21 de enero 2021
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), estaría dispuesto a considerar la posibilidad de volverse a sentar con el Gobierno, en un diálogo con Daniel Ortega, para discutir temas de índole económica, con la condición de que la Administración de señales claras de querer buscar una solución a los problemas que aquejan a Nicaragua, afirmó Michael Healy, presidente de la gremial empresarial.
Hasta inicios de 2018, los empresarios tenían una relación de interlocutor privilegiado con el Gobierno, pero eso comenzó a resquebrajarse cuando no fue posible alcanzar acuerdos para aumentar la cuota patronal al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y finalmente se rompió como consecuencia de la violencia armada desatada por la Administración Ortega en contra de los ciudadanos que protagonizaron la Rebelión de Abril para exigir democracia y justicia.
“Mientras el Gobierno no tome la iniciativa, comenzando por cumplir los acuerdos de marzo de 2019, el Cosep no se va a sentar a negociar ningún tema económico, pero si el Gobierno muestra la voluntad de realizar una reforma electoral” que sea aceptada por las partes y garantice las condiciones, puede abrirse una oportunidad, previa evaluación con las 26 cámaras, indicó.
La tesis básica, sustentada por todo el arco opositor, es que “sin arreglo sociopolítico, no habrá estabilidad económica en el país”, retomó Healy, explicando que el primer paso sería liberar a todos los presos políticos, y cumplir los acuerdos del 27 y del 29 de marzo de 2019, que también incluyen reactivar los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, cese del estado policial, libertad de movilización y de prensa, entre otros.
Adicionalmente “debe haber una reforma electoral que sea avalada no solo por los actores políticos y sociales del país, sino también por la OEA y la Unión Europea”, para que los votantes puedan estar seguros que su sufragio será contado, como requisito para que “el resultado sea aceptado por todos, para que haya un Gobierno que se enfoque en restituir nuestros derechos… y derogue las leyes represivas y violatorias de los derechos humanos”, recitó.
Se refiere, entre otras leyes, a la que establece la cadena perpetua, a la Ley de Agentes Extranjeros, o la que limita las candidaturas a cargos públicos.
Demandas económicas en un diálogo con Daniel Ortega
En el campo estrictamente económico, el titular de la gremial empresarial demandó al Gobierno revisar la reforma a la Ley de Concertación Tributaria; el cese del acoso de la DGI, la DGA y las alcaldías, que están “tomando acciones que perjudicaban a las empresas”, lo que conlleva la pérdida de empleos, “cuando lo que se necesita es conservar las empresas y mantener los empleos”, sentenció.
El también productor agrícola recordó que solo el 30% de la economía nicaragüense es formal, por lo que instó al Gobierno a buscar cómo lograr que haya cada vez más empresas que pasen de la informalidad a la formalidad “para que haya mayores ingresos, más infraestructura, y aumente la dinámica de la economía nacional”.
De paso, aprovechó para demandar “transparencia en los proyectos de inversión pública; el cese de la confiscación a los medios de comunicación, cuyas propiedades fueron traspasadas al Minsa sin juicio previo”; así como la devolución de sus propiedades a 29 productores, que perdieron unas 5000 manzanas de tierras productivas.
“Las confiscaciones envían un mensaje negativo a la inversión extranjera”, cuyos montos se desplomaron desde el récord alcanzado en 2017, hasta unos 470 millones a 500 millones en 2020.
Dado que ya se activó el mecanismo en el se debe discutir el nuevo aumento al salario mínimo, Healy dijo que el sector privado no tiene una propuesta definida, pero sí citó el resultado de las dos variables que deben considerarse al momento de efectuar esa negociación: la inflación, que calculó menor a tres puntos porcentuales, y el crecimiento del PIB, que los expertos calculan entre -1.5% y -6.0%.
En vez de eso, el presidente del Cosep abogó por elevar el monto exento del impuesto sobre la renta, y pasarlo de los 100 000 córdobas actuales, hasta los 200 000, lo que aumentaría la cantidad de dinero en poder de los trabajadores, para aumentar el consumo y dinamizar la economía.
