Colombia: cambios y riesgos tras acuerdo con las FARC

La principal transformación de este Acuerdo es que se acabaría la guerra con las Farc, que arrancó en 1964, y que ha dejado miles de muertos, de personas sin brazos y sin piernas, de torturados, de secuestrados, de desplazados y de desaparecidos. "La guerra siempre es una tragedia, un terrible fracaso de la humanidad", decía el legendario escritor polaco Ryszard Kapuscinski. "Ya no sólo por lo obvio -muerte y destrucción- sino también por sus consecuencias, que se prolongan ad infinitum: deformaciones de todo tipo, mutilaciones, maneras de pensar paranoicas...Y el odio". Con este Acuerdo se desactiva una parte significativa de esa guerra.

El riesgo Un riesgo es que quedan otros actores armados en el territorio y por lo tanto no es cierto, como dijo el presidente, que la firma del Acuerdo traiga el fin de la guerra. Queda otra pero muchísimo más pequeña y de menor alcance.

Uno de cada tres colombianos vive en la Colombia rural, y solo por eso, ya es más pobre, menos educado y más desnutrido que sus compatriotas urbanos, como lo mostró el informe de Desarrollo Humano del PNUD en 2011.

Mientras en varias ciudades la pobreza extrema es del 7 por ciento, en el campo llega al 29 por ciento. “Más del 60 por ciento de la población rural en edad de trabajar solamente ha finalizado los niveles básicos de primaria, y como consecuencia, cerca de la misma proporción de la población percibe un ingreso por jornal inferior al salario mínimo”, dice el informe.

Si los acuerdos de paz se lcumplen, el campo comenzaría a salir del abandono en el que ha estado sumido durante décadas. Esto porque el grueso de los acuerdos gira alrededor de “Planes” para atacar los principales problemas de los campesinos: de vías terciarias, distritos de riego, educación rural, salud rural, electrificación, mejoramiento de vivienda, generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria y promoción de la comercialización de la producción campesina, entre otros.

Además, acordaron un plan progresivo de protección social y de garantías de derechos de los trabajadores rurales. Básicamente, que los campesinos puedan exigir sus derechos a una remuneración digna, a un horario establecido de trabajo y una instancia -un sistema móvil de inspección en las áreas rurales- que permita que los trabajadores puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar adecuadamente conflictos de carácter laboral. Es decir, a que salgan de la situación de servidumbre en la que se encuentran muchos.

El riesgo cumplir este punto a cabalidad significa priorizar la inversión del presupuesto nacional en el campo. Esto, en una época de vacas flacas, quiere decir que habrá menos inversión para las ciudades.

La transformación más inmediata de este Acuerdo es que las Farc dejaría de ser un grupo armado y se convertiría en un partido político. El principal impacto de esto, incluso si quedan disidencias como el grupo del Frente Primero en el Guaviare que ya anunció que no se desmovilizará, es que los campesinos que llevan décadas sometidos a la arbitrariedad de las Farc se quitarán de encima ese yugo y ese sufrimiento y tendrán que obedecer solo a la ley como los demás colombianos.

Las garantías para la oposición política le permitirán a las Farc hacer política por las urnas. La ejecución de estos acuerdos, cuyos mayores beneficiarios son los campesinos de las zonas donde ellos han tenido influencia, podrían ayudarles a consolidar una base política que les permita llegar más rápido al poder, si es que los colombianos algún día les perdonan sus crímenes.

El otro impacto de este punto es que, como dice el investigador Juan Carlos Palou, "en nombre de combatir a las Farc se han justificado muchas decisiones políticas, que de otra manera no se habrían podido llevar a cabo". Así como muchas reivindicaciones sociales han quedado sepultadas por miedo a ser estigmatizados como de las Farc.

El riesgo Un riesgo es que las Farc tengan mucho poder en muy poco tiempo en algunas regiones y que eso genere de parte del establecimiento político local una reacción tan violenta como sucedió con la Unión Patriótica. También existe el riesgo contrario y es que se lancen al ruedo político y no tengan ningún éxito y duden de su compromiso de haber abandonado las armas. O existe el tercer riesgo, y es que se cumpla la profecía de los uribistas, y que sin que su transformación democrática haya sido completa lleguen al poder e impongan un régimen autoritario estilo Maduro.

El otro riesgo más inmediato de que las Farc se vuelva un partido político es para el Polo. Porque con los privilegios de financiación que tendrán, con un umbral más bajo y con las circunscripciones especiales de paz, el partido de las Farc será una gran competencia para la izquierda tradicional.

El país no cuenta con un verdadero catastro rural. No tiene un inventario actualizado con mapas que muestren quién es dueño de cada lote. Una de las consecuencias de esto es que los grandes dueños de la tierra no pagan prácticamente impuestos, y como demostró en su investigación sobre tierras e impuestos Marc Hoffsteter, bloguer de La Silla, mucha gente compra tierra para evadir pagar impuestos.

Esto se solucionará si se cumple lo pactado en la Habana, que implica actualizar el catastro rural e implantar un sistema para cobrar el impuesto predial de acuerdo al principio obvio (pero no aplicado en Colombia donde los terratenientes controlan los concejos municipales) de que el que más tiene, más paga.

Además, incluye la participación de las comunidades para velar por la transparencia de la información. Solo lograr esto hará que la gente no compre tierra solo para engordarla sino que la venda o la ponga a producir.

El riesgo Es de carácter sobre todo político porque si esto se aplica, muchas élites locales se verán golpeados en el bolsillo y su reacción a los acuerdos de paz puede ser muy negativa.

Si los acuerdos se cumplen existe la posibilidad de que se de una transformación política pues entraríamos en una democracia más participativa, y menos representativa como la que existe hoy.

Todos los acuerdos puntuales tienen un hilo conductor y es la creación de múltiples escenarios en los que las comunidades pueden y deben participar en la definición, ejecución y evaluación de los proyectos y programas destinados a las zonas priorizadas para ejecutar los acuerdos.

Por ejemplo, según los acuerdos, el Plan nacional de vías terciarias se hará “con la participación activa de las comunidades en la priorización, ejecución y seguimiento de las obras.”

Según supo La Silla el acuerdo sobre implementación que no se ha hecho público, habla también de reformas para que se pueda contratar con las organizaciones sociales y comunitarias la ejecución de los planes de desarrollo territorial.

Hoy la ‘mermelada’ de la que gozan los congresistas a cambio de que aprueben el presupuesto nacional y las reformas tributarias se invierte principalmente en estas carreteras veredales, contratadas con los contratistas aliados de los políticos. Si este tipo de proyectos se definen y ejecutan directamente con las comunidades, el principal vehículo clientelista se debilitaría.

Por otro lado, acuerdan adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas. Según esto, ahora la trasteada de los votantes el día de elecciones –uno de los pivotes del clientelismo- correrá por cuenta del Estado. También se crearán veedurías ciudadanas para supervisar la implementación de estos acuerdos y la ejecución del presupuesto.

El riesgo el fortalecimiento de la democracia participativa o comunitaria tiene el riesgo de hacer menos eficientes algunos procesos y sobre todo, negocios, en el corto plazo, como ha sucedido con la consulta previa o con consultas populares en el tema minero. También existe el riesgo de que en las zonas priorizadas para los planes del posconflicto, que en muchos casos son las mismas donde las Farc tuvo gran influencia, las organizaciones sociales que sobrevivieron a la intimidación de la guerrilla o de los paras fueron en muchos casos las que se dejaron infiltrar por ellas. Si estas son las que consiguen el poder, se reproduciría el clientelismo pero a favor de las Farc.

Uno de cada cinco predios rurales tienen problemas de titulación, según lo demostró un estudio de Ana María Ibáñez, una de las mayores expertas en tierras en Colombia.

“La informalidad en la tierra de los pequeños campesinos es del 48 por ciento”, dijo Ibañez a La Silla Vacía cuando se logró un acuerdo sobre el primer punto. “De cada dos pequeños campesinos, solo uno tiene derechos formales sobre su tierra”.

Esta informalidad hace imposible que exista un verdadero mercado de tierras e inversiones significativas en el campo. Para ponerlo de manera sencilla, la gente solo invierte en su casa cuando es propia, nunca cuando es arrendada. Sin títulos ciertos, no hay un incentivo para invertir, pero tampoco hay un colateral para pedir créditos.

La falta de títulos sobre la tierra, además, facilitó su robo. Más de la mitad de los desplazados tenían acceso a la tierra. La mayoría eran pequeños campesinos cuyas parcelas tenían en promedio 13 hectáreas, según el estudio de Ibáñez, pero solo uno de cada tres campesinos desplazados tiene títulos formales para sus tierras, lo que dificulta su retorno.

“Si solo se lograra la formalización de la tierra, ya sería un gran logro”, dice Ibáñez. “Eso es fundamental para que el mercado de tierras funcione”.

El acuerdo con las Farc es crear un Fondo de Tierras de distribución gratuita de millones de hectáreas (no se han puesto de acuerdo en cuántas) para los campesinos sin tierra y las comunidades más afectadas por la miseria y el otorgamiento de subsidios integrales y créditos especiales para la compra de tierra. Y la formalización progresiva de la tierra de los campesinos.

Esto, además, contribuiría a cerrar la alta desigualdad en la propiedad rural, donde Colombia registra una de las mayores inequidades del mundo, con un Gini de 0,85 (1 querría decir que toda la tierra es de una sola persona).

El riesgo en este punto el mayor riesgo es el del incumplimiento por varias razones. La primera porque las instituciones encargadas de hacer esto son muy débiles, comenzando por la recién creada Agencia Nacional de Tierras. Ni hablar de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos y las notarías, que son fundamentales para que este acuerdo se vuelva una realidad y fueron infiltrados durante años precisamente por los que se robaron las tierras.

La segunda, porque, como contó La Silla, las tierras que integrarán el Fondo de Tierras ya han sido ofrecidas también a otros grupos como los indígenas, los desplazados, o son difíciles de disponer porque son las que le incautaron a los narcos y están inmersas en laberintos legales.

La tercera, que es sobre la que han alertado los uribistas, es que entre las tierras que se podrían distribuir están aquellas “recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad”.

Esta disposición existe desde la Constitución de 1936 y de 1991 y hasta ahora ha sido letra muerta. Pero como ahora habrá un partido político verificando que suceda, la posibilidad de que estas expropiaciones se den es más real.

El acuerdo sobre el punto 2 incorpora múltiples garantías para hacer política de oposición y crea varios incentivos –desde financiación hasta acceso a los medios comunitarios e institucionales- para que los movimientos sociales participen en política.

Las Farc y el Gobierno acordaron desmontar una de las barreras de entrada a la política más efectivas y es la obligación de superar un umbral de votos para conservar la personería jurídica del partido. Con la firma de este acuerdo, habrá nuevamente una proliferación de partidos políticos pues ya no es necesario sacar un número determinado de votos para existir.

Habrá un sistema de “adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos políticos, según su desempeño electoral en los ámbitos municipal, departamental y nacional.”

Uno de los acuerdos más revolucionarios es la creación de Circunscripciones Transitorias de Paz para elegir un número que todavía no se ha revelado de representantes a la Cámara en las zonas priorizadas por el nivel de conflicto.

En estos lugares, “grupos significativos de ciudadanos” u organizaciones podrán inscribir candidatos oriundos de esta zona que solo podrán ser elegidos por personas de allí. Los partidos tradicionales no pueden salir elegidos por estas circunscripciones.

Dado que estos candidatos tendrán menos requisitos y vendrán de las zonas más azotadas por el conflicto (varias con mayor influencia de las Farc), es posible anticipar la llegada de voces muy diferentes al Congreso de las que se acostumbra oír y mucho más radicales de izquierda.

El riesgo este punto puede tener una consecuencia negativa y es producir una gran fragmentación de los partidos reversando el avance que ha habido en los últimos años de obligar a los partidos de garaje a desaparecer porque no superan el umbral para existir. También existe el riesgo de que aprovechando el menor umbral de las circunscripciones especiales de paz, poderosos locales o mafiosos utilicen a las organizaciones locales para llevar a sus candidatos a la Cámara de Representantes como lo han hecho con las circunscripciones especiales de negritudes, por ejemplo.

El gobierno definió como una “línea roja” la discusión sobre la doctrina militar. Sin embargo, si el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política creado por estos acuerdos llega a operar en la práctica terminará reemplazando la filosofía de lo que es el “orden público” que se ha manejado hasta el momento para controlar la protesta social y las movilizaciones sociales.

Se trata de una “concepción moderna de la seguridad que se funda en el respeto de la dignidad humana, respeto de derechos humanos y valores democráticos”, según lo definen en el punto 2. “Este sistema debe crear una cultura de tolerancia que dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de persecución de dirigentes por sus actividades políticas, opinión o oposición.”

Dice, además, que “se adoptarán previsiones para impedir que se fomenten concepciones de seguridad que bajo cualquier excusa vayan en contra de los objetivos del sistema que son la protección de la vida de quienes ejercen la política y su no estigmatización por razón de sus ideas y actividades políticas.”

El riesgo las amplias garantías a la protesta social contenidas en este acuerdo van en contra del recientemente aprobado Código de Policía que es muy restrictivo con este tipo de manifestaciones. Si al final prima la lógica de este acuerdo, el riesgo es que aprovechando el blindaje que ahora tendrá la protesta social, los paros y las marchas terminen siendo cosas de todos los días y perturbando la productividad del país.

Un estudio realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa demostró cómo muchos gobernantes utilizan la asignación de la pauta oficial para comprar a los periodistas fieles y castigar a los independientes. El estudio se centró en la pauta local dado que la mayoría de periodistas locales de radio viven de la pauta que ellos mismos tramitan, con lo cual los alcaldes suelen callarles la boca.

A nivel nacional no hay estudios, pero el uso generoso y arbitrario de la pauta también tiene incidencia en lo que algunos medios nacionales dicen o sobre todo callan.

“El dinero público modula el debate público, asfixia temas o logra que se ponga más acento en ciertos temas”, explicó a La Silla Pedro Vaca, director de la Flip.

Esa “zanahoria” ahora tendrá que hacerse visible pues el gobierno se comprometió a promover “los ajustes necesarios en la normatividad para que la pauta oficial en los niveles nacional, departamental y municipal se asigne de acuerdo con unos criterios transparentes, objetivos y de equidad, teniendo también en cuenta a los medios y espacios de comunicación locales y comunitarios. Adicionalmente, la normatividad debe asegurar que el gasto en la pauta oficial sea de conocimiento público, mediante la publicación de informes detallados.”

Solo con que este punto se aplique ya cambiarían mucho las dinámicas del periodismo colombiano.

El riesgo En el mismo punto sobre medios, el Acuerdo dice que se financiarán contenidos “para la promoción de la cultura democrática de paz y reconciliación” de paz”. Esto, que suena bonito, tiene el riesgo de que lo que se logra con la transparencia en la pauta se pierda en financiar con plata pública contenidos con una línea editorial propagandística.

El acuerdo sobre cultivos ilícitos https://lasillavacia.com/historia/lo-bueno-lo-revolucionario-y-lo-invisib... trae una reforma integral para las zonas donde se cultiva coca, que se haría con la participación de las comunidades y con el protagonismo activo de las Farc. Dado que esta guerrilla controla y regula desde hace décadas el negocio de la coca, su salida definitiva del negocio y suponiendo que las Bacrim no ocupan ese territorio, como ya lo están haciendo en algunas zonas como el Catatumbo o Tumaco, haría que Colombia pierda o por lo menos reduzca de manera significativa su vocación de productora de coca.

Esto traería grandes repercusiones. Entre otras cosas, se identificarían algunos eslabones “grises” (como los llama el investigador Luis Jorge Garay) de la criminalidad organizada.

En el acuerdo sobre drogas, gobierno y Farc se comprometen a desarticular la “cadena de valor del narcotráfico”. Entre las muchas cosas que harán está la de mapear el delito, de tal forma que “permita identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen organizado, los usos de esos recursos, los responsables financieros, las estrategias de lavado de activos, canales de blanqueo de capitales, y las redes de testaferros de las estructuras criminales y su penetración en las instituciones.”

Lo más seguro es que las Farc no dará los nombres de la gente con la que trabajan el negocio del narcotráfico pero solo identificar cómo es que lavan el dinero, cómo penetran las institución y como es su red de testaferros ayudará mucho a combatir el crimen organizado.

El riesgo un riesgo grande es que el poder que tienen las Farc sobre los cocaleros se derive exclusivamente de la intimidación de las armas y que ya sin ellas no sean capaces de ayudar a desmantelar los cultivos ilícitos. Esto conllevaría el peligro de que otros grupos armados como el Eln, el Epl o las Bacrim entren a tratar de controlar el negocio.

En el acuerdo también quedó que habrá “un tratamiento penal diferenciado” para delitos relacionados con los cultivos de usos ilícito “cuando los condenados o procesados sean campesinos que no pertenecen a organizaciones criminales.”. Si bien esto es coherente con las recomendaciones de expertos de no ser más duro con el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, existe el riesgo de que ante una menor percepción del riesgo de ser perseguidos sigan proliferando los cultivos de coca y que los narcos empresarios vuelvan a retomar esta parte de la cadena.

Publicado originalmente en La Silla Vacía.