10 de febrero 2022
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Los opositores y presos políticos Medardo Mairena, Pedro Mena, José Antonio Peraza y Alexis Peralta fueron declarados culpables por la justicia orteguista, este 9 de febrero, por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, y en el caso de Peralta, por "propagación de noticias falsas". Los juicios políticos de Mairena, Mena y Pereza se realizaron este miércoles en la Dirección de Auxilio Judicial; y el de Peralta en los juzgados de Estelí.
La Fiscalía solicitó diez años de condena para el politólogo José Antonio Peraza, trece para el aspirante presidencial y líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, y diez para Pedro Mena. Además, para todos ellos demandó la inhabilitación para ejercer cargos públicos como ha ocurrido contra otros líderes cívicos y políticos juzgados desde el pasado 1 de febrero en "El Chipote". La lectura de sentencia será el 17 de febrero. En tanto, para Peralta, la Fiscalía pidió una pena de 11 años de prisión.
En el caso del politólogo, la Fiscalía utilizó como testigos a cuatro policías, quienes no supieron responder qué contenían las pruebas presentadas -un celular, una computadora, memorias, discos duros, una serie de documentos-, y al momento que la defensa del reo político repreguntó, el juez Ángel Jeancarlos Fernández González, dio a lugar varias objeciones solicitadas por el Ministerio Público.
Las pruebas "contundentes", que según la Fiscalía soportan la acusación contra Peraza, son tres videos de entrevistas otorgadas por el politólogo; dos al medio de comunicación Mesa Redonda y la tercera a CONFIDENCIAL. Las primeras entrevistas se realizaron en noviembre de 2020, antes que la Asamblea Nacional aprobara le Ley 1055 o Ley de Soberanía -aprobada en diciembre de ese año-, misma con la que justificaron el arresto e investigación contra el politólogo. Eso significa que la Fiscalía está utilizando la ley de forma retroactiva, incluyendo supuestas pruebas, que en su momento no constituían delitos, porque aún no había una ley que así lo señalara, indicaron los abogados.
Por otra parte, en la entrevista que el politólogo brindó a CONFIDENCIAL, abordó el tema electoral, el arresto de siete precandidatos presidenciales y la falta de condiciones para un proceso libre, transparente y con garantías, pero en ningún momento, exaltó o pidió sanciones o intervención extranjera, a como lo indica el Ministerio Público, según confirmó este medio de comunicación.
- Lea la entrevista: José Antonio Peraza: “Aquí estamos en una anormalidad electoral”
La defensa demostró, en el juicio político, la inocencia del politólogo mientras que la Fiscalía no sustentó su acusación, conoció CONFIDENCIAL. Cuando la defensa preguntó a los policías sí Peraza se encontraba con alguien más al momento de ser arrestado, y estos contestaron que estaba solo, logró señalar ante el juez que para conspirar se requiere a más personas y no era el caso del opositor, por tanto, no se confirma la comisión del delito.
Peraza: "Soy un preso político"
Al momento de su intervención, Peraza, expresó que él no es culpable ni es un delincuente, sino un patriota y que todas las entrevistas brindadas han sido como politólogo o analista político, amparado en los derechos civiles, de reunión y organización, y de libertad de expresión contenidos en la Constitución Política de Nicaragua.
Aseguró que tiene derecho al libre pensamiento y que él nunca ha conspirado. "Soy un patriota y voy a seguir luchando por la democracia, y por la libertad de Nicaragua”, expresó.
En un momento de su disertación, Peraza se refirió al tema político, pero el juez intervino y le dijo:
--Aquí usted tiene que hablar, pero no de política.
Peraza espetó: ¿Cómo no voy hablar de política, si yo soy un preso político?
Anímicamente, el politólogo se encuentra fuerte, y aseguró que no lo van a doblegar. Peraza fue arrestado el 26 de julio por la noche. El especialista grabó un video en el que comentó que si circulaba es porque había sido “secuestrado por la dictadura”.
“Como padre de familia, como ciudadano, como miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua”, aseguró Peraza.
Agente encubierto como testigo contra campesinos
La Fiscalía citó como testigo del caso de Mairena y Mena a un oficial que supuestamente realizó investigaciones encubiertas y asistió a la audiencia encapuchado -en la jerga policial se conoce como código uno-. Esta persona aseguró que Pedro Mena recibía financiamiento del extranjero para el Movimiento Campesino, pero no pudo establecer la cantidad de plata, la fecha en que la obtuvo, ni la fuente exacta de financiamiento.
El oficial encubierto señaló que el dinero provenía de una oenegé, pero desconocía cuál. Además, dijo que desde 2019 dan seguimiento al Movimiento Campesino. Pero no aportó detalles.
La Fiscalía no presentó ni una sola prueba contra Mena, en la que pida sanciones o intervención extranjera, puesto que él no daba entrevistas y tampoco usa redes sociales. En el caso de Mairena, citaron una entrevista donde pedía la unidad de las fuerzas democráticas, y un retuit referido a un comentario del eurodiputado José Ramón Bauzá, sobre la imposición de sanciones a Nicaragua por parte de la Unión Europea.
Mairena prefirió no hacer uso de la palabra cuando le correspondía, mientras que Mena aseguró que era inocente y que él se dedicaba a trabajar en su finca. Ambos líderes campesinos lucieron "delgados y pálidos", confirmó CONFIDENCIAL.
El régimen orteguista encarceló por segunda ocasión al líder campesino y aspirante presidencial, Medardo Mairena. En 2018 fue capturado y condenado a 216 años de prisión por supuesto terrorismo y otros delitos. Fue excarcelado el 11 de junio de 2019, bajo la autoamnistía orteguista. Sin embargo, desde que expresó sus intenciones presidenciales, aumentó el asedio policial y la vigilancia en su contra. Mairena fue capturado la noche del 5 de julio junto con los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas, quienes también enfrentan un juicio político por segunda ocasión.
Mena también había sido condenado a 210 años de prisión, pero fue excarcelado bajo la amnistía creada por el régimen. Durante sus 219 días de encierro en El Chipote, tanto Mena como Mairena han bajado de peso y padecido diferentes problemas de salud. Además, han sido sometidos a aislamiento y constantes interrogatorios. Mairena ha perdido más de 50 libras, confirmaron sus familiares tras visitas en la DAJ.
Acusado por infringir “Ley Mordaza”
Alexis Peralta Espinoza, contador público y oriundo de Condega, fue encarcelado la noche del 6 de noviembre, en vísperas de las votaciones generales, cuyo resultado fue considerado “ilegítimo” por la comunidad internacional y la oposición política en el país. Peralta es acusado de infringir la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, precisamente, por el carácter punitivo contra la libertad de expresión y la amenaza que supone para el ejercicio periodístico.
Peralta es acusado de “propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación”, y entre las pruebas que la Fiscalía ha presentado en su contra se encuentran sus publicaciones en Twitter, donde apenas tiene 16 seguidores.
CONFIDENCIAL conoció que Peralta fue golpeado al momento de su detención, que ocurrió sin una orden judicial. Él es un reconocido opositor en Estelí y antes de ser arrestado, padeció asedio policial, con patrullas que rondaban su casa y tomaban fotografías. Es padre de una menor de seis años y una adolescente de catorce. Durante su encierro en el Sistema Penitenciario Puertas de la Esperanza, conocido como "La Chácara", en Estelí, ha perdido peso, pero ha logrado recibir visitas familiares.
Juicios en “El Chipote” violan la ley
Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “El Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.
Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.
Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.
Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “El Chipote”, indicó el abogado.
Se viola el derecho a la defensa
Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.
También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su numeral 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.
Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.
Demandan liberación de presos políticos
El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de 30 de ellos permanecen en “El Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.
Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.
Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.
También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.
Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
