Urnas abiertas revela numerosos casos de corrupción en las alcaldías sandinistas

El observatorio ciudadano Urnas Abierta reveló en el libro “Fiscalizando El Poder” que las alcaldías sandinistas de Nicaragua están involucradas en una serie de contrataciones irregulares por más seis millones de dólares, desvíos de préstamos, y que hubo participación de las municipalidades durante la represión a las protestas cívicas de 2018.

“Lo que queremos mostrar es la relación directa que hay entre el aumento de los niveles de corrupción y la consolidación de un régimen autoritario, que se da tanto en el nivel central como en el nivel municipal. Y esto es lo que ha permitido el control, la vigilancia y la represión desde las mismas alcaldías”, explicó Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, en una entrevista con el programa Esta Semana. 

El libro, realizado en alianza con el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), reúne tres grandes reportajes sobre la corrupción en las municipalidades. En uno de ellos se señala a cinco empresas que son beneficiadas con contratos públicos, entre ellas: Sánchez Soluciones Constructivas S,A., propiedad de Marietha Sánchez. A esta constructora, la Alcaldía de Managua (ALMA) le entregó decenas de contratos que suman unos 6.9 millones de dólares.

Según la investigación, estos contratos fueron otorgados de forma irregular por Fidel Moreno, secretario general de ALMA y hombre de confianza del régimen. Las contrataciones simplificadas que favorecieron a estas constructoras no fueron justificadas por las municipalidades.

“Lo que se investigó es que estas asignaciones, sí se iban a hacer de la forma o del canal a través del cual se hicieron, tenían que haberse justificado varias cosas, que están en la ley. Si fue un caso de emergencia o que ese servicio no lo pueda contratar más que una sola empresa, porque tuviera los derechos de una marca, qué sé yo. (...) Las asignaciones van a contentillo de quien favorezca mis intereses y se preste sin chistar a lo que le ordenen desde arriba”, señaló el periodista mexicano, Daniel Lizárraga, editor de las investigaciones.

Préstamos de Bancorp

Las investigaciones también incluyen una filtración de documentos de la Contraloría General de la República (CGR) que revelan que, entre 2016 y 2017, el extinto Banco Corporativo (Bancorp) dio préstamos al 80% de las alcaldías de Nicaragua, para la construcción de supuestos parques turísticos, que nunca se hicieron. 

“Estos préstamos no llegaron a las alcaldías y estos parques no fueron construidos. No existen estas obras en las alcaldías que asumieron estas deudas. Sin embargo, las alcaldías estuvieron pagando esta deuda que contrajeron con la Contraloría. Por otra parte, sí encontramos en algunos presupuestos que destinaron muy pequeños montos para obras menores, pero finalmente los parques recreativos que se suponía que responden a una estrategia nacional, no fueron construidos”, explicó Valle. 

Aunque se desconoce el paradero de estos préstamos, las pistas indican que quedaron en manos del Estado o de las mismas constructoras. “Ahí tendría que venir un ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia. Sabemos que esto no va a suceder, al menos desde el poder, pero en estos casos conviene hacerlos del conocimiento público para que en algún momento se vuelva a pedir cuentas sobre todas estas cosas que van a quedar como una especie de 'legado' de este Gobierno”, subrayó Lizárraga.

Usaron fondos para trasportar turbas

En el libro se estudió el caso de los señalamientos de represión dirigidos por los ediles de las alcaldías de Matagalpa, Masaya y Jinotepe, que quedaron en la impunidad. Fuentes vinculadas a la municipalidad de Matagalpa aseguraron a Urnas Abiertas que las municipalidades tomaron unos 100 000 dólares del Presupuesto General de la República de 2018, para gastos de movilización para la represión.

“Una de las pistas que nos da este caso, es que hubo una partida que se incrementó en las alcaldías en concepto de transporte, fuentes que logramos tener y consultar dentro de esta alcaldías, lo que indican es que no necesariamente con esta partida se compraron armas o se compraron alguna de las cosas con las que se agredió, pero sí, definitivamente, se financió el traslado de grupos paramilitares de fuerzas de choque”, explica Valle.

Lizárraga señaló que las investigaciones confirmaron la existencia de una cadena de mando a quienes realizan la corrupción en las municipalidades. Hay personas que están “a ras del piso” acatando órdenes, pero “no por eso no son responsables, ni son culpables, sino que simplemente forman parte de una de una cadena, son un eslabón que cuando existan otro tipo de condiciones deberán de investigarse”. 

La directora de Urnas destacó que, a través de una encuesta realizada en 2022, se comprobó que hay una percepción generalizada de graves déficit de la transparencia de los gobiernos locales, porque se ha disminuido la información que permitía fiscalizar el poder. Además, hay instituciones como la Contraloría General de la República que es cómplice de la dictadura. Sin embargo, destacan el rol de los funcionarios públicos y trabajadores del Estado que permiten conocer lo que está pasando dentro del régimen. 

“No merece hacer un señalamiento categórico de que todas y todos los funcionarios públicos son cómplices. Definitivamente, hay quienes sí lo son, pero también hay otro grupo que sabe lo que está pasando, que también está siendo víctima de hostigamiento, de lo que significa estar en la cárcel del Estado. Sin embargo, estos funcionarios también han colaborado con filtraciones. Entonces, yo creo que hay que ir detrás de quienes han cometido actos de corrupción y represión, pero también seguir incentivando a quienes tienen información relevante para visibilizar cómo funciona en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega”, opinó Valle.