19 de marzo 2017
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Por tercera ocasión consecutiva, el Estado de Nicaragua no asistió a un nuevo período de audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y su ausencia no pasó por alto para la comisionada Arosemena de Troitiño, segunda vicepresidenta de la CIDH, y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión, Edison Lanza, que lamentaron la actitud.
"Cuesta entender que un gobierno que gana con un 72 por ciento las elecciones se niega a discutir de libertad de expresión", declaró el relator especial tras expresar su "consternación" por la no asistencia de Nicaragua. Troitiño, por su parte, expresó su "profunda preocupación" sobre la misma.
Este sábado, organizaciones nicaragüenses por la libertad de expresión y de prensa y la promoción y defensa de los derechos humanos denunciaron ante CIDH los "actos sistemáticos de restricción directa e indirecta a la libertad de expresión" que se dan en Nicaragua desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder hace una década.
Las organizaciones sostuvieron que la libertad de expresión en Nicaragua está bajo la amenaza de “un sistema oficial de intimidación” y su “deplorable” estado debería incluirse en la agenda del diálogo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega. Además, reiteraron su solicitud de una visita de la CIDH a Nicaragua.
Troitiño afirmó la CIDH ha gestionado una visita al país, pero no han recibido una invitación por parte del Estado para programar el mecanismo de una visita "in loco".
CIDH "toma nota" de peticiones y reitera compromiso de trabajo
Durante el 161 Período Ordinario de Sesiones, las organizaciones denunciaron que este sistema de intimidación se basa en cinco factores: 1) agresiones físicas, bloqueo oficial, intimidación, acoso y espionaje, contra los medios de comunicación independientes; 2) la concentración en la propiedad y el control de los medios de televisión y radio; 3) el uso de la publicidad estatal para otorgar premios y castigos a los medios de comunicación; 4) la sistemática violación a la Ley de Acceso a la Información Pública, y 5) las prácticas de represión e intimidación contra la población que restringen la libertad de opinión.
“A diferencia de otros países de la región, en que el mayor peligro contra la libertad de expresión es la eliminación física de los periodistas, en Nicaragua la amenaza inmediata radica en un sistema oficial de intimidación para restringir la libertad de información y provocar la autocensura”, alertaron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
La segunda vicepresidenta de la CIDH, Arosemena de Troitiño, aseguró que "efectivamente" la CIDH toma "nota de las formales peticiones que se nos hacen" y reiteró el compromiso de la Comisión en trabajar sobre estas peticiones para avanzar en su informe sobre el estado de la libertad de expresión en Nicaragua.
El comisionado James Cavallaro adelantó que el próximo informe de la Relatoría de la Comisión incluirá más detalles sobre el tema.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) acompañó a las organizaciones nicaragüenses en sus peticiones durante la audiencia y pidió a la Comisión que tome en cuenta la ausencia del Estado de Nicaragua como muestra de la falta de cooperación del gobierno de Ortega, a pesar del memorando de entendimiento firmado recientemente con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual la CIDH es asesora.
El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de Esta Semana y Confidencial, y en representación del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), coincidió en que es contradictorio que el memorando de entendimiento entre el gobierno de Ortega y la OEA hable del fortalecimiento institucional, pero omita el estado de la libertad de expresión y el deterioro del respeto a los derechos humanos en Nicaragua, que sin embargo fueron expuestos al secretario general Luis Almagro, durante su visita a Nicaragua, el primero de diciembre de 2016.
La líder campesina Francisca Ramírez se expuso las arbitrariedades del gobierno de Ortega a Luis Almagro. Cortesía / Nicaragua sin heridas
Comisión preocupada por duopolio e irrespeto a medidas cautelares
El comisionado Cavallaro expresó su preocupación sobre el "duopolio" de medios de comunicación que mantienen en Nicaragua la familia presidencial y el magnate mexicano de la comunicación Ángel González, quien tiene presencia similar en otros países de la región.
Chamorro precisó que el duopolio controla una decena de canales de televisión y al menos 27 radioemisoras, que además dominan el ochenta por ciento de la audiencia con una programación dominada por el entretenimiento y la nota roja, que incluso raya en la mofa de las sucesos y las violaciones a los derechos humanos.
El director del Cenidh, Mauro Ampié, también expuso en la audiencia la "nula" aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en mayo de 2007, y destacó las amenazas, hostigamiento y "campañas de difamación" en contra de la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, (con medidas cauteleras de la CIDH) y la defensora de los derechos humanos en el Caribe Norte, Lottie Cunningham.
La comisionada Arosemena de Troitiño soliticitó a las organizaciones peticionarias más detalles sobre estas amenazas para documentar sus impresiones sobre el tema y aportar al seguimiento de la atención del Estado de Nicaragua a las medidas cautelares que la CIDH dictó anteriormente a favor de Núñez.
"Expresamos nuestro interés, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, en el ejercicio de nuestro mandato, de buscar los puentes de comunicación con el Estado para tener la oportunidad de recibir, de intercambiar la información que fuera necesaria, y que nos permita evaluar, junto con toda la sociedad nicaragüenses sus peticiones, su realidad sobre esta particular materia", declaró Troitiño.
El relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, también expresó su "solidaridad clara y pública con aquellos que hacen periodismo o se expresan en un ambiente que justamente no es propicio a la tolerancia y a la crítica".
