8 de marzo 2023
“Salí de ahí. ¡Salite!”, le pidieron familiares y amigos a “María” —el seudónimo que eligió una profesional que prestaba sus servicios en una cámara del sector privado. Ella estaba en su oficina, iniciando las actividades de la semana, cuando una amiga le envió un mensaje informándole que acababan de cancelar al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y 18 cámaras más, por lo que la urgía a abandonar el edificio cuanto antes, temerosa de que lo rodeara la Policía. Sus familiares le hacían la misma petición.
Unos kilómetros más al sur, “Esther” que laboraba en una cámara del sector servicios, recuerda que “mientras me tomaba mi cafecito en la oficina, muy a las 8:30 de la mañana una compañera que estaba en consulta médica me llamó preocupada, porque alguien le había comentado el cierre del Cosep”, así que buscó la noticia en línea, y aunque la encontró en dos medios, “sinceramente no lo creí”.
Su incredulidad se vino abajo cuando preguntó a alguien más, y le enviaron el enlace a La Gaceta, donde descubrió que además del Cosep, habían cancelado a otras 18 cámaras —entre ellas su centro de labores—, así que lo informó de inmediato al grupo de trabajo y “se desató el nerviosismo”. Enterarse que los directores tenían una reunión virtual de emergencia, no ayudó a calmar los ánimos.
De esa forma “María” y “Esther”, junto con unas 300 personas más, fueron lanzadas al desempleo, sin previo aviso y sin poder entender por qué el régimen, que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, eliminó las personerías jurídicas de esas 19 entidades.
La historia de “Juana” difiere en la forma, pero coincide en el fondo. Por razones personales, ella estaba fuera de la oficina, cuando comenzó a recibir mensajes que le comunicaban la noticia de que, básicamente, se quedaba sin trabajo. Se sintió tan mal, que dejó el lugar donde estaba, y se fue a la cámara del sector productivo en la que prestaba servicios para indagar qué iba a pasar con ella y sus colegas.
La medida del régimen forma parte de una arremetida contra la sociedad civil, que ya ha eliminado más de 3264 oenegés, incluidas las 19 cámaras, dos universidades, y Cáritas Nicaragua, como las más recientes víctimas de la guillotina orteguista.
Las instituciones del sector empresarial llega a 22, si se suman la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asoban), el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) —considerado el brazo social del Cosep— y la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (Expica), que había sido cancelada en julio de 2022.
Viviendo el día a día, pero “muchos lloraban”
A pesar del tono de emergencia con que su amiga y sus familiares le indicaban que dejara la sede de la cámara, “María” se quedó ahí por las siguientes horas, a la espera de saber cómo acabaría aquello. Por lo pronto, buscó en La Gaceta, y al confirmar la noticia, se dispuso a regresar a su casa, pero sin apresurar las cosas.
Sacó lo poco de su propiedad que tenía en la oficina, al igual que sus colegas. Cerraron el edificio, y regresaron a sus casas. Aunque el trauma de verse repentinamente en el desempleo martillaba su conciencia, relata que el movimiento no fue del todo inesperado, en especial al ver cómo la dictadura se había robado los edificios de varios medios de comunicación y muchas oenegés.
“Siempre hemos vivido el día a día, pensando que iba a ser el último, laboralmente hablando. Un día a la vez, así que teníamos lo menos posible en las oficinas. Al ver cómo los confiscaron a ustedes (CONFIDENCIAL), aprendimos a cambiar el estilo de hacer las cosas, aunque la pandemia también nos enseñó a vivir más ‘livianos’, porque vivíamos con el temor de que vinieran y se robaran nuestras cosas personales”, comparte.
Al llegar a su casa, “limpió” la computadora y se dispuso a entregarla a la administración, y a averiguar si les van a pagar sus liquidaciones, pero “no nos han dicho nada, y estamos en angustias. Nos preguntamos qué vamos a hacer, quién nos va a dar trabajo, viniendo de un gremio del sector privado”.
Aunque solo dos personas dependen de su salario, reconoce que hay algunos exempleados del área de servicio que tienen un número mayor de dependientes, por lo que “muchos lloraban”.
Por ahora, están a la espera de las gestiones de los directivos, que les pidieron esperar “un par de días” para tener respuestas, al menos, sobre el pago de sus liquidaciones.
“No piensan en cuántas familias quedan desprotegidas”
Unos kilómetros al norte de la oficina de “María”, los compañeros de trabajo de “Juana”, también se encontraban inmersos en las mismas angustias, porque se preguntaban si habría alguna forma de revertir la desgracia laboral que había caído sobre ellos, o si los directivos encontrarían la manera de liquidar al personal, conforme a la ley.
Dada su posición privilegiada en la sede de la entidad gremial, “Juana” sabe que las cuentas bancarias tienen “lo justo para pagar las operaciones y los salarios de cada mes”, pero su situación parece ser mejor que la de “María” y la de “Esther”, porque los miembros de la Junta Directiva se mostraron muy empáticos con ellos.
“Nosotros hemos estado muy expuestos en los últimos cinco años. Los directivos nos dijeron que el personal (somos casi veinte personas) es prioridad, y que van a buscar cómo liquidarnos, pero también a tratar que no quedemos en la calle, reubicándonos en empresas aliadas”, relata.
Si bien no tiene menores que dependan de ella, subraya que vive con sus padres y aporta al gasto del hogar, por lo que la noticia le causó decepción en un primer momento, e indignación en el resto del día, cuando leía comentarios del tipo ¡qué bueno que cerraron el Cosep (o sus cámaras)!, porque “los que dicen eso no piensan en cuántas familias quedan desprotegidas”, reflexiona.
“Los directivos están paralizados por el temor”
La tarde de este martes, los ánimos en la oficina de “Esther” fueron “de funeral”, tanto para ella como para el resto de sus colegas, que no llegan a la decena. “Básicamente estamos de brazos cruzados, porque congelaron las cuentas de la institución, dejándonos sin el pago de la quincena de marzo y mucho menos la liquidación”.
“Como colaboradores, no tenemos siquiera la esperanza que nos liquiden con activos, pues están a favor del Estado”, detalla.
Aunque el liderazgo de la cámara ha buscado alternativas de respuesta, en este momento no tienen razones para creer que les pagarán lo que les deben. En principio, porque se hizo una consulta ante el Ministerio de Gobernación, cuya respuesta fue que no tenían nada qué hacer ahí, porque con el acuerdo ministerial, el caso se trasladó a la Procuraduría General de la República.
La indicación fue que el presidente tenía que presentarse “para ver los procedimientos de cierre y los argumentos de la congelación de los bienes, activos, pasivos, utilidades etc. Mirá que hablan de ‘procedimientos de cierre’, no de indicar si van a regresar cosas. Lo otro es que los directivos de la cámara tienen temor de que los dejen presos cuando lleguen a preguntar”, explica.
Aunque los estatutos de la cámara —igual que los de cualquier asociación similar— estipulan que en caso de disolución hay que nombrar una junta liquidadora que garantice el pago de los colaboradores, y el destino que se le va a dar a los bienes, “sabemos que eso ya no viene al caso, además que los directivos están paralizados por el temor”, expresa resignada.
Entre las opciones que barajó el personal, se sugirió que buscaran fondos para pagarles sus liquidaciones, pero la respuesta fue que “no se podía, porque caían en la ilegalidad”, aunque su percepción es que hubo “falta de voluntad y de diligencia” cuando no intentaron sacar el dinero del banco para liquidar el personal, aunque todos los que tienen firmas libradoras estaban presentes en la sede de la cámara.
Cuando lo intentaron “ya era muy tarde”, señala.
Aunque “Esther” no tiene nadie más que vaya a pasar hambre con ella al quedarse sin trabajo, sí hay gastos de la casa y deudas pendientes que necesita cubrir, así como otros proyectos personales que esperaba echar a andar en los próximos meses.