27 de abril 2022
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El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) debatió —por primera vez— sobre la confiscación de la oficina que alquilaban en Nicaragua por parte del Gobierno de Daniel Ortega, un hecho que fue rechazado y condenado por la mayoría de las delegaciones. Además, instaron a los Estados miembros a tomar acciones urgentes ante este hecho que sienta un precedente negativo en las relaciones internacionales.
Sin embargo, por ahora no realizaron ninguna votación ni tomaron una decisión sobre la situación de su oficina en Nicaragua que fue declarada oficialmente de "utilidad pública" este miércoles 27 de abril.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expuso que el Gobierno de Nicaragua decidió "la expropiación del edificio donde las oficinas de la OEA ocupaban parte del mismo, entró ilegalmente a una oficia protegida por inmunidades y expropió ilegítimamente una propiedad como una pretendida sanción a la OEA cuando ese edificio ni siquiera es de nuestra propiedad. La OEA solo arrienda parte del mismo”.
De acuerdo con el secretario general de la OEA “nada puede justificar un desconocimiento de las inmunidades y privilegios que gozan las instalaciones, los bienes, los archivos de una organización internacional", y lo ocurrido en Managua “abre un precedente" que de ser tolerado puede llevar mañana "a los mayores atropellos contra cualquier organización internacional o contra cualquier sede diplomática".
Para el representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador Ronald Michael Sanders, la confiscación de la sede de la OEA en Managua "es un asalto, un ataque, a cada uno de nuestros Estados miembros" y ninguno de ellos puede hacer caso omiso a esta violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. “Debemos enviar un mensaje claro a Nicaragua y a cualquier otro Gobierno, que no toleraremos ninguna acción que debilite o eche tierra esta herramienta de las relaciones internacionales”, expresó.
El régimen no está abierto a discusión
También el representante permanente de Canadá, el embajador Hugh Adsett, señaló que el régimen de Daniel Ortega sigue mostrando "que no está abierto a ninguna discusión" y que sus acciones incidirán en las relaciones con todos los Estados miembros de la OEA en el futuro cercano.
El representante interino de los Estados Unidos, el embajador Bradley A. Freden, condenó lo sucedido en Managua y recordó que en los últimos tres años el régimen de Ortega ha incumplido los acuerdos que sostuvo con la OEA sobre la liberación de los presos políticos.
"Es esencial que tratemos este acto como la abominación legal e institucional que realmente es y veamos que refleja el rechazo del régimen a los compromisos adquiridos con esta organización. El régimen de Ortega hace caso omiso de las recomendaciones de este Consejo, desafía sus compromisos internacionales y los más importante es que niega derechos humanos al pueblo nicaragüense", denunció el embajador estadounidense.
Para el representante permanente de Uruguay, el embajador Washington Abdala, "lo que se está viviendo en Nicaragua es la barbarie" y la confiscación de la oficina de la OEA en Managua "es un indicador más de esa barbarie". Esta "infamia" deja en evidencia que "este tipo de violencia oculta una fenomenal debilidad del régimen", advirtió Abdala. "El régimen está fuera de sí y recurre a estas manifestaciones" para evitar que la comunidad internacional le exprese que lo que está haciendo está mal.
También las delegaciones de Bolivia, México y Argentina, que históricamente no han tenido una postura firme frente al régimen de Ortega, rechazaron lo sucedido en Managua.
Oficinas fueron tomadas por la fuerza
La tarde del 24 de abril de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua comunicó a la Secretaría General de la OEA y a la sociedad nicaragüense, que el Gobierno de Ortega decidió “cancelar y cerrar” las oficinas del organismo en Managua, “y así lo hizo mediante la fuerza”, señaló Almagro en una misiva enviada este martes al Consejo Permanente.
“Inmediatamente después” que el canciller Denis Moncada declaró que la oficina de la OEA estaba cerrada, “fuerzas policiales ocuparon la sede de dicha oficina, apoderándose de sus archivos, así como de todo el material existente. Los funcionarios de la Secretaría General en Nicaragua pueden correr serios riesgos", continúo Almagro.
La ocupación de la sede de la OEA en Managua es un hecho sin precedentes en la historia del organismo regional y constituye “una flagrante violación al derecho internacional” que expone al país a “profundas repercusiones” en la relación con todos los Estados miembros del organismo regional.
Un exembajador ante ese organismo explicó, bajo condición de anonimato, que el allanamiento a la sede diplomática viola la Carta de la OEA, la Convención de Viena y todos los acuerdos específicos establecidos entre el Gobierno de Nicaragua y la OEA donde se le reconoce el estatus de misión internacional.
“Para efectos prácticos, este acto de allanar la sede equivale plenamente a violar la integridad de una sede diplomática de cualquier país. Pone al Gobierno de Nicaragua fuera del derecho internacional y de seguro tendrá profundas repercusiones en las relaciones con la OEA y todos los Estados miembros que podrían proceder con base al principio de reciprocidad”, precisó el exembajador.
Régimen oficializó la confiscación
Este miércoles también fue publicado en La Gaceta, diario oficial, el acuerdo administrativo 10-2022 de la Procuraduría de la República, mediante el cual se declara "de utilidad pública" el edificio donde funcionaba la oficina de la OEA en Managua, que pertenecía a las hermanas Luz Marina Navarrete Guevara y María Auxiliadora Navarrete Guevara, esta última es conocida registralmente como María Auxiliadora Navarrete de Domson.
"El bien inmueble objeto de esta declaratoria de utilidad pública y donde funcionaba la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en nuestro país, conforme Ley de Expropiación, pasará al Estado de la República de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora: Instituto Nicaragüense de Cultura, desarrollará e implementará, el proyecto Museo de la Infamia", dice el texto de la Procuraduría.
Un día antes la vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, adelantó la confiscación de la sede que alquilaba la OEA en Nicaragua y calificó lo sucedido como una "buena nueva".
“El bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, de la despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua que, a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el museo de la infamia, que más infame que ese ministerio de colonias”, dijo Murillo durante su monólogo de este martes.
La oficina de la OEA funcionaba en el primer nivel de un edificio de dos pisos que alquilaba en Las Sierritas de Santo Domingo, al sur de Managua, mientras que el segundo piso estaba ocupado por los propietarios del inmueble. A pesar que no era un edificio propio, Murillo agregó que la estatización de la sede de la OEA entrará en vigencia a partir de su publicación en La Gaceta, diario oficial.
“Todo esto son buenas nuevas, expulsar y confirmar la expulsión. La ratificación de la OEA como infame, como un infame y despreciable ministerio de colonias”, apuntó Murillo.
