8 de febrero 2022
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La creación de tres nuevas universidades estatales, a partir de los bienes de seis universidades canceladas e intervenidas por órdenes orteguistas, este 7 de febrero, es "a todas luces una confiscación", que está prohibida por la Constitución Política de Nicaragua, valoran abogados nicaragüenses.
Los diputados de la Asamblea Nacional —controlada por el orteguismo— aprobaron sin objeciones la creación de las universidades: Francisco Luis Espinoza Pineda, Universidad Nacional Politécnica (UNT) y la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, a través de las cuales traspasan al Estado los bienes de las canceladas Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Universidad Paulo Freire (UPF) y la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).
Sin embargo, la abogada y notaria pública, Martha Patricia Molina critica que el Estado de Nicaragua "no está garantizando el derecho a la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción".
La integrante del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción asegura que "en otras palabras es un robo", porque "el Estado te está robando y no te da nada a cambio". Explica que la legislación nicaragüense sí establece la figura de la expropiación, que está sujeta "por causa de utilidad pública o de interés social". Sin embargo, indica que en estos casos el Estado te tiene que reparar, económicamente, el bien que se está ocupando, pero esto no está ocurriendo en el caso de las universidades canceladas y ocupadas.
Un segundo jurista, que solicitó el anonimato para evitar represalias del régimen de Daniel Ortega, coincidió en que las tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional constituyen "una confiscación de facto" y —además— cae en lo ilógico porque sobre lo ilegalizado "pretenden edificar sin solución de continuidad", es decir que "las universidades que ya fueron disueltas ahora se convierten por arte de magia en otras universidades. Eso es imposible", comenta.
"La confiscación más dañina y más grande"
Para el jurista el caso más delicado es el de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés ya que, valora, "es un amasijo universitario", sobre el que los diputados juntaron cuatro universidades que ya fueron disueltas y que tenían diferentes estatutos, de tal manera que "todo lo que se está disponiendo ahora contradice esos estatutos".
"Aquí se está llegando a poner en riesgo de origen, de entrada, todo lo que se vaya a hacer porque es mal habido", señala el jurista. "Sin temor a equivocarnos, puede asegurarse, que estamos ante la confiscación más dañina y más grande que se ha realizado en Nicaragua en las últimas décadas", agregó.
Por su parte, Molina valora que lo sucedido con las universidades responde a “un tema más político que jurídico”, porque el artículo 125 de la Constitución establece que "las universidades y centros de educación técnica gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa y están exentas de todo impuesto y contribuciones fiscales, regionales y municipales y sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación, ni embargo. Excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales y este no es el caso", subraya.
Además, el Estado —que debe ser el garante del derecho a la educación— "se está encargando de vulnerarlo", utilizando el ordenamiento jurídico interno "para dar apariencia de legalidad", agrega Molina.
Costa Rica expresa preocupación
El cierre y posterior confiscación de las universidades privadas en Nicaragua ha generado preocupación en la región. El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós declaró a medios de comunicación locales que "Costa Rica respalda, en particular, el reciente pronunciamiento del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, el cual ha planteado ante el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) su preocupación por el irrespeto y violación de la autonomía de las universidades nicaragüenses, así como la violencia y represión ejercida contra su movimiento estudiantil".
La creación de las tres nuevas universidades estatales, en un acto exprés de la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, ocurrió cinco días después que la misma Asamblea canceló la personería jurídica de cinco universidades privadas, y que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) ocupó sus instalaciones. Dos meses antes también había sido cancelada la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), sumando un total de seis casas de estudios.
Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda
La primera casa de estudios creada este lunes fue la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, que funcionará como un centro de educación superior del Estado, con personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Además será miembro del Consejo Nacional de Universidades y será “sucesora legal sin solución de continuidad de la extinta Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse)”, dice el primer párrafo del artículo uno. “En todo instrumento jurídico donde se mencione a la Ucatse, antes conocida como Escuela de Agricultura y Ganadería Francisco Luis Espinoza, deberá leerse: Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza”, continúa.
Esta nueva universidad tendrá su domicilio en la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua y su rector será nombrado por el CNU. También podrá solicitar “libre de todo tributo” la inscripción del traspaso de todos los bienes inmuebles, bienes tangibles e intangibles, medios de transporte y semovientes que pertenecieron y se encuentran inscritos a nombre de la Ucatse.
Universidad Nacional Politécnica (UNP)
Otra universidad estatal creada este lunes fue la Universidad Nacional Politécnica (UNP), que según los diputados tiene como objeto “garantizar la continuidad de los programas académicos que eran ofrecidos por la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), procurando igual o superior calidad académica y para seguridad de las y los estudiantes nicaragüenses”.
Al igual que en el caso anterior, la UNP gozará de “autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones”. Además, advierten los diputados, “todo instrumento jurídico donde se mencione a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), deberá leerse: Universidad Nacional Politécnica (UNP)”.
Sobre la nueva universidad solo se sabe que tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, pudiendo establecer sedes en cualquier parte del territorio nicaragüense. Su rector será nombrado por el CNU, por un periodo de cuatro años, y los recursos con los que está siendo constituida son “los bienes de cualquier naturaleza, derechos, activos y obligaciones” que pertenecían a la extinta Upoli y los recursos financieros que el Estado le asigne a través del CNU.
Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés
Además, fue creada la nueva Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés con el objeto de confiscar los programas académicos que eran ofrecidos por: la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (Uneh), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).
La Universidad Nacional Multidisciplinaria también fue constituida como un centro de educación superior del Estado, con personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y es miembro del CNU.
Esta universidad tendrá su sede en Managua y recibirá todos los bienes que pertenecían a las universidades canceladas.
