19 de octubre 2021
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En cuatro años y medio, de enero de 2017 a junio de 2021, el Gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua, ha recibido del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) más de 2289 millones de dólares —un promedio superior a los 450 millones de dólares anuales— pese a las críticas y demandas para que cese su financiamiento por la violenta represión orteguista y el estado policial de facto que pisotea los derechos humanos.
El BCIE también ha otorgado 7.11 millones de dólares, desde octubre de 2017 hasta noviembre de 2020, en fondos no reembolsables para ayudas de emergencia por el impacto de huracanes, programas de saneamiento y combate contra la covid-19, aunque el régimen persiste en ocultar el verdadero impacto de la pandemia y continúa convocando a actividades masivas.
Alberto Cortés, director por Costa Rica ante el BCIE entre 2015 y 2018 y catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR), explica que el Banco justifica su financiamiento con el artículo 8 de su Convenio Constitutivo, según el cual “el Banco financiará exclusivamente programas o proyectos económicamente sanos y técnicamente viables”.
Sin embargo, estima que “ya es hora de establecer en el Convenio Constitutivo una cláusula democrática como premisa normativa para el financiamiento de cualquier proyecto de desarrollo por parte del Banco”.
Dante Mossi: el BCIE no vela por democracia
El reclamo de actores nacionales e internacionales al BCIE es que el banco regional no debe ignorar la ruptura del orden democrático que ha ocurrido en Nicaragua. Una demanda que aún no hace eco ante el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.
En septiembre de 2021, Mossi declaró a la Voz de América que los proyectos que financian están dirigidos a temas de agua potable, energía y carreteras, y justificó que no es función del organismo velar por la democracia de los países.
“Los préstamos que hacemos para Nicaragua tienen una agenda muy clara, muy transparente. Financiamos sistemas de agua y saneamiento, financiamos electricidad, financiamos carreteras, así que esto no es para el Gobierno, es para la gente”, argumentó Mossi.
Además, indicó que no tienen “listas rojas”, sino “contrapartes prohibidas”, que pueden ser instituciones o personas sujetas a sanciones internacionales, a quienes no pueden otorgar préstamos o fondos no reembolsables.
Eso ocurrió con la Policía Nacional en marzo de 2020, cuando el Banco decidió suspender el desembolso de 7.6 millones de dólares tras las sanciones que dos semanas antes impuso Estados Unidos contra esa institución, señalada como brazo de la represión orteguista. El monto era parte de un préstamo de 16.3 millones de dólares, firmado en 2014 para un proyecto de “Ampliación de la Cobertura Rural de la Policía Nacional”.
Sin embargo, el presidente ejecutivo insiste en que “el BCIE no es una institución para velar por la democracia”, y que para eso “ahí está la OEA que se encarga de debatir políticamente lo correcto o incorrecto en su mandato”.
Las demandas al BCIE
La Organización de Estados Americanos (OEA) precisamente ha advertido la ruptura del orden democrático en Nicaragua, tras lamentar el fracaso de los intentos de diálogo para solucionar la crisis político-social del país, mientras el régimen se niega a cumplir el acuerdo del segundo diálogo nacional, firmado en marzo 2019, para restablecer plenamente las libertades constitucionales.
El deterioro de las derechos humanos en Nicaragua ha sido más evidente tras la violenta represión y la masacre orteguista en contra del estallido social de abril de 2018, cuando cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para demandar justicia, libertad y democracia, y el saldo de la represión dejó 325 asesinados, miles de heridos, decenas de desaparecidos y decenas de miles de exiliados por la persecución política.
El régimen, además, ha recrudecido el estado policial de facto impuesto en septiembre de 2018, que mantiene a más de 150 presos políticos, entre ellos 37 líderes políticos y cívicos y siete precandidatos presidenciales detenidos desde el pasado 2 de junio.
A inicios de septiembre, nicaragüenses exiliados en Costa Rica protestaron frente a la sede del BCIE, en San José, para exigir a los socios extrarregionales del BCIE que cese el financiamiento de proyectos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Se les solicita a España, Colombia, Argentina, México, Taiwán, Corea del Sur, República Dominicana, Panamá, al grupo de países Fundadores, a no aprobar ni incrementar el financiamiento al Gobierno de Nicaragua, el segundo mayor receptor de fondos con un 23% del total de su cartera crediticia. El BCIE es el principal sustento financiero del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, alegaron los manifestantes en un comunicado de prensa.
En julio, durante una entrevista en el programa Esta Semana, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también argumentó que “el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica de alguna manera siguen ese canal de verse a sí mismos como una mera caja chica”. Sin embargo, reclamó que “es hora de que, en el Banco Centroamericano y los representantes de los Gobiernos, también reciban el mensaje de que no pueden seguirle abriendo las llaves a Nicaragua para que Daniel simplemente siga haciendo lo que le da la gana con esos recursos”.
La Asamblea de Gobernadores y el SICA
El exdirector costarricense ante el BCIE, Alberto Cortés, considera que hay dos formas en que podría acabarse con el financiamiento al régimen de Ortega.
“La posibilidad de cambiar esta inercia que permite que el Banco siga aprobando y transfiriendo recursos a un Gobierno que tomó un giro dictatorial es la Asamblea de Gobernadores, por medio de una resolución que tendría carácter vinculante u obligatorio para el Directorio”, indicó.
La otra opción es “una decisión de los presidentes de la mayoría de los Estados centroamericanos en el marco del SICA, como lo hicieron en la coyuntura del golpe de Estado a (Manuel) Zelaya en Honduras. En esa ocasión, el BCIE, por indicación del SICA, no reconoció al director designado por el gobierno golpista y mantuvo su reconocimiento al designado por el Gobierno constitucional”.
En junio 2009, tras el derrocamiento de Zelaya, los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) ordenaron al BCIE que congelara los desembolsos y nuevos créditos a Honduras como consecuencia de la salida de Zelaya, que fue calificada como un golpe de Estado.
Las relaciones entre el Banco y el país centroamericano se retomaron siete meses después, cuando la Asamblea de Gobernadores del BCIE ordenó que se retomaran las operaciones con Honduras.
También en marzo de 2016, tras el asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, que protestaba contra el proyecto de la Hidroeléctrica Agua Zarcas, cofinanciado por el BCIE, el Banco justificó primero que todos sus proyectos contaban con evaluación de riesgos ambientales y sociales, pero suspendió los fondos y se desvinculó definitivamente del proyecto en 2020.
Actualmente, el nombramiento del nuevo presidente del SICA está estancado, después que el régimen de Ortega propuso una terna integrada por “fichas” partidarias: el diputado del Parlacen y aliado del FSLN, Orlando Tardencilla; la coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, Luz Marina López Escobar, y la titular del Ministerio de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, y ninguno de ellos ha sido aceptado por los estados miembros del SICA.
Cortés argumenta que “hacia adelante, sería viable y conveniente que un grupo de países fundadores, regionales y extrarregionales actuaran de manera concertada y multilateral para que, después del fraude del 7 de noviembre, el SICA desconozca los resultados y sobre esa base, se suspenda el financiamiento del BCIE para Nicaragua”.
