15 de marzo 2019
AA
Share
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exigió este jueves al Gobierno de Daniel Ortega la liberación "sin demora alguna" de los presos políticos, como una muestra de la "buena marcha" de las negociaciones para superar la crisis que vive el país, mientras más grupos de la sociedad civil, familiares de presos políticos y campesinos se continúan desmarcando de la negociaciones con la dictadura, tal como el miércoles lo hicieron los estudiantes.
"La liberación de los presos políticos es decisiva para la buena marcha del proceso de negociación con el Gobierno", dijo el presidente de AmCham y delegado propietario de la Alianza Cívica, Mario Arana, tras salir de la novena ronda de negociaciones, este jueves.
Arana explicó que la Alianza Cívica decidió regresar a la mesa, de la que se habían retirado el domingo pasado, para terminar "con las excusas del Gobierno para liberar a los presos políticos".
"Es por eso que decidimos regresar a la mesa con un propósito claro y definido, que recoge el sentimiento general de la sociedad nicaragüense", sostuvo.
Afirmó que durante la reanudación de las negociaciones, este jueves, discutieron con los negociadores del Gobierno los "procesos de la liberación de los presos y de los mecanismos que garanticen ese propósito".
Arana aclaró que la excarcelación de los detenidos "es una decisión política del Gobierno y una muestra que permitirá continuar con una negociación integral de todos los puntos de la agenda propuesta de la Alianza Cívica", relativos a elecciones justas, libres y transparentes, y justicia para las víctimas de las violentas protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018.
Diferencias en las listas de presos políticos
El político y abogado José Pallais, otro de los negociadores de la oposición, dijo que esperan este viernes "una primera liberación de presos políticos, es un gesto unilateral del Gobierno".
Según cifras del Comité Pro Liberación de Presos Políticos, hay 767 manifestantes antigubernamentales detenidos.
El Gobierno de Nicaragua reconoce 340 detenidos por su participación en el "fallido intento de golpe de Estado", como el Ejecutivo tilda las protestas callejeras que comenzaron en abril de 2018, y los considera de "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".
"Hay diferencias en las listas", reconoció Pallais, quien agregó que están tratando de consolidar las cifras.
Consultado sobre la cantidad de detenidos que esperan sean liberados, Pallais dijo que esperan "un número apreciable, como dice el comunicado oficial y estaremos apreciando y valorando mañana".
OEA continúa en el proceso
Por otro lado, la Alianza Cívica valoró las gestiones hechas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para su regreso a la mesa de negociación.
"Ha jugado un papel importante en los procesos informales para retomar nuestra presencia en la mesa de negociación", aseguró Arana, quien anunció que la OEA continuará apoyando ese proceso.
Las negociaciones, que no contaron con la presencia de la representación estudiantil que forma parte de la Alianza Cívica, fueron reanudadas luego que las partes acordaran la "excarcelación de un núcleo apreciable" de manifestantes presos, que era una de las demandas de la oposición.
Las partes llegaron a ese acuerdo tras una reunión conjunta con el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la secretaría general de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, que participan en calidad de testigos y acompañantes.
Familiares de presos políticos objetan negociación
El académico Carlos Tünnermann, jefe de la delegación de la Alianza Cívica en la mesa de negociación con el Gobierno de Daniel Ortega. // Foto: EFE
El Gobierno y la Alianza Cívica discutirán un cronograma que permita liberar gradualmente a los detenidos por manifestarse contra el presidente Daniel Ortega, informó este jueves el jefe de los negociadores de la oposición, Carlos Tünnermann.
"Ese cronograma es uno de los puntos que vamos a ver con la delegación del Gobierno", dijo a periodistas Tünnermann, antiguo embajador nicaragüense en Estados Unidos.
"Hay un compromiso específico del Gobierno que el día de mañana (viernes) tiene que salir un número apreciable de presos y ese compromiso está atestiguado ante el representante del secretario general de la OEA (Rosadilla) y el nuncio apostólico", explicó.
Sin embargo, familiares de los presos políticos rechazan la decisión de retomar la negociación, porque consideran que el Gobierno incumple garantías como liberar a "presos políticos" o respetar los derechos humanos.
La decisión tomada "pone en riesgo la vida e integridad de nuestros hijos, hijas, esposos, hermanos y demás familiares", indicaron estas familias, que integran el llamado Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
Se trata del segundo sector que rechaza un retorno a las negociaciones sin garantías, después de que la Coalición Universitaria, que está integrada por cinco movimientos estudiantiles que se oponen a Ortega, se desmarcó la misma noche del miércoles, tras el anuncio conjunto del Gobierno y la Alianza.
"Aunque el Gobierno excarcele a 'un núcleo de presos políticos', cada día son detenidos más nicaragüenses por expresar su descontento contra el régimen", reclamó el comité, que recalcó que Ortega no tiene otro interés con los reos que usarlos "como moneda de cambio para obtener concesiones".
También advirtió que el retorno a las negociaciones sin garantías pone en riesgo "los esfuerzos de resistencia cívica que desde las cárceles nuestros familiares están realizando".
Están en riesgo "las acciones nacionales e internacionales que se están gestando en este momento para lograr cambios democráticos", así como "el consenso colectivo sobre la existencia de un ambiente propicio para las garantías previo a la reanudación de la negociación", según el comité.
Artículación de Movimientos Sociales, "decepcionada"
La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil informó "su más profunda decepción" con la Alianza Cívica, por haber mantenido "una negociación secreta" con el Gobierno de Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano.
En un comunicado, la Articulación expresó "su más profunda decepción y preocupación por la conducta ambigua de la Alianza Cívica, por haber mantenido una negociación secreta con la contraparte dictatorial cuando oficialmente había suspendido las negociaciones, más aún, sabiendo la historia de pactos y componendas que el régimen ha venido realizando los últimos años".
La Articulación resaltó "su decidido rechazo a la estrategia de falsa liberación a cuentagotas de presos y presas políticas utilizado por el régimen y aceptada por la Alianza Cívica".
Asimismo mostró su apoyo a la Coalición Universitaria, que decidió no asistir a la mesa de negociación tras rechazar la decisión de la Alianza, que también fue repudiada por el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos.
Compuesta por decenas de ONGs de la sociedad civil, la Articulación llamó "a la ciudadanía, movimientos y organizaciones en resistencia, nos mantengamos alertas para denunciar y no permitir más negociaciones a sus espaldas".
"Que no aceptamos que el régimen mantenga en prisión a presas y presos políticos, ni que la Alianza Cívica analice sus expedientes, aceptando la validez y legalidad de las acusaciones y los procesos" iniciados, agregó la Articulación.
Opositores del norte de Nicaragua rechazan acuerdo
Grupos opositores del norte también rechazaron el acuerdo entre la Alianza Cívica y el Gobierno, para restaurar las negociaciones sobre la crisis local, sin que las autoridades garanticen las "condiciones básicas" para que el proceso continúe.
"Rechazamos el comunicado de la Alianza Cívica, ya que no se prestan las condiciones básicas para seguir negociando", informó el Bloque Norte de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, a la que pertenece la Alianza.
El Bloque Norte está conformado por miembros de la Unidad que representan a los opositores de los departamentos (provincias) septentrionales de Nicaragua, como son de Estelí, Jinotega, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia, un tercio de las jurisdicciones del país, sin incluir las dos regiones autónomas del Caribe.
Las condiciones básicas para el reinicio de las negociaciones son la liberación definitiva de todos los "presos políticos", cese de la represión, libertad de movilización y expresión, desarme de paramilitares, que organismos internacionales sean garantes de las mismas y que el Episcopado actúe como mediador, según el Bloque Norte.
"Exigimos una explicación por parte de la Alianza Cívica, y les instamos a escuchar la voz del pueblo y tomar en cuenta sus exigencias", agregaron.
