Cambios en el “círculo de hierro” de El Carmen

Un año y tres meses después del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, los principales engranajes que mueven el poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo han sufrido cambios. La pareja presidencial ha readecuado las funciones de los operadores políticos que integran su primer anillo de confianza, debido no solo a la rebelión cívica per se, sino a las sanciones internacionales que han limitado los alcances del poder administrativo de algunos de ellos.

Aunque se trata de una reducción y reasignación de funciones —siendo el caso más visible el de Gustavo Porras, como presidente de la Asamblea Nacional—, la pareja presidencial ha procurado mantener las responsabilidades políticas de la mayoría de sus operadores en el Gobierno y el partido Frente Sandinista, espacios que, al final del día, se confunden, también junto con los intereses de la familia dictatorial.

A excepción de la deserción del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, el “círculo de hierro” sigue siendo el mismo. Para atender las nuevas necesidades impuestas por la crisis, como la ejecución de los juicios políticos, se incorporó a la fiscal Ana Julia Guido, y al viceministro de Gobernación, Luis Cañas. Sin embargo, en este reacomodo del poder el cambio más sustancial lo ha experimentado la misma vicepresidenta Rosario Murillo.

Rosario Murillo, en una foto de mayo de 2018, durante la apertura del Diálogo Nacional, suspendido desde julio. EFE | Confidencial

La reafirmación de Murillo

Desde el 19 de abril, cuando Murillo asumió la palabra para vociferar contra los ciudadanos que en rebeldía se habían tomado las calles, su influencia en la administración de la crisis adquirió al mismo tiempo un papel central en el Gobierno y el partido. Hoy, ese dominio se ha cristalizado de manera indiscutible. Mientras la condición de salud de Ortega le distancia cada vez más de la administración cotidiana del poder, la voracidad centralizadora de Murillo y su hiperactividad, en tiempos de crisis, la ha convertido en la figura del poder. “El comandante dedica menos de un 50% de su tiempo a la administración del Gobierno, él siempre aprueba las decisiones estratégicas, pero no está al tanto de los detalles y las decisiones cambiantes que cada día maneja la compañera”, explicó una fuente vinculada al FSLN.

La cuota del “50%” del poder, que ya controlaba Murillo, se amplió y reafirmó “de forma total a lo interno” del régimen, incluyendo la toma de decisiones directa sobre la Policía Nacional, el Poder Judicial, y el ámbito económico, áreas que, antes de abril de 2018, eran compartidas o manejadas casi de forma exclusiva por Ortega.

Para reconstruir este reacomodo del poder, CONFIDENCIAL entrevistó bajo condición de anonimato a militantes activos del Frente Sandinista, funcionarios del Gobierno, exfuncionarios, expolicías, empresarios privados y diplomáticos, quienes, en menor medida tras la crisis, han interactuado con las instancias del poder. Todos perciben cambios en los engranajes del régimen, pero en especial reparan en el “notable” incremento de poder de Murillo, dada las circunstancias.

“La vicepresidenta controla el Gobierno, los ministerios, el partido, las municipalidades, las relaciones exteriores, a los secretarios políticos y a la Policía de forma directa. Casi todo”, relató una fuente allegada a El Carmen, residencia, secretaria partidaria y despacho presidencial de Ortega.

Para articular ese control de ordeno y mando, al lado de Murillo están tres escuderos leales, dos de ellos sancionados por Estados Unidos, quienes se ubican en lo más alto de la línea de mando de la dictadura. Aunque ellos también responden al comandante Ortega, el mandatario tiene su propio “hombre”, quien igualmente ha sido sancionado por Washington, y trata de preservar su independencia al margen de la vicepresidenta.

Los cuatro leales de la mesa central

Gustavo Porras abraza a Daniel Ortega tras su investidura como presidente, en 2017. // Foto: Carlos Herrera/Confidencial.

Fidel Moreno, Gustavo Porras y Lumberto Campbell se sientan a la par de Rosario Murillo en las reuniones convocadas por El Carmen desde abril de 2018 para hacer frente a la crisis nacional. Mientras, a la diestra del comandante se ubica el misterioso Néstor “Chema” Moncada Lau, un abogado y experimentado exoficial de la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior de los años ochenta, quien profesa fuertes vínculos de lealtad hacia la pareja, pero que en la práctica diaria se inclina por Ortega.

Esa es la mesa central de la dictadura: los cuatros leales encargados de ejecutar los designios del binomio autoritario. Son el “círculo de hierro”.

A partir de estos cuatro personajes se canalizan las principales órdenes presidenciales a los anillos secundarios del poder, que son integrados por funcionarios y asesores de Gobierno, alcaldes que a la vez son secretarios políticos departamentales, y la jefatura de la Policía Nacional, cuyo mando ha sido uno de los más solicitados por El Carmen desde abril de 2018.

Ante el incremento del poder de Murillo en el último año, las atribuciones de Moreno, Porras, Campbell y Moncada Lau, resultan sobrepasadas por la misma vicepresidenta. Murillo establece comunicaciones directas con funcionarios del Gobierno y del partido cuando le place, para dar sus órdenes sin necesidad de la intermediación de estos cuatro operadores.

Moncada Lau, intervenido por Murillo

Nestor Moncada Lau.

El caso más notable de esta dinámica impuesta por Murillo sucede con la nueva jefatura de la Policía Nacional, quitando a Moncada Lau la exclusividad del vínculo con esta institución, señalada de cometer crímenes de lesa humanidad desde abril de 2018.

A partir de 2007, con el retorno de Ortega al poder, Moncada Lau asumió un rol prominente como enlace del presidente con la ahora exjefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Todas las órdenes de Ortega a Granera y a la ahora exministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, serían canalizadas a través de Moncada Lau, quien adquirió una incidencia decisiva en el rediseño político de la Policía Nacional, la selección de los oficiales profesionales que pasarían a retiro y la promoción de cuadros alineados por su lealtad al comandante Ortega.

Moncada Lau se convirtió en la única autoridad política en la Secretaría del Frente Sandinista. No tiene un cargo oficial ni aparece en el organigrama del Gobierno, pero nadie discute su ascendencia sobre el poder como guardián de los asuntos privados de la familia presidencial.

Sin embargo, con el estallido de la crisis de abril de 2018, Moncada Lau ha visto interferido su rol exclusivo frente a la jefatura nacional de la Policía. En el momento más álgido de la crisis sociopolítica, y avasallado por Rosario Murillo, las fuentes sandinistas aseguran que Moncada Lau ideó con Ortega la instauración de una versión del extinto Ministerio del Interior para realizar labores de inteligencia y espionaje político al margen de la Policía.

CONFIDENCIAL conoció, a mediados de diciembre de 2018, el borrador de ese proyecto que no se materializó formalmente. Aunque vale mencionar que el plan incluía muchas de las formas de represión empleadas por el régimen desde abril de 2018, como el cierre de medios de comunicación, oenegés, y apresamiento de líderes sociales, que justamente se incrementó a partir de ese mes.

Las Madres de Abril durante una protesta frente a la Fiscalía. Yader Luna | Confidencial

De acuerdo a fuentes del FSLN, Murillo no ha necesitado la intermediación de Moncada Lau “para tratar temas de represión e inteligencia policial” durante los momentos más críticos de la Rebelión de Abril. Las fuentes mencionan una serie de episodios en los que la vicepresidenta coordinó las redadas represivas, como por ejemplo el ataque a la iglesia Divina Misericordia, donde se refugiaron los atrincherados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) tras el ataque paramilitar, el 13 de julio de 2018.

Murillo baja las orientaciones de cómo debe actuar la Policía ante situaciones específicas a su consuegro Francisco Díaz, y este a su vez tiene a sus operadores para cada situación, como el comisionado general Ramón Avellán, encargado de la represión en Masaya y Carazo, o el comisionado general Fernando Borge, segundo jefe de la delegación policial de Managua.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la estación policial de Masaya. Confidencial

Las labores de inteligencia son coordinadas directamente por el comisionado general Adolfo Marenco, quien mantiene el control partidario del FSLN en la Policía. Marenco le informa directamente a Murillo todo lo que está pasando y con la información que él recopila actúan las otras áreas policiales.

“La vicepresidenta ahora llama de forma directa al comisionado general Adolfo Marenco, de Inteligencia, o a su consuegro Francisco Díaz, jefe de la institución, para darles órdenes. Moncada Lau se resintió un poco con esto, pero ahora comparte esas responsabilidades con la jefa (Murillo)”, relató la fuente sandinista.

No obstante, Moncada Lau ha logrado adaptarse a la injerencia de Murillo en su zona de responsabilidad. “Moncada es el hombre de él (Ortega)”, insiste la fuente. “Por eso mantiene su posición en el régimen”, agregó.

Fidel Moreno, “brazo derecho” de Murillo

En esto no hay discusión: todas las decisiones que toma Rosario Murillo las acompaña Fidel Moreno. Conocido “brazo derecho” de la vicepresidenta desde 2007, este funcionario surgido de las filas de la Juventud Sandinista se ha consolidado como el “secretario político de Nicaragua”.

El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. Carlos Herrera/Confidencial.

La cercanía de Moreno con Rosario Murillo empezó muchos años antes de que, en julio de 2018, él fuera sancionado por el Departamento de Estado norteamericano con la llamada Ley Global Magnitsky Act. Washington señala a Moreno de “violar los derechos humanos y estar involucrado en actos de corrupción”. Fuentes sandinistas señalan que Moreno “posee una inteligencia pragmática y no un cerebro maquiavélico” en comparación a Moncada Lau, a quien sí consideran “capaz de organizar conspiraciones represivas”.

“Fidel Moreno es un operador administrativo y fiel ejecutor de las órdenes de Rosario Murillo”, sostiene la fuente. El secretario de la Alcaldía de Managua fue el portavoz de Murillo para desatar la represión el 19 de abril de 2018. Aquel mediodía, en el Parque Japonés de Managua, el secretario municipal de Managua proclamó ante el engranaje sandinista la orden de su vicepresidenta: “Vamos con todo… no vamos a dejar que nos roben la revolución”… La matanza comenzó unas horas más tarde. Esa misma noche murieron los primeros tres, y a finales de septiembre de 2018 la lista de asesinados por la represión orteguista ya era de 325, según datos confirmados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, los heridos (varios con lesiones graves permanentes) son más de 2000, hay decenas de desaparecidos, cientos de presos políticos —de los cuales más de ochenta aún permanecen en prisión— y decenas de miles de exiliados debido a la persecución política del orteguismo.

Las sanciones estadounidenses han obligado a Moreno a replantear ciertos aspectos administrativos. Primero, renunció como presidente de la junta directiva del equipo de fútbol Real Estelí, cargo que ostentó durante 14 años. De acuerdo con personas que mantienen contactos con Moreno, él habría pasado sus negocios personales a nombre de familiares cercanos, en particular a su hermana Blanca Segovia Moreno Briones, quien se ha proyectado como empresaria de moda, inaugurando recientemente una tienda a la par de Camila Ortega Murillo.

En septiembre de 2018, Moreno también se vio obligado dejar de firmar como administrador general y apoderado legal de la Alcaldía de Managua. La responsabilidad administrativa la traspasó a la decorativa alcaldesa Reyna Rueda.

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas; la vicepresidenta, Rosario Murillo; el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, participan en la inauguración del paso de desnivel de Nejapa. // Foto: EFE

Sin embargo, pese a que Moreno ha bajado su perfil en la municipalidad capitalina, siempre su figura política está por encima de la de Rueda y la del también ornamental vicealcalde Enrique Armas.

Moreno es, además, el secretario de organización del FSLN, una especie de “secretario político nacional”, que coordina el “Consejo Nacional de Alcaldes”, aparato que se encarga de recibir y gestionar las demandas de los alcaldes sandinistas, pero sobre todo de “bajar” las líneas u orientaciones políticas del Gobierno central.

Para esta tarea en el “Consejo Nacional de Alcaldes”, Moreno echa mano de los alcaldes y secretarios políticos que gozan de más confianza presidencial, basado en el principio de obediencia absoluta: Sadrach Zeledón (Matagalpa), Francisco ‘Pancho’ Valenzuela (Estelí), Leónidas Centeno (Jinotega), y Róger Gurdián (León).

Estos cuatro alcaldes han sido señalados por organismos de derechos humanos de orquestar la represión en sus territorios desde abril de 2018. Es aquí donde la responsabilidad de Moreno en la represión se difumina, ya que, según las fuentes sandinistas, son estos alcaldes quienes organizaron la “Operación Limpieza”: 43 días de represión para desmontar lo tranques y barricadas levantadas por la población en diferentes ciudades del país, que dejó más de 150 muertos en este período y fue dirigida desde El Carmen por la Policía y los paramilitares, en coordinación con los secretarios políticos y comisionados locales de sus respectivos territorios.

Porras, fuera de la sucesión presidencial

Gustavo Porras al ser juramentado como nuevo Presidente de la Asamblea. Carlos Herrera | Confidencial

Con Gustavo Porras no pudieron disimular. Al quitarle todas sus funciones administrativas como presidente del Parlamento debido a las sanciones estadounidenses, tuvieron que recurrir a un doble trámite legal que conllevó inevitablemente a la exposición pública: el caudillo del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), el todopoderoso y favorito interventor de la pareja, quedaba desnudo y sin atribuciones al frente del hemiciclo parlamentario.

Porras, que no acostumbra a quedarse callado, salió al paso para defenderse ante las sanciones internacionales. “Para mí es un reconocimiento —proclamó—, para mí es una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción”.

Aunque Porras quedaba sin poderes en la Asamblea Nacional, y por ende descalificado para una posible sucesión constitucional del poder en ausencia de Ortega y Murillo, su posición política continúa inalterable en el Frente Sandinista. En ese sentido, Porras sigue siendo el vasto operador e interventor del área social del Gobierno, que incluye: los ministerios de Salud y Educación, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), el Ministerio de Agricultura, el quebrado Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y, más recientemente, el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

“Legalmente está jodido (afectado), pero habría que ver cuánto lo afecta políticamente la sanción”, afirma una fuente cercana al Gobierno, quien agrega que también Porras dirigió operaciones represivas durante las protestas cívicas.

El hecho de que a Porras no lo hayan removido del puesto como presidente del Parlamento, pese a que no tiene poderes para hacer nada, para las fuentes sandinistas confirma que, en el Poder Legislativo, específicamente en la bancada oficial, no existe un diputado con suficiente pedigrí para sustituirlo.

Diputados de la Asamblea Nacional en la sesión extraordinaria para aprobar la Ley de Amnistía. // Foto: EFE

Hay otras fuentes que, sin embargo, sostienen que el Gobierno no le reduce las funciones a Porras para no “dar su brazo a torcer” ante las sanciones de Estados Unidos, pero que en realidad las sanciones a su funcionario le “golpean grandemente”.

“La Asamblea todavía sigue aprobando prestamos del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica), proyectitos de Taiwán y Japón para hacer cosas menores ¿A quién creés que le tocaba firmar esos créditos o donaciones? A Porras”, se responde una de las fuentes ligadas al partido.

“Por eso es que lo dejan a él como un presidente decorativo, pero además que dentro de la Asamblea no hay un hombre en quien Rosario Murillo confíe más que en él”, dice de Porras la fuente.

Dentro del Parlamento, la maquinaria orteguista tiene leales como Edwin Castro, José Figueroa o Wálmaro Gutiérrez en quienes la pareja presidencial confía para las “maldades políticas”, pero no para hechos represivos que vayan más allá, según la fuente, como sí confían en Porras.

Porras, además, sigue dominando en la Federación de Trabajadores de la Salud, que es la organización sindical más grande del país y la pareja sabe que ese es un “capital político”.

Porras domina el orden del día y las otras funciones dentro del Parlamento, pero quien baja las orientaciones a todos los diputados del FSLN, es su jefe de bancada, Edwin Castro. “Por eso es que vemos a Castro regañando a los diputados cuando no entendieron bien una señal”, agregó.

Edwin Castro, uno de los operadores clave de Ortega, jefe de la bancada del FSLN. Carlos Herrera/Confidencial.

Según la fuente parlamentaria, Murillo se reunió con Porras y Castro para informarles del momento en que se aprobaría la Ley de Amnistía y les orientó la manera en que sería presentada y aprobada.

A esas reuniones también suele asistir el diputado José Figueroa, un antiguo miembro del Ministerio del Interior que viene perfilándose para tomar las riendas del Parlamento cuando a Porras se le haga imposible sobrevivir a las sanciones.

“Figueroa es menos confrontativo que Porras, pero es más ideológico”, afirma la fuente que conoce de primera mano los movimientos del Parlamento. “Él en su mente cree que está en la segunda etapa de la revolución. Y Rosario lo sabe”.

Al momento que toque reemplazar a Porras, Figueroa es el hombre para eso. El FSLN tiene otros operadores dentro del Parlamento, como Wálmaro Gutiérrez, a quien solo usan para los aspectos meramente económicos. “Ellos saben que Wálmaro es más útil, por ejemplo, en la Comisión Económica”, afirma.

Campbell, el nuevo “guardián electoral”

El presidente del CSE, Lumberto Campbell, junto al sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Roberto Rivas. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

Los pocos operadores del FSLN que frecuentan El Carmen, coinciden que la sanción de Estados Unidos a Roberto Rivas fue “un favor” para la pareja presidencial. El cuestionado magistrado representaba un lastre político, y la sanción les facilitó apartarlo sin mayores trámites. Rosario Murillo se congratuló más con esa movida, porque el Consejo Supremo Electoral lo asumía un cercano y leal a ella: Lumberto Campbell, el comisario político de la Costa Caribe del Frente Sandinista.

Campbell, aunque sumiso al régimen y en especial a la vicepresidenta, es una figura “más potable” que Roberto Rivas. Desde su posición, pareciera estar al margen del contexto actual, pero fuentes del Poder Electoral y el sandinismo coinciden en que Campbell trabaja con sigilo y a toda máquina, aceitando el sistema electoral ante un adelanto de elecciones, pese a que, en público, el Gobierno niega rotundamente esa posibilidad.

Campbell, convertido en el nuevo “guardián electoral”, busca preservar la maquinaria y la estructura interna del Poder Electoral que ha permitido al Gobierno controlar las elecciones. Es decir —advirtió la fuente cercana al sandinismo—, que si una eventual reforma electoral también exige el cambio de magistrados, y a Campbell le toca dejar el cargo, en las “estructuras medias del Consejo Supremo Electoral el trabajo ya queda hecho y asegurado”.

El impacto de la deserción de Solís

La fiscal Ana Julia Guido y el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, se incorporan, por orden de Murillo, al “círculo de hierro”

Rafael Solís, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, en Esta Semana. Elmer Rivas | Confidencial

La renuncia del magistrado Rafael Solís el 10 de enero de este año fue todo un cataclismo para la dictadura. Amigo y padrino de boda de la pareja presidencial, la deserción de Solís no era siquiera sospechada en El Carmen. Solís era el hombre fuerte de Daniel Ortega en el Poder Judicial y parte del “círculo de hierro”. Sin embargo, el exmagistrado expresó su inconformidad con la represión y la manera en cómo es tratada la crisis sociopolítica.

La renuncia de Solís llegó en un momento en que el Poder Judicial estaba atribulado de juicios políticos. Ante su salida, la dictadura dividió sus funciones entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y el magistrado Francisco Rosales, de manera informal. Sin embargo, pronto, la vicepresidenta Murillo otorgó la responsabilidad exclusiva de administrar los juicios políticos a la fiscal Ana Julia Guido, saltándose a los magistrados.

Guido mantiene comunicación directa con Murillo. Fuentes sandinistas aseguran que la vicepresidenta le sugiere a la fiscal las tipificaciones y los delitos que debe imputar en los juicios a los presos políticos. El caso del periodista Ángel Gahona, asesinado en Bluefields el 21 de abril de 2018, mientras transmitía en vivo el desenlace de una protesta, es ejemplo claro de ello. Aunque en los pasillos del Poder Judicial se discutía que la acusación en contra de Brandon Lovo y Glen Slate no podía tipificarse como asesinato, debido a la debilidad de las pruebas y la incapacidad para corroborar dicha tesis, bastó una llamada de Murillo a Guido para persistir en esa postura.

Obedeciendo a la vicepresidenta Murillo, la fiscal Guido se incorporó al “círculo de hierro” de El Carmen. Igualmente se sumó al viceministro de Gobernación, Luis Cañas, quien estuvo a cargo del Sistema Penitenciario Nacional. Cañas tomó preponderancia negando los abusos y maltratos denunciados por los presos políticos, y por administrar las excarcelaciones a cuenta gotas. Ahora ellos participan en las reuniones del círculo íntimo con Porras, Moreno, Campbell y Moncada Lau.

La “reaparición” de Bayardo Arce

Ante la ruptura con el sector privado y el descalabro económico, Murillo puso un pie adelante al asesor económico, que ahora está de regreso

Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos. Foto | Carlos Herrera | Confidencial

Para nadie es un secreto los roces que ha tenido el comandante Bayardo Arce con la vicepresidenta Rosario Murillo. Hombre pragmático, Arce sopesa su propio peso político en el FSLN y con los empresarios del partido, y a eso se atiene para no someterse a los lineamientos de Murillo directamente.

Sin embargo, desde que inició la crisis, se rompió la alianza que el Gobierno tenía con la empresa privada, de la que Arce fue promotor y administrador. Arce mostró su inconformidad por la forma en que se estaban reprimiendo las protestas y porque al caerse la alianza con el capital, y el descalabro de la economía, su trabajo pasó a un segundo plano y fue aprovechado por Murillo para ponerle un pie adelante.

A inicios de enero 2019, Arce abrió un canal de comunicación con el embajador Kevin Sullivan, que posteriormente conduciría, por decisión de Ortega y Murillo, a la visita al país del embajador Michael McKinley, principal asesor del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. Un mes después, Ortega y Murillo aceptaron iniciar una nueva etapa de las negociaciones con la Alianza Cívica, y nuevamente Arce fue relegado a segundo plano, pero su canal con la embajada norteamericana se mantiene siempre abierto.

“Es un hombre muy pragmático, más pragmático que Rafael (Solís)”, dice una fuente que conoce bien a quien es el último comandante de la Revolución Sandinista de los años ochenta que permanece con Ortega. “Piensa que si se va del FSLN o critica abiertamente a Ortega y Murillo le va a ir peor”, porque además no tiene otra alternativa política que el FSLN. “Bayardo está más interesado en salvar sus negocios y salvarse ante cualquier debacle que pueda venir para el FSLN”, valoró la fuente.

Cercanos al FSLN coinciden en que la aparición de Arce junto con el exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, en la conmemoración del 40 aniversario del Repliegue Táctico a Masaya, el pasado seis de julio, tiene por objeto mandarle un mensaje al electorado sandinista: “Estamos con Daniel”, apostando a jugar un rol como interlocutores del partido en una eventual transición, después de la salida de Ortega y Murillo del poder.

Un tesorero sin firma libradora

‘Chico’ López ha sido uno de los más relegados desde la crisis sociopolítica y las sanciones internacionales

Francisco López, en una foto de julio de 2016. Cortesía | La Prensa | Confidencial

Francisco ‘Chico’ López Centeno, tesorero del Frente Sandinista y administrador de la cooperación venezolana, renunció a varios de sus puestos tras la sanción estadounidense. López dejó sus cargos como presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), y como presidente de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).

Aunque mantiene su puesto como vicepresidente de Albanisa, ‘Chico’ López ha sido uno de los integrantes del ‘círculo de hierro’ de El Carmen que más ha sido relegado desde la crisis sociopolítica y las sanciones internacionales. En eso ha influido la enemistad que Rosario Murillo le profesa.

No obstante, el comandante Ortega lo mantiene como su tesorero, aunque es un tesorero sin firma libradora. ‘Chico’ López sigue en su oficina del Olof Palme, pero la mayoría de sus funciones administrativas, que tienen que ver con la administración del capital privado originado en la desviación de fondos de la cooperación venezolana, fueron trasladas a dos hijos de la pareja presidencial: Rafael y Laureano.

Afectado Laureano por las sanciones de Estados Unidos, en abril de 2019, la mayor responsabilidad se concentró en Rafael, el operador más discreto de este anillo de confianza de El Carmen que incluye a la familia dictatorial.

Desde antes de las sanciones internacionales —a las que se sumaron las de Canadá—, Rafael atendía directamente las relaciones con Venezuela y el Alba, asistiendo a las cumbres regionales con rango de ministro. Rafael supervisaba de forma directa las operaciones de Albanisa bajo el mando de ‘Chico’ López, de las que se derivan una amplia gama de negocios privados. Pero ahora su firma libradora ha sustituido a la de ‘Chico’ López.

Murillo administra las relaciones exteriores

La vicepresidenta tomó las riendas absolutas de las relaciones exteriores desde que la crisis sociopolítica se internacionalizó

El canciller Denis Moncada tras la sesión del Consejo Permanente de la OEA, que aprobó la creación de un grupo de trabajo para Nicaragua. Foto: OEA.

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado intervenido por la pareja presidencial desde hace una década, contrastando con la fortaleza institucional que tuvo en los años ochenta, liderado por el sacerdote ya fallecido, Miguel D’Escoto, el mando actual ha sido asumido totalmente por Rosario Murillo.

La vicepresidenta tomó las riendas absolutas desde que la crisis sociopolítica se internacionalizó. Los comunicados oficiales se plagaron todavía más de la retórica florida de Murillo, y comenzó a manejar personalmente la estrategia diplomática en organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU). Mientras en Managua, Murillo asumió la interlocución directa con el nuncio apostólico, Waldemar Stanisław Sommertag, orillando a la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica.

La nunciatura vaticana es testigo y acompañante internacional de la mesa de negociación con la Alianza Cívica, el segundo intento de diálogo nacional estancado nuevamente desde mediados de mayo hasta el día de hoy.

Cuando han existido trabas en las negociaciones o conflictos en las calles al margen de la negociación que necesitan solución, el nuncio llama de forma directa a Murillo. Ella es quien verdaderamente toma las decisiones en el diálogo, mientras que sus delegados en la mesa son “cabezas parlantes” que leen sus órdenes, y no se atreven a tomar decisiones por iniciativa propia, analizó una fuente cercana a las relaciones de El Carmen.

Valdrack Jaentschke y Luis Almagro se saludan en la foto de familia tomada el jueves, en Medellín. EFE

Las relaciones exteriores, según Rosario Murillo, tienen dos cabezas visibles: el canciller Denis Moncada Colindres y el vicecanciller Valdrack Jaentschke. Moncada tuvo mucha cabida durante la primera parte de la crisis nacional, pero en las últimas sesiones de la OEA y la ONU ha sido Jaentschke quien ha asumido un rol operativo.

La razón por la que Jaentschke resalta últimamente, en especial en la OEA, no es casual. Más bien, responde a que el vicecanciller, dedicado en los últimos años a atender las relaciones con el Caribe, mantiene una estrecha comunicación con estos países. La mayoría de estas islas, dependientes de la cooperación petrolera venezolana, son clave en las votaciones de la OEA, para inclinar la balanza de los 24 votos, que se requieren para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana contra la dictadura.