5 de julio 2017
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El pasado jueves a la ministra María Auxiliadora Chiong Gutiérrez le fue impedido el acceso a la institución que encabezaría hasta ese día: El Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa (MEFCCA), un super ente creado por el gobierno del comandante Daniel Ortega para impulsar la microeconomía en Nicaragua.
Un día antes —este miércoles 28 de junio— la titular del MEFCCA había informado a la prensa nacional que el programa Hambre Cero había dejado de ser gratuito. “Ahora el programa está funcionando a través de créditos con el 5% anual de interés”, detalló Chiong Gutiérrez.
Hambre Cero es el principal programa del régimen sandinista destinado a la reducción de la pobreza. Consistía en la entrega gratuita de aves de corral, cerdas y vacas preñadas, alimento para el ganado menor y materiales para construir corrales. En teoría, las familias pobres y lideradas por mujeres deberían lograr independencia financiera. Sin embargo, los resultados del programa social no han sido los esperados.
“Ahora hay bonos de 10 mil hasta 60 mil córdobas. La idea es que los beneficiarios logren ser sostenibles financieramente”, explicó Chiong Gutiérrez.
Fuentes del MEFCCA relataron a Confidencial que esas declaraciones fueron la causa de la caída de Chiong Gutiérrez, ya que ningún funcionario en el gobierno del comandante Daniel Ortega tiene autorización para rendir información pública.
A la ministra le quitaron de inmediato el celular y la camioneta asignada. Ella —relataron las fuentes— no entendía por qué pasaba eso.
Confidencial intentó comunicarse con el despacho de Chiong Gutiérrez, pero aseguraron “que la ministra está fuera del ministerio; anda de gira”. En otra ocasión afirmaron que no “sería posible” comunicarse con la funcionaria, porque no “se sabe cuándo volverá”.
Otro trabajador del MEFCCA señaló que el despido de Chiong Gutiérrez también fue influenciado por las “bajos resultados” que obtuvo en una evaluación bimestral sobre el desempeño del ente ministerial.
En abril pasado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó el informe de ejecución del Presupuesto General de la República de enero a marzo del 2017: Evidenció que el nivel de ejecución del Programa Hambre Cero —también llamado Bono Productivo Alimentario— apenas fue del 0.24% en ese trimestre (ver página 63 del informe).
Para 2017, Hambre Cero tiene asignado 348 millones 330 mil, 361 córdobas. De ellos, solo han sido ejecutados 833 mil, en su mayoría destinados a gastos administrativos. Otro documento del Ministerio de Hacienda expone que 33 mil 29 familias han sido beneficiadas con el programa social, pero no detalla si durante el año 2017 o desde 2007, cuando fue lanzado por el gobierno del comandante Ortega.
La hija del diputado y actual presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, Sonia Porras, ha tomado momentáneamente las riendas del MEFCCA. Ella ocupa un cargo administrativo en esta institución estatal. En febrero de 2014, su padre intervino el ministerio después de la destitución del ministro Pedro Haslam bajo señalamientos de actos de corrupción.
Los Porras controlan el MEFCCA y rinden cuentas directamente a la vicepresidenta Rosario Murillo sobre la ejecución de los programas sociales, que ella lee cada mediodía en sus alocuciones a través de los medios de comunicación oficialistas.
Las fuentes del ministerio aseguraron que el viceministro José Benito Aragón tomaría la tutela del MEFCCA, pero hasta ahora el gobierno no ha informado nada al respecto. Confidencial trató de comunicarse con el diputado Porras, pero no respondió a nuestras llamadas.
Tres ministros, un caos
Desde que fue creado en julio de 2012, el MEFCCA ha tenido tres ministros. Primero Haslam, cuya cabeza fue pedida por la vicepresidenta Murillo. En ese entonces, en 2014, el fallecido contralor de la República, Guillermo Argüello Poessy, dijo a Confidencial que iban a someter al ministerio a una auditoría. Sin embargo, los resultados nunca fueron publicados.
Tras la salida de Haslam fueron despedidos 200 técnicos del Programa Hambre Cero y 47 funcionarios, quienes a través de una carta pública reclamaron que la decisión fue “ilegal”, y exigían además el pago de sus liquidaciones. Los extrabajadores responsabilizaron a Porras y a la ministra nombrada por Murillo, María Antonieta Machado, por apartarlos de los puestos.
Diez meses después, la ministra Machado “renunció” sin ofrecer mayores explicaciones. El MEFCCA estuvo sin titular de enero a julio de 2015, hasta cuando la ministra Chiong Gutiérrez fue nombrada por la pareja presidencial.
Los trabajadores del MEFCCA describieron las “constantes pugnas” y el desorden en el que ha estado sumido este ente del Estado.
Previo al nombramiento de Chiong Gutiérrez como ministra, el asesor presidencial en temas económicos, Bayardo Arce, reconoció el “relajo” del MEFCCA.
“Hemos tenido problemas de desorden. Cuando creamos el MEFCCA, queriendo que atendiera a todas las pequeñas empresas, sacamos gente y estructuras del MIFIC (Ministerio de Fomento Industria y Comercio) y de otros lados…”, aseguró Arce. “Después vimos que era muy amplio el campo de trabajo y decidimos que se quedara en el campo agrícola, y que todo lo que son las Pymes industriales y las que exportan regresaran al MIFIC”, agregó.
Semanas después de las declaraciones de Arce, el comandante Ortega anunció la “reorganización” del MEFCCA y del MIFIC, supuestamente “para mejorar la atención a las familias productoras del campo y a las Pymes”.
“Ya tenemos resultados, y está claro que este Ministerio, tal y como lo concebimos, tiene que estar dirigido al campo, a los campesinos. El Gobierno mantendrá en el MIFIC la atención de las medianas y grandes empresas de las ciudades”, explicó el gobernante, sin hacer alusión a los comentarios de Arce.
Segundo programa social cobrado
Hambre Cero no es el primer programa social del régimen sandinista que ha dejado de ser gratuito. En abril, otro de los programas insignias del gobierno comenzó a tener un costo de mil córdobas: Plan Techo.
Los programas sociales le han propiciado al gobierno del comandante Daniel Ortega popularidad y réditos políticos. El final de la gratuidad de estos programas ha coincidido con el desplome de la cooperación venezolana, debido a la crisis política, social y humanitaria que atraviesa el gobierno de Nicolás Maduro.
Entre los años 2010 y 2014, la cooperación de Caracas —y que fue privatizada por la familia presidencial— tuvo una media de 500 millones de dólares anuales. Sin embargo, en el año 2016 el flujo de petrodólares cayó en picada: Cifras del Banco Central (BCN) exponen que la cooperación fue de 92.8 millones.
