20 de enero 2023
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El irrespeto a los derechos de los trabajadores, en especial los que laboran en empresas adscritas al régimen de zona franca en Nicaragua, podría tener consecuencias si Estados Unidos, la Unión Europea, o la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT), decidieran aplicar los tratados vigentes.
CONFIDENCIAL publicó los testimonios de once trabajadores de empresas establecidas en parques industriales de zona franca de Managua, Masatepe, San Marcos y Niquinohomo. De forma consistente, diez de ellos denunciaron maltrato verbal, represalias por buscar ayuda médica, despidos fulminantes, e indefensión por parte de unos sindicatos que eligen mirar para otra parte, y de un Ministerio del Trabajo (Mitrab), que está del lado de los empresarios.
La percepción de los trabajadores entrevistados es que los sindicatos, o están del lado de los patrones, o simplemente no tienen la capacidad para defender sus derechos, porque el sistema entero les impide cumplir con su rol.
El abogado Juan Antonio López, de la organización Defensores del Pueblo, lo tiene muy claro desde su experiencia como procurador laboral: “En las empresas de zona franca se viola el derecho a la libre sindicalización… en contubernio con las autoridades del Mitrab”, asevera con rotundidad.
Eso coincide con la experiencia de Ana Gómez, expromotora de Defensa de Derechos de la Mujer, en el Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María Elena Cuadra”, quien recuerda que ella y varias de sus compañeras, incluyendo trabajadoras con cinco o diez años de antigüedad, sufrieron un despido colectivo y “el Estado no hizo nada por nosotras. Fuimos abandonadas y desprotegidas como mujeres. No recibimos respuesta de nada”.
“El régimen se puso del lado de la industria textil y de las franquicias. En Nicaragua, los trabajadores no están protegidos; no se cumplen los derechos laborales, ni la legislación laboral”, sentencia.
Aunque necesitan el empleo, las continuas frustraciones hacen que algunos simplemente se retiren y decidan no luchar por sus derechos. Wilmer Martínez, cesado de una empresa de zona franca con base en acusaciones falsas, dijo que cuando lo despidieron, decidió no buscar opciones legales, y se declara “cansado de trabajar 13 años en esas empresas porque pagan bajos salarios que no se compensan con el precio de la canasta básica, además que es muy inestable, porque no siempre hay trabajo”.
El Cafta y el AdA
Más allá de la ignorada legislación nacional, Nicaragua es firmante de diversos tratados y convenios internacionales, entre los que destacan dos de forma especial: el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA).
El capítulo 16 del texto del DR-Cafta tutela el derecho de asociación; el de organizarse y negociar colectivamente; la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil; así como condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y salud y seguridad ocupacional.
“Ese capítulo se refiere más a los aspectos legales y normativos generales, el fortalecimiento institucional de los derechos laborales, la seguridad física, capacitación, y los derechos que emanan de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el salario mínimo, las horas laborales, o la salud, definiendo cuáles normas hay que considerar, comenzando con el Código del Trabajo, la Seguridad Social, y las Convenciones de la OIT, dijo a CONFIDENCIAL un asesor laboral que pidió mantener su nombre en el anonimato.
El experto recuerda que el AdA “dice claramente que si no se cumple con los indicativos democráticos, puede darse paso a romper ese Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea”, aunque en materia de derechos laborales (y otros más), el texto del Acuerdo de Asociación apunta más hacia la obligatoriedad de cumplir las leyes nacionales, en el entendido que esta coincide con los acuerdos internacionales de la materia.
El ‘factor’ OIT
“Además de estos tratados de libre comercio podría entrar la OIT, que no es coercitiva, pero hace llamados, e informa a las Naciones Unidas y dice que tal país está incumpliendo determinados acuerdos que son de obligatorio cumplimiento”, explica López, recordando que al ser Nicaragua firmante de los Tratado de la OIT, está obligada a procurar un salario digno, estabilidad en el trabajo, cumplimiento de la higiene y seguridad ocupacional, etc.
“Al incumplirse esto, la OIT puede pasar sus recomendaciones a las Naciones Unidas, y esta hace un llamado a los países para que lo tomen en consideración. También hacen recomendaciones al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Si la OIT pasa un informe al Fondo y al Banco, apuesto que Nicaragua no va a gozar de préstamos ante esas instancias financieras, porque no está cumpliendo la legislación laboral, y más bien actúa en contra y en detrimento de la clase trabajadora”, añadió.
Otros dos expertos en reglas internacionales de comercio, dijeron a CONFIDENCIAL, también bajo condición de anonimato, que no creen que, a pesar de las denuncias de los trabajadores, la complicidad del Mitrab y los sindicatos, y lo que está escrito en el DR-Cafta, el AdA, y los Convenios de la OIT, esto constituya un problema para el Gobierno de Nicaragua.
“No me suena como una práctica que esté dando problemas. Hasta donde sé, no ha habido ningún caso presentado al mecanismo de administración del Tratado” de Libre Comercio con Estados Unidos, dijo uno de ellos, mientras su colega recordaba que “el capítulo 16 se rige por la legislación nacional de cada país, y creo que las leyes de los países se han estado cumpliendo, porque los supervisan”.
En el caso de la OIT, el problema principal es que “solo reciben denuncias de dirigentes sindicales”, pero muchos sindicalistas no tienen la preparación académica para desenvolverse en el manejo de la ley o los tratados internacionales con la OIT, además que los sindicatos son afines al Gobierno, así que no es probable que denuncien a ese mismo Gobierno, explicó López.
CONFIDENCIAL escribió a la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, (USTR), sin obtener una respuesta. Igualmente, buscó reacciones con Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), pero tampoco respondió.
