31 de marzo 2017
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De un plumazo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dejó al país sin el Parlamento, que era visto por los opositores al gobierno como el último reducto de democracia en la Venezuela chavista, aunque no había podido ejercer poder alguno. Dentro y fuera de Venezuela, desde Suramérica hasta España, la mayoría de gobiernos han calificado la acción como un "golpe de Estado", "un madurazo" ampliamente condenado, a excepción de los países del viejo grupodel Alba, que han decidido solidarizare con el gobierno de Nicolás Maduro. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó hoy formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Almagro invoca el artículo que da potestad al secretario general para solicitar una sesión de "apreciación colectiva de la situación" y para "adoptar las decisiones que se estimen convenientes", según la carta de petición, firmada hoy, a la que tuvo acceso
La decisión que sacudió a los Poderes Públicos del país la media noche del miércoles, no solo apaga la voz de la oposición dentro del Estado, sino que además convirtió al Judicial en un súper poder que decide las leyes y ejerce su cumplimiento, lo que es para el antichavismo una camisa hecha a la talla del Gobierno, un "autogolpe".
Tan solo siete años atrás, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, denunciaba en un video que ha comenzado a circular en las redes sociales el fallido intento de derrocarlo en 2002: "Siendo minoría quieren ahora disolver la Asamblea Nacional, porque es la única forma, la única forma en que la Asamblea Nacional no pueda legislar es que se disuelva, están planteando un golpe de Estado", reclamaba Chávez entonces.
En la Venezuela actual, el TSJ mantenía en desacato a la Asamblea Nacional desde principios de 2016 luego de que la directiva de la Cámara decidiera juramentar a tres legisladores opositores indígenas cuya elección había sido suspendida por un supuesto fraude electoral.
La decisión de los opositores de investir a estos tres diputados pese a una prohibición expresa de la máxima Corte fue la primera fisura entre los poderes públicos que alcanzó ahora el clímax de la crisis institucional.
El episodio también recuerda cuando a finales de julio de 2016, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, ordenó la destitución de 28 diputados de la oposición, en Managua.
En entrevista con el programa de televisión Esta Noche, el exembajador nicaragüense ante la Organización de los Estados Americanos, José Luis Velázquez, opinó que la diferencia es que lo ocurrido en Venezuela no deja lugar a dudas en que "definitivamente se están alterando todas las reglas democráticas y por supuesto se trata de un golpe de Estado".
Oposición reclama reacción del Ejército
El presidente de la Asamblea, Julio Borges, aseguró desde la sede del Parlamento que el Gobierno venezolano ha dado un "golpe de Estado" a través del Supremo y advirtió que los diputados opositores no acatarán esta decisión.
"Es un golpe de Estado, y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras: en Venezuela Nicolás Maduro dio un golpe de Estado", dijo Borges que rompió en pedazos la sentencia y la calificó de "basura".
"Estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones (la osadía) de creer que en estos momentos van a pasar por encima del pueblo venezolano", expresó.
Asimismo, un grupo de diputados opositores se movilizó hasta la sede del TSJ en el oeste de Caracas para manifestar su repudio a la decisión y gritar ante la estructura que alberga a la máxima corte que no acatarán el fallo.
Los diputados llamaron a los ciudadanos a la "rebeldía" ante lo que consideraron como un "golpe de Estado y el parlamentario Carlos Paparoni dijo que si los magistrados no le dan paz al pueblo "entonces que tampoco tengan paz ellos".
El partido Voluntad Popular (VP), que dirige el opositor preso Leopoldo López, pidió al pueblo de Venezuela retomar las movilizaciones de calle como "única forma" de "imponer la voluntad del pueblo" ante el "golpe de Estado". VP sostuvo que solo con "presión popular" y resistencia democrática "sostenida e incrementada", se obligará a la "dictadura" de Maduro a facilitar "una transición democrática".
Velázquez, en Nicaragua, estima que la condena y acciones bilaterales --como la decisión de Perú de retirar permanente su embajador de Caracas-- continuarán, aunque considera que Nicaragua apuesta en otra dirección, con el respaldo al gobierno de Maduro, tal como el que ha expresado Bolivia.
El exdiplomático alerta que Venezuela abre las puertas para que la OEA logre invocar a la Carta Democrática sobre el país, que recordó se aplicó casi de immediato cuando el entonces presidiente Manuel Zelaya fue expulsado de su país. Sin embargo, coincidió en que en el caso de Nicaragua, la secretaría general que preside Luis Almagro ha aplicado un doble rasero para el país centroamericano.
Condena internacional a "Madurazo"
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó de "inaceptable" la situación en Venezuela. "Anular con una decisión arbitraria el Poder Legislativo es inaceptable, eso claramente destruye el pilar más importante de cualquier democracia, que es la representación popular", dijo el jefe de Estado, al clausurar en Cartagena de Indias el Congreso Nacional de Municipios.
El presidente agregó: "Ante esta muy compleja y muy difícil situación también tenemos que tener claro qué buscamos. Yo diría que primero y ante todo buscar que cualquier transición sea pacífica". Además, aseguró que la alternativa del diálogo "nunca se debe descartar, así no haya dado resultados" en ese país y llamó a la comunidad internacional a enviar señales "claras" y "contundentes" de que están listos a ayudar.
"Pero no a cohonestar con medidas que en lugar de ayudar agravan la crisis o permitan que la crisis se siga agravando", aclaró el mandatario, quien consideró que instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas deben abocarse a esta situación "y proponer salidas".
Por su parte, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anunció que propondrá a Maduro que un grupo de países acompañe el proceso de diálogo "para que de una vez por todas ambas partes se sienten y se evite este conflicto" en la nación suramericana.
Varela indicó que la propuesta que presentará a Maduro esta tarde vía telefónica incluye que los países que acompañarán el diálogo, mediado por el Vaticano y 3 expresidentes de España, Panamá y República Dominicana, deben ser "aceptados por todas las partes".
Esta propuesta de "solución" fue discutida en la cumbre del Mecanismo de Tuxtla, celebrada el miércoles en Costa Rica con la participación de mandatarios de países centroamericanos, México y Colombia, añadió Varela sin más detalles.
Mientras tanto, desde Europa, las comisiones de Asuntos Exteriores y Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE) instaron hoy a Venezuela a "respetar el Estado de derecho y el principio de la separación de poderes" y reiteraron su preocupación por las "restricciones" a los derechos humanos que existen en el país.
Las decisión del Tribunal Supremo venezolano "de acortar las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) es una seria violación del principio de separación de poderes", afirmaron el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el democristiano alemán David McAllister, y el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos, el socialista italiano Pier Antonio Panzeri.
En un comunicado conjunto y en nombre de los eurodiputados que componen esas comisiones, ambos instaron a Venezuela a "respetar el Estado de derecho y el principio de separación de poderes, y recordaron que la separación y la no interferencia entre poderes igualmente legítimos es un principio esencial de los países democráticos guiados por el Estado de derecho".
Ambos mostraron también su preocupación por las restricciones a los derechos humanos en el país y afirmaron que "lamentablemente, quienes soportan la carga de esta crisis son los venezolanos, que no tienen acceso a productos de primera necesidad y los servicios de salud".
Conflicto de poderes inició desde 2016
El Poder Judicial ha sido desde hace un año la primera piedra de tranca y martillo de la AN, un escenario que la oposición vislumbró desde antes de asumir el Legislativo, cuando el chavismo -en pleno receso legislativo- después de perder las elecciones convocó a una sesión para designar una treintena de magistrados del TSJ.
El acto que decidió los nombres de muchos de los juristas que hoy controlan las salas de justicia fue el último que hicieron los chavistas luego de perder el control de la AN y con ello una hegemonía de 15 años.
Pese a que la oposición venezolana obtuvo una victoria contundente en las parlamentarias de diciembre de 2015 con 112 diputados electos (incluyendo a los tres que fueron suspendidos días después de ser elegidos), apenas gozó del poder unos cinco días antes de que se declarara su desacato y con ello la nulidad de todos sus actos.
Es así como todos los planes de los opositores de generar un cambio en el poder del país, desde hace 18 años en manos del chavismo, y la amnistía para los políticos presos, que fueron las mayores promesas de la campaña, quedaron frustrados en pocos días.
La victoria de los opositores aliados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la primera a escala nacional en el Parlamento, convirtió a la Cámara en el mayor bastión de poder del antichavismo que ve en el Judicial, el Electoral y el Moral a poderes al servicio del Ejecutivo.
La decisión que digieren ahora los venezolanos supone también los primeros pasos de la nueva era de la Justicia en Venezuela, que eligió hace poco más de un mes al nuevo presidente del Poder Judicial, el magistrado Maikel Moreno.
El jurista, con 34 días al frente del sistema judicial ha concretado la delimitación de la inmunidad parlamentaria que dejó desde hace un día sin privilegios a los diputados para ser investigados, juzgados o encarcelados.
"Ordenó" a Maduro ejercer las acciones "pertinentes" para salvaguardar el orden constitucional, tomar medidas para evitar un estado de conmoción" y que se revisen leyes para "conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país".
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, había señalado en varias oportunidades y desde hace varios meses que la Asamblea se estaba "autodisolviendo" por no acatar los mandatos del Supremo y por tener diputados que actuaban para desestabilizar a su Gobierno.
El diálogo y la posición de la OEA
Al mismo tiempo, el Gobierno y la oposición libran otra batalla fuera de la frontera, los primeros para defender al Estado venezolano como único garante de la democracia en el país, y los segundos asegurando que todo esto es mentira.
Apenas hace unos días en la Organización de Estados Americanos (OEA) se daba un encendido debate sobre la crisis del país promovida principalmente por la AN aun a expensas de ser acusados de "traición a la patria" un delito por el que podrían ser castigados, especialmente ahora sin inmunidad.
La crisis agita todavía más el ambiente de un país azotado por la crisis económica que enfrenta una severa escasez de alimentos más básicos y medicinas, y agobiado por una inflación, factores que constituyen el martillo de los venezolanos sin poder ni privilegio.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó hoy formalmente a la Presidencia del Consejo Permanente del organismo que se convoque una sesión urgente sobre la situación en Venezuela bajo el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Almagro invoca el artículo que da potestad al secretario general para solicitar una sesión de "apreciación colectiva de la situación" y para "adoptar las decisiones que se estimen convenientes", según la carta de petición, firmada hoy, a la que tuvo acceso
Reacción de congresistas de EE UU
Los senadores estadounidenses Marco Rubio (republicano) y Robert Menéndez (demócrata) tildaron hoy al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de "dictador trastornado" después de que la Justicia de ese país caribeño asumiera las competencias del Legislativo.
"La democracia venezolana llevaba cojeando años, pero la decisión de cerrar el cuerpo legislativo del país confirma nuestros peores temores: Maduro es un dictador trastornado que ha desmantelado la democracia en su país sistemáticamente", afirmaron los senadores, ambos de origen cubano, en un comunicado conjunto.
Para Rubio y Menéndez, "EE.UU. y la comunidad internacional no pueden permanecer de brazos" ante esa crisis y advirtieron que persistirán en sus esfuerzos en el Congreso y en la Organización de Estados Americanos (OEA) "para exigir reformas que corrijan el rumbo y ayuden a los venezolanos a no caer al abismo de un estado fallido".
"Este último ataque a lo que quedaba de las instituciones democráticas en Venezuela es un insulto flagrante contra el pueblo de Venezuela y los valores que guían a nuestro hemisferio", añadieron.
(Con información de EFE).
