30 de agosto 2022
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Partidos del Congreso de Colombia demandan explicaciones al Gobierno de Gustavo Petro por ordenar la ausencia de Colombia en la condena al régimen de Daniel Ortega en la votación del pasado 12 de agosto, informó el diario colombiano El Tiempo. Según el rotativo, entre los inconformes está el presidente del Poder Legislativo, el oficialista Roy Barreras.
Para Barreras, quien dijo opinar en carácter personal, "Ortega es un dictador y viola todos los derechos humanos" y agregó que su tarea es “señalar que, si resulta indispensable para los intereses de Colombia conversar, inclusive, con regímenes que no son democráticos, se debe hacer, pero sabiendo que se habla con un dictador”.
La decisión de Petro causó polémica en su país y los cuestionamientos de los partidos Centro Democrático y Cambio Radical. El representante de esta última organización a la Cámara, Víctor Andrés Tovar, instó a su bancada a un debate de control político, informó El Tiempo.
El lunes 29 de agosto, el periodista Daniel Coronell reveló en la W Radio la estrategia de Colombia al ausentarse en la OEA. Petro aspira a lograr un arreglo bilateral con el régimen de Daniel Ortega que permita a los pescadores raizales de San Andrés seguir trabajando en las aguas otorgadas en el Caribe a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia en 2012.
Según Coronell, uno de los más reconocidos periodistas de investigación de ese país, el interés de Colombia de negociar con el régimen de Nicaragua estaría detrás de la ausencia de la representación de su país en la votación del 12 de agosto pasado en la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que 27 países condenaron el recrudecimiento de la represión de Ortega contra la Iglesia católica.
“Además de la importancia que esa decisión tiene para la economía de los isleños, un acuerdo en este aspecto podría abrir el camino para solicitar a la Corte Internacional de Justicia la suspensión de la audiencia por el tercer caso, como se llama uno de los pleitos que sigue pendiente”, afirmó el periodista en el “Reporte Coronell”.“A partir de eso, Colombia quiere buscar un arreglo por fuera de la Corte”, indica el periodista.
Un viceministro colombiano aludió a “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial” que llevaron a Colombia a no acudir a la sesión que condenó a la dictadura nicaragüense, pero se rehusó a revelar los objetivos de la negociación a la que se refirió Coronell.
La información corrobora lo publicado por CONFIDENCIAL el sábado 27 de agosto, sobre el silencio de Petro en el organismo regional como una estrategia para crear condiciones favorables antes de iniciar las supuestas conversaciones con el nicaragüense, a las cuales no quería llegar después de llamarlo dictador.
Lea: Petro evitó condenar a Ortega para buscar negociación en aplicación de sentencia CIJ
En sus primeras declaraciones como presidente electo, Petro adelantó su interés de conversar con el Gobierno de Ortega sobre la aplicación de la sentencia de la CIJ, que dio una clara victoria a Nicaragua en 2012.
En abril pasado, la CIJ ordenó a Colombia que cese inmediatamente sus operaciones de patrullaje, pesca e investigación en el área de 75 000 kilómetros del mar de Nicaragua, otorgada por el tribunal internacional.
Además: Victoria en La Haya: Colombia no debe intervenir en aguas de Nicaragua
La responsabilidad del canciller Leyva
La prensa colombiana también reveló detalles sobre la cuestionada decisión de Colombia de ausentarse de la OEA en la votación sobre Nicaragua. Según una investigación de este fin de semana de Caracol, la responsabilidad es del ministro de Relaciones Exteriores de Petro, Álvaro Leyva.
La internacionalista colombiana Sandra Borda, profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, calificó como “ingenuidad” la posición del Gobierno de Colombia en un artículo publicado en Infobae.
Petro nombró al embajador León Freddy Muñoz en Managua y en sus primeras declaraciones se pronunció a favor de que Colombia vuelva a la “hermandad latinoamericana”.
A una solicitud de información de Caracol—conocida como derecho de petición en el sistema legal colombiano—, el viceministro de asuntos Multilaterales de la Cancillería, Juan José Quintana, informó que Leyva fue consultado sobre la votación en la OEA y la decisión se habría tomado por “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”.
Como era evidente por su respuesta, Quintana no reveló a qué aspectos se refirió en la consulta del medio colombiano. Tampoco hasta el cierre de la edición se había pronunciado Petro, quien se encuentra de visita oficial en Perú.
El expresidente Álvaro Uribe fue uno de quienes criticó al actual gobernante y dijo a Caracol que es preferible la franqueza de Petro a “maturrangas de diplomáticos”.
Uribe se refirió de ese modo a la justificación oficiosa, expresada inicialmente por el equipo diplomático de Petro de que su embajador no había asumido todavía en la OEA, cuando se dio la votación. Eso aumentó las dudas sobre la falta de compromiso democrático del nuevo gobierno, que asumió el poder el siete de agosto pasado.
Caldera: La CIJ debe fallar causas pendientes
El excanciller de Nicaragua, Norman Caldera, dijo que hay una diferencia notable entre lo que pretende Colombia y lo que llamó permisos de pesca artesanal regulados, o sea, que, reconociendo los derechos de Nicaragua, sean solicitados al dueño del recurso y renovados con cierta periodicidad.
“Esos permisos pueden ser negociados como parte de un tratado. Entiendo que Colombia pretende permisos abiertos que no estén sujetos a control y eso vaciaría de contenido las resoluciones de la CIJ”, afirmó el excanciller.
Caldera explicó que hay dos causas pendientes con Colombia en la CIJ: una de delimitación marítima y otra sobre violaciones colombianas a los derechos de Nicaragua.
A juicio del excanciller nicaragüense, la fijación de límites para la plataforma ampliada debería continuar hasta lograr los límites y evitar de ese modo imprecisiones futuras y, dependiendo de ese resultado, analizar lo que falta.
Un experto en derecho internacional nicaragüense explicó, bajo condición de anonimato, que la delimitación de la plataforma más allá de las 200 millas náuticas está en una situación avanzada y se relaciona con lo dispuesto por la sentencia de la misma Corte internacional desde el 19 de noviembre de 2012.
“Una renuncia de Nicaragua a esa demanda en este momento haría imposible regresar a la Corte en virtud de la denuncia hecha por Colombia del Pacto de Bogotá. Lo que sí es posible es la concreción de acuerdos sobre patrullaje conjunto y cooperación en materia de seguridad, para evitar el narcotráfico y otras actividades ilegales”, añadió el abogado.
El especialista añadió que un acuerdo sobre el caso de los raizales está contemplado y es una recomendación de la CIJ en la sentencia de abril pasado, “una posibilidad a la que Nicaragua ha estado abierta y no ha requerido concesiones de carácter político de Colombia”.
