosario Murillo, actual vicepresidenta y vocera del régimen, como autócratas que gobiernan en el país con un estilo nada diferente al que usó la familia Somoza, a la que el mismo gobernante sandinista ayudó a derrocar hace 40 años, cuando era un guerrillero.
La declaración del líder demócrata ocurre cuando se multiplican en la comunidad internacional las críticas a un proceso considerado como una farsa por los sectores críticos a Ortega, pero también cuando Biden, según fuentes legislativas estadounidenses, tendría en su despacho para firma la Ley Renacer, que endurece las sanciones contra la dictadura de Nicaragua.
Esa norma legislativa le proporciona nuevas herramientas para sancionar a Ortega y su grupo, por la negativa de brindar elecciones libres a los nicaragüenses, pero además pone bajo supervisión los créditos internacionales a los que accede el país con los organismos multilaterales y plantea la revisión sobre la participación de Nicaragua en el acuerdo de libre comercio de Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Aunque Biden no se refiere específicamente al caso de la Ley Renacer, que ya completó 3 de noviembre su camino en el Congreso, expone su posición ante los abusos cometidos por Ortega.
“El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones. Cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas”, lamentó Biden.
