1 de agosto 2016
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Esta semana entrante, cuando la Asamblea Nacional regrese de su receso de medio año, los 91 diputados que serán llamados al parlamento serán los 62 electos por el gobernante Frente Sandinista, sus aliados y los diputados del PLI “zancudo” que decidieron permanecer en sus cargos bajo la dirección del nuevo colaborador político del FSLN, Pedro Reyes, junto a aquellos que se integrarán en sustitución de los 16 diputados propietarios destituidos este viernes. De continuar todo según lo trazado por los poderes del Estado al servicio del comandante Daniel Ortega, no habrá entre ellos ningún representante de la oposición.
¿Cuáles son las consecuencias para la democracia tras este golpe de facto contra el parlamento nacional? Y ¿cuáles son las alternativas y estrategias que le quedan a la oposición, al cerrarse todos los espacios políticos democráticos y el último espacio de pluralismo político?
El jurista liberal José Pallais, el diputado Eliseo Núñez, y la dirigente del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyen Barahona, explicaron en el programa de televisión Esta Semana, que la estrategia opositora aún se está discutiendo, y los retos que enfrenta el bloque, aglutinado en la Coalición Nacional por la Democracia, son monumentales.
“Gobierno y cómplices en Asamblea monocolor”
En la resolución del tribunal electoral para cancelar el cargo a 28 diputados opositores (dieciseis propietarios y doce suplentes), no hay ningún argumento jurídico válido, según el abogado José Pallais. A su juicio, “más bien hay una transgresión cruda, violenta, al ordenamiento constitucional” del país, porque afirma que la Constitución Política establece la soberanía popular, que en Nicaragua se expresa a través de una democracia representativa.
“Esos diputados estaban ahí porque los eligió la población y no puede ninguna autoridad ir en contra de lo que la población eligió con su voto, casi 800 mil votos, aunque fueran votos mal contados por todos los fraudes reiterados, pero votos al fin”, reclama Pallais.
El jurista liberal considera que con la destitución de los opositores “se han roto los pilares fundamentales de nuestra democracia y también el pluralismo político".
“Al alterarse la composición de la Asamblea Nacional, queda una asamblea monocolor, una asamblea que representa los intereses del partido de gobierno y de sus cómplices y colaboracionistas que seguirán ahí”, advierte tras calificar la acción como “un golpe de Estado continuado contra la institucionalidad”.
“En los últimos diez años, Daniel Ortega ha destruido toda la democracia y hoy (29 de julio) el último espacio que había de oposición legal la acabó”, sentencia Pallais.
Población divorciada de la política
A pesar de la queja de los opositores y las advertencias de los analistas, en las calles aún no hay una reacción popular contra el golpe final de Ortega.
El político liberal Eliseo Núñez, uno de los doce diputados suplentes destituidos el viernes, estima que la apatía de la población ocurre porque “cuesta que se entienda que vamos camino a un conflicto, porque todo el mundo cree que a él no le va a pasar”.
“La gente cree que la política es casi como un deporte, que lo juegan otros, y que a ellos no le afectan”, compara.
Núñez insiste en que urge sumar en la agenda de la oposición los problemas cotidianos del país, de manera que la población comprenda que “este camino político los está llevando a poner en riesgo sus trabajos, los estudios de sus hijos y todo lo que realmente hace que la vida sea tranquila”.
Según el político, “al final del día, la afección va a empezar a verse, porque en este país hay un modelo económico que está dejando una exclusión enorme, enriqueciendo a unos pocos, empobreciendo al resto y manteniendo a la gente más pobre a través del clientelismo político del gobierno”.
Barahona, presidenta municipal del MRS en Managua, opina que la población está tomando conciencia sobre la falta de una oportunidad de cambio a través de las próximas elecciones.
Sin embargo, coincide con Núñez en que “el gran reto es cómo vincular todo el descontento que existe”.
“Debemos ejercer presión, movilizarnos, articularnos, integrarnos con todos los que somos mayoría y que estamos descontentos para buscar la salida”, exhorta.
Elecciones “en las peores condiciones”
Pallais, expresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, valora que las elecciones nacionales previstas para el 6 de noviembre se realizan “en las peores condiciones que se han tenido en los últimos años”.
El exdiputado asegura que “Ortega se ha encargado de demostrarnos algo que ya sabíamos: que no se puede querer jugar a la democracia en una dictadura”.
Pallais advierte que “la esencia de una democracia es poder elegir” y que en Nicaragua solo queda la figura del voto nada más como un mecanismo. “Ya no existe ninguna posibilidad de incidencia, de cambio en las elecciones, porque son elecciones que se han convertido en una farsa”, subraya.
Ante las próximas votaciones, la oposición apuesta a llamar a la abstención, como un acto de conciencia ciudadana en rechazo al sistema electoral, y documentar el descontento y la ilegitimidad del proceso para exigir una nueva elección.
El precedente más cercano sobre unas elecciones declaradas ilegítimas ocurrió a mediados de 2000, en Perú. El entonces mandatario Alberto Fujimori se impuso en busca de un tercer período presidencial, que le prohibía la Constitución. Fujimori venció con más del 51% al opositor Alejandro Toledo, pero la elección fue impugnada con una protesta masiva y un destape de corrupción, que le costó la cabeza a su asesor Vladimiro Montesinos, pusieron fin al gobierno del dictador peruano.
Núñez estima que en la búsqueda de una nueva elección, con verdaderas condiciones de transparencia, es importante documentar el rechazo masivo de la población, y sugiere que la oposición se organice para poder cuantificar el nivel de abstención y juntar el descontento social.
“Las protestas contra el canal, el reclamo por las concesiones mineras, la gente que no quiere concesiones madereras en su zona, los miskitos que reclaman el respeto a sus tierras… hay un montón de problemas sociales causados por el gobierno, que no han podido ser encadenados, pero si vos hacés las acciones necesarias y principalmente le devolvés prestigio a la política se puede lograr”, analiza.
Pallais sostiene que no se comete ningún delito electoral al llamar a la abstención, porque la Ley Electoral vigente únicamente lo prohíbe si se hace uso de amenazas, soborno, fuerza o violencia.
“Abstenerse es tan democrático y tan legítimo como ir a votar. Los nicaragüenses —agrega el jurista— pueden hacer mucho quedándose en su casa, pueden mandar un mensaje muy poderoso, decir: ‘No creemos en tu farsa, queremos nuevas elecciones’. Eso es una abstención activa ideológica”.
Empresarios en el espejo de la clase política
La oposición está convencida de que las próximas elecciones sin credibilidad en el sistema electoral cuestionado por fraudes anteriores, sin observación nacional e internacional independiente y sin competencia por la exclusión de la oposición, además de la reciente destitución de los diputados opositores, afectará el clima de negocios en Nicaragua.
El abogado José Pallais advierte que “la gente no quiere acostumbrarse a que ya no vivimos en democracia, porque es difícil aceptar que estamos en una dictadura”.
Sin embargo, considera que independientemente del discurso de la cúpula empresarial, “ya hay preocupación incluso en este sector, porque se están viendo en el espejo de la clase política (…), que les puede pasar lo mismo, porque cuando no hay justicia, no hay Estado de Derecho, mañana pueden ser ellos quienes sean víctimas de una arbitrariedad como la que estamos viendo ahora y otras que ya hemos visto”.
Suyen Barahona, del MRS, agrega que el sector privado ya está preocupado por las alertas de viaje emitidas por México y Estados Unidas, tras la deportación de varios de sus ciudadanos. Además, recuerda que las exportaciones se verán afectadas por la expulsión de dos funcionarios estadounidenses que habían llegado al país para certificar productos nicaragüenses.
El político liberal Eliseo Núñez compara qué ocurrió antes con la economía tras los gobiernos de los dictadores Anastasio Somoza, en Nicaragua, y Augusto Pinochet, en Chile, quienes hasta su ruptura mantuvieron buenas relaciones con el sector privado, tal como la que ahora puede percibirse con Ortega.
“En Nicaragua el crecimiento económico de Somoza colapsa frente a una guerra que empieza con la insurrección y sigue con la contrarrevolución. En cambio, Chile siguió progresando, siguió prosperando y la democracia le ha dado sostenibilidad a un crecimiento económico que fue concebido bajo el autoritarismo, pero que no podía ser sostenible sin la democracia”, recuerda.
“¿Qué es lo que quiere el sector privado para Nicaragua? ¿Volver a llegar al punto al que se llegó en 1977, 1978, en que se obliga a la explosión social porque nadie aguanta vivir sin libertad y todas las inversiones comienzan a sucumbir bajo el conflicto?”, cuestiona Núñez.
El político insiste en que “la estabilidad (económica) que te da el autoritarismo es de corto plazo, mientras la democracia te da estabilidad y clima de negocios a largo plazo, y podés hacer mejores apuestas”.
