26 de febrero 2018
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Unas 120,000 personas (hombres, en su inmensa mayoría) se levantan cada día para trabajar en algún proyecto de construcción en cualquier parte del país, pero de todos ellos, solo un poco menos de 33,000 tiene acceso a la seguridad social. El resto está desprotegido.
“Nosotros hemos analizado por varios años la problemática de la informalidad, y la informalidad la vemos como un tema de competitividad”, expresó el ingeniero Rodrigo Pereira, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), en el programa de televisión Esta Semana, que se transmite por Canal 12.
No se trata de un problema de maestros de obra, albañiles o personas que hacen autoconstrucción, sino de empresas nacionales y extranjeras que aprovechan los vacíos institucionales para operar al margen de la ley. Pereira asegura que hay empresas de todos los tamaños y características que están obviando el cumplimiento de buena parte de sus obligaciones laborales, para competir con ventaja contra las demás empresas del sector.
En el universo de empresas que no le cumplen a sus trabajadores, hay incluso algunas que están inscritas en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), y hasta en la Dirección General de Contrataciones del Estado.
“Son empresas mucho más grandes que las nicaragüenses, y hay una que puede ser más grande que todas las empresas nicaragüenses juntas en temas de facturación”, aseguró el constructor.
“Son empresas internacionales que no están cumpliendo con las leyes”, señaló en referencia a la Ley del Salario Mínimo, la de la Seguridad Social, por lo que no afilian a los trabajadores al INSS para no pagar la cuota patronal, ni cumplen el convenio colectivo.
Ante esa realidad, la Cámara está en comunicación y reunión constante con los sindicatos, para hacer inspecciones en las obras, labor que realmente corresponde al Ministerio del Trabajo (Mitrab), y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), entidades que “están haciendo su labor, pero a nuestro juicio, debe haber mayor acercamiento y mayor revisión”, dijo Pereira.
La propuesta de la Cámara es crear una comisión en la que también estén el Mitrab y los sindicatos, para efectuar una labor de revisión constante en todas las obras del país, y asegurarse que “cumplan las leyes todas las empresas que estén construyendo”.
Pereira se excusó de señalar cuales son las empresas que están violando la ley, y dice que “son temas que tenemos que ir trabajando para ver cómo los podemos mejorar. No es solo criticar y decir, sino que tenemos que sentarnos a buscar la mejor solución y el mejor mecanismo”.
Recuerda que él propuso a funcionarios del Gobierno enfocarse no solo en las mismas diez empresas conocidas, sino que la Dirección General de Ingresos (DGI), el INSS, el Ministerio del Trabajo, inspeccionen las obras, y confirmen quién cumple y quién no.
Una de las propuestas apunta a que todas las instituciones estatales involucradas en la actividad constructiva, hagan igual que el Fondo de Mantenimiento Vial (Fomav), que para pagar un avalúo, exige demostrar que todos los trabajadores estén afiliados al INSS. “Todas las instituciones públicas deberían pedirlo”, insistió.
Incentivo para incumplir
Incumplir los requisitos, en especial los laborales, representa una gran ventaja desleal al momento de encarar un proceso de licitación.
El presidente de la Cámara de la Construcción, Rodrigo Pereira, señala que en un proyecto de diez millones de dólares, en el que el costo de la mano de obra puede representar hasta un 40% del costo total, hay que cargar cuatro millones de dólares solo para cubrir salarios y conexos.
Pero las empresas que no cumplen la ley pueden obviar el pago de las prestaciones sociales a los trabajadores del sector de la construcción, con lo que perfectamente pueden eliminar hasta el 50% de ese costo, ahorrarse dos millones de dólares, y ganar una licitación.
Pereira aclaró que las quejas de la Cámara no están dirigidas contra los ciudadanos, ni inclusive los maestros de obra que construyen o remodelan una casa.
“No estamos en contra de la autoconstrucción. Eso va a seguir existiendo como parte del desarrollo del país. Lo que sí atacamos muy fuerte, es a las empresas que no cumplen, sean estatales, privadas, nacionales o extranjeras”, enfatizó.
¿Salarios? Todo con medida
Hay otro elemento que los constructores temen tanto como la competencia desleal: el aumento descontrolado de los salarios que pagan a los trabajadores, que desde el segundo semestre de 2017, está cifrado en 8,445.44 córdobas mensuales, (igual que en los establecimientos financieros), lo que en ese momento equivalía a 279.3 dólares al mes.
“El costo de la mano de obra laboral es un tema delicado, porque subir la mano de obra, si no sube la productividad, encarece al país. Tomemos en cuenta que no somos la única joya en la región”, advierte Ricardo Meléndez, segundo vicepresidente de la Cámara de Urbanizadores (Cadur).
El directivo explica que se refiere a México, “que se acaba de devaluar”, por lo que está siendo bien atractivo. “En una conferencia reciente mencionaron que el gobierno de México está pagándole los pasajes a los inversionistas, y financiándoles los proyectos para que lleguen a invertir a su país”, citó.
“Nicaragua es un país un país empobrecido, de seis millones de habitantes. México tiene 100 millones de habitantes, y todos esos beneficios”, por lo que suena muy atractivo para cualquier inversionista.
Por eso, opina que hay que tener cuidado con la propuesta de subir el salario del sector de la construcción. “Yo sé que el sector privado ya tomó una posición. Creo que son cosas que tenemos que ir viendo año con año de manera fría, porque no podemos subir si no podemos pagarlo. Tiene que haber un beneficio en productividad”, sentenció.
Para Mario Zelaya, gerente general de la empresa constructora D’Guerrero Ingenieros, la calidad y el costo de la mano de obra son incidentes para el desarrollo y el dinamismo del sector.
“La mano de obra tiene un precio significativo: en total suma entre 25% y 30% del costo de los proyectos. De hecho, la mano de obra en la construcción es la más alta en todos los sectores, y eso tiene impacto. Nos afecta porque encarece los proyectos”, explicó.
Además del pago de salarios, las empresas del sector deben satisfacer una serie de beneficios a su personal, los que están contenidos en los convenios colectivos, que las empresas de la Cámara deben cumplir, “y son una carga económica fuerte”, dijo Zelaya.
“Esperemos que los salarios de la construcción se mantengan a un ritmo razonable, para que no sean una carga mayor en los precios finales, porque los inversionistas locales y los organismos internacionales se están quejando de que los costos de construir en Nicaragua andan muy elevados”, aseguró.
[destacado titulo="Crecimiento dependerá de más inversión pública"]
Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.
- Hay una desaceleración de la inversión privada
Aunque el crecimiento del sector en 2017 fue más bien modesto, los constructores se muestran satisfechos, al considerar que era muy difícil encadenar tres años consecutivos de altos crecimientos, pero también, que difícilmente podían esperar ser inmunes a la desaceleración que afecta a la economía desde hace tres semestres.
Haciendo un balance del 2017, incluyendo inversión privada e inversión pública, “el año cerró positivo”, en opinión de Mario Zelaya, de D’Guerrero Ingenieros.
“Estimaciones que he hecho y comparto con algunos colegas, indican que crecimos 5%. Tomando en cuenta que veníamos de un año 2015 con mucho crecimiento –crecimos como 20% a 25%- el 2016 crecimos como 10% a 12%, que eran crecimientos altos, y cuando nos anclamos a dos años de crecimientos fuertes, seguir creciendo a ese ritmo no es tan simple”, consideró.
Por esa razón, crecer 5% el año pasado, a pesar de haber tenido dos años tan buenos, “siempre es un logro”, valoró.
Ricardo Meléndez, de Cadur, asegura que el sector vivienda creció 10.6%, en referencia a los préstamos hipotecarios colocados en 2017.
“Eso significa que llevamos siete años continuos –desde el 2011- creciendo a doble dígito; mientras el país crece, digamos a un promedio de 4.5%, la colocación de préstamos hipotecarios ha venido creciendo en 18%, 15%, y el año pasado 10.6%, lo que es positivo. Es cierto que es un ritmo menor que los años anteriores, pero todavía es el doble que lo que crece el país”, detalló.
“Muchos economistas dicen que tener ese nivel de crecimiento por mucho tiempo es insostenible, así que yo lo quiero ver positivamente”, añadió.
Por su parte, el ingeniero Roberto Lacayo, gerente general de Lacayo Fiallos, observa que “en 2017, los proyectos del gobierno continuaron, sobre todo en infraestructura: carreteras y proyectos de agua. En vivienda siguió su comportamiento, pero en la parte de inversión privada hubo una desaceleración de proyectos, importante. Hay que analizar las causas”.
Esperanza en la inversión pública
Zelaya responde que “el año pasado no sentimos desaceleración: la vivienda se movió muy bien; hubo muchos edificios comerciales, si hablamos de inversión privada”.
Detalla que la inversión pública estuvo activa, con proyectos del MTI, hospitales del Minsa; plantas de tratamiento, y proyectos de agua potable y alcantarillados, de Enacal; y renovación de escuelas del Ministerio de Educación, “de modo que sí hubo mucha actividad, tanto en la inversión pública como en la privada”.
“La estadística me dice que la inversión privada bajó un poco, pero es que se enfocó fundamentalmente, como de costumbre, y como debe ser, en viviendas, comercios y oficinas. Este año estamos viendo nuevamente proyectos industriales; algunas zonas francas, y creemos que este año también habrá empuje en infraestructura privada”, vaticinó.
El constructor es optimista, al considerar que la inversión pública está aumentando. “Estamos hablando de por lo menos cinco o seis proyectos de carreteras grandes que están arrancando en este momento, con costos superiores a 25 millones de dólares cada proyecto”.
Adelantó que “en los próximos meses se van a licitar nuevas carreteras; el Fomav continuará su ritmo de trabajo normal, y en general, esperamos también proyectos grandes y numerosos de agua y saneamiento, que es la cartera que maneja Enacal”.
“Por el lado del Minsa vienen por lo menos tres hospitales este año: Chinandega, que ya en los próximos días va a arrancar. El de León que se licitará nuevamente a mediados de este año, y posiblemente, un hospital en Bilwi, que el año pasado se licitó, pero no hubo participantes, por lo que lo están reformulando para licitarlo nuevamente”, detalló.
Finalmente, espera que también se licite de nuevo la construcción de un hospital en Nueva Guinea, financiado con una donación japonesa. La obra se licitó el año pasado, pero los precios de los constructores anduvieron muy altos, por lo que no se le adjudicó a nadie.
Por su parte, el presidente de la cámara de la construccción, Rodrigo Pereira, esrpera que en 2018 se someta a licitación la primera etapa de la ampliación de la pista Juan Pablo II y de la nueva carretera Nejapa-Ticuantepe, que cuentan con un financiamiento de 270 y 75 millones de dólares, respectivamente.
Seguridad jurídica
Si la aprobación de leyes para promover la inversión inmobiliaria y el comercio de las viviendas es importante, la seguridad jurídica también lo es, en un nivel que no escapa al entendimiento de los empresarios y ejecutivos del sector, ni a los funcionarios del gobierno.
Así lo narra Roberto Lacayo, gerente general de Lacayo Fiallos, quien aboga porque las autoridades trabajen para que desde el extranjero se pueda ver hacia nuestro país con más confianza, “sobre todo en la seguridad jurídica de la propiedad, porque hay muchos inversionistas que estarían dispuestos a invertir, pero a veces no lo hacen porque tienen algún temor”, remarca.
“Como constructores privados, le hemos ofrecido al gobierno nuestra colaboración para que el sector se reactive y no caiga en este año en que lo vemos con un arranque un poco lento. Ofrecimos nuestra colaboración y crear algunos esquemas para atraer inversionistas privados, para que la construcción mantenga un ritmo sino igual al de años anteriores, que fue muy bueno, por lo menos que no haya esa desaceleración”, relató.
La respuesta del gobierno fue crear comisiones para analizar casos específicos de problemas de seguridad jurídica de la propiedad, y otros factores como la Ley APP.
En ese sentido, el constructor instó a buscar grandes proyectos de inversión, igual que “proyectos de infraestructura necesarios para el país, como algunas vías importantes en la ciudad de Managua, que son necesarios para tratar de descongestionar el tráfico, que se ha vuelto insoportable”.
Relató que varios constructores privados están dispuestos, sea en alianza con inversionistas extranjeros o locales, a desarrollar obras que faciliten vías alternas para ‘aliviar’ la carretera a Masaya, y para que la carretera nueva a León también tenga vías de acceso.
“Planteamos eso en una reunión reciente que tuvimos con el gabinete económico, y creemos que puede tener alguna resonancia, pues hay preocupación en el gobierno porque la construcción no se vea afectada. Recordemos que la construcción genera mucho empleo, y ayuda mucho al crecimiento del país”, argumentó.[/destacado]
