Líderes de Honduras y El Salvador pidieron este jueves en Miami compasión a Estados Unidos para las decenas de miles de compatriotas que viven legalmente en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso temporal otorgado a países que han sufrido desastres naturales y que el gobierno de Donald Trump se está planteando si renovar o no.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue el más explícito hablando del TPS: "Hemos entregado tanto verbalmente y por escrito una posición de nuestros hondureños acogidos por el TPS", dijo en la cumbre de cinco países, Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador y Guatemala.
El mandatario aseguró que estuvo reunido este miércoles con algunos de los beneficiarios de este permiso temporal y dijo que es "fuerte" constatar la incertidumbre en la que la comunidad hondureña vive sumida.
"Reconocemos que es decisión soberana de Estados Unidos pero puedo asegurar que son personas migrantes con un estatus, aunque sea temporal, de lo mejor que pueden tener en este país: pagan impuestos, es gente que trabaja, con familias", sostuvo. Por eso pidió que se renueve el TPS cuando se venza el 5 de enero de 2018 o se encuentre una forma alternativa para que esos 86,163 hondureños puedan seguir viviendo en Estados Unidos.
Menos concreto fue el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, quien dijo haber mencionado el TPS en su conversación con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
"Planteamos, en términos generales, nuestro interés y preocupación por el tema de la población con estatus temporal, que en el caso nuestro es una buena cantidad de salvadoreños dentro de ese programa". Hay 263,282 salvadoreños bajo esta protección temporal, que se vence el 9 de marzo de 2018. Ortiz también presentó a sus compatriotas en Estados Unidos como "personas luchadoras y trabajadoras".
La (no) respuesta de EE.UU.
"La autoridad para extender el TPS reside en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el secretario (John) Kelly tiene la autoridad para tomar estas decisiones", se limitó a responder el secretario de Estado, Rex Tillerson, al lanzar la pelota a su compañero de gabinete.
Tillerson dijo también que esa decisión se toma "país por país" y que cada caso es "muy específico".
Kelly, el responsable en cuestión, tiene previsto hablar ante la prensa en Miami este viernes, aunque el gobierno estadounidense dejó claro desde el principio que la renovación del TPS no está sobre la mesa en esta cumbre. Los gobiernos –incluido el de Trump– insisten en que el reto en Miami es hablar de economía y seguridad que, según ellos, es lo que evita a largo plazo más movimientos migratorios.
Sin hablar claro tampoco, el secretario de Seguridad Nacional sí ha lanzado mensajes que han puesto en alerta a la comunidad centroamericana. Recientemente Kelly dijo que los inmigrantes que han vivido y trabajado en Estados Unidos con el TPS quizá deberían empezar a pensar sobre volver a casa.
“¿Qué queremos?: TPS; ¿cuándo?: ¡Ahora!”
Pese a no estar en la agenda oficial de las conversaciones de esta cumbre, la migración y concretamente la incertidumbre la posibilidad del fin del TPS para hondureños y salvadoreños acabó siendo uno de los protagonistas de la jornada.
A las afueras del edificio de una universidad de Miami donde se celebra la conferencia, medio centenar de manifestantes de organizaciones proinmigrantes de Miami se concentraron al grito de "Los inmigrantes son bienvenidos aquí" y “¿Qué queremos?: TPS; ¿cuándo lo queremos?: ¡Ahora!”
Fuera del lugar donde se reúnen líderes de EEUU, México y Centroamérica en Miami, activistas gritan: "Los inmigrantes son bienvenidos aquí" pic.twitter.com/gKwHu7UgMl
— Univision 23 Miami (@Univision23) 15 de junio de 2017
“El secretario Kelly ha extendido el TPS a la comunidad haitiana por tan solo seis meses. En el pasado ha sido prácticamente como una orden de deportación diciendo que tengan sus cosas en orden para ser deportados”, dijo a Univision Noticias uno de los manifestantes Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
“Entendemos que el TPS no solo tiene que ser extendido 18 o 24 meses más, pero el gobierno americano y el Congreso tienen que trabajar en una solución permanente para esta gente, para darles ciudadanía”, opinó Kennedy. “Esta gente ya ha estado aquí casi una década, tienen negocios, han creado familias, contribuyen al carácter cultural y económico a nuestras comunidades del sur de Florida y realmente no merecen ser deportados”.