6 de mayo 2023
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Miembros de la diáspora y exiliados políticos urgieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que redesigne y amplíe el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los nicaragüenses, lo que causaría un alivio a miles de migrantes que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular huyendo de la crisis sociopolítica de Nicaragua a partir de 2018.
El abogado experto en derecho internacional y miembro de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, Harold Rocha, explica que la redesignación del TPS para los nicaragüenses estaba prevista por la Casa Blanca para la última semana de abril. No obstante, la oficina de la asesora para política interna del presidente Biden consideró oportuno incluir a los migrantes de El Salvador y Honduras por lo que se retrasó el proceso.
En Washington “decían que en el caso de Nicaragua la decisión ya estaba tomada y que ellos darían una respuesta a finales de abril”, señala Rocha. Sin embargo, “no hemos tenido noticias todavía” y ahora preocupa que el tema pierda impulso “con las medidas que se están tomando en la frontera (con México) para facilitar la transición del Título 42 al Título 8”, las que están dirigidas a impedir un auge de la migración irregular.
El TPS es un beneficio migratorio que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras “condiciones extraordinarias y temporales”. Este permite al beneficiario permanecer legalmente, obtener un permiso de trabajo, un número de Seguro Social y optar a diferentes beneficios públicos que pudiesen necesitar en algún momento.
Los nicaragüenses recibieron el TPS por primera vez en 1999 después del desastre ambiental causado por el huracán Mitch. En 2021 había 4250 beneficiarios del TPS procedentes de Nicaragua, según informó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos en un informe al Congreso.
En 2017 y 2018 el expresidente Donald Trump intentó acabar con el Estatus de Protección Temporal para los nicaragüenses y varias otras nacionalidades. Situación que llevó a un grupo de organizaciones de derechos civiles a recurrir judicialmente ante un tribunal de primera instancia en California y luego ante la corte de apelaciones.
Los organismos argumentaron “que el presidente no tenía autoridad para tomar esa decisión (cancelar el TPS) por sí solo, que tenía que consultarlo con una serie de partes y que no lo había hecho. Por tanto, el caso tendría que revisarse”, explica el abogado Rocha. El caso todavía “se encuentra en litigio”, agrega.
Redesignación para incluir a las víctimas de la represión
Desde que el presidente Biden asumió la Presidencia se ha apoyado en el TPS como una herramienta para otorgar alivio migratorio a cientos de miles de personas. En noviembre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional amplió por 18 meses más la validez de los documentos para los beneficiarios bajo las designaciones del TPS para Nicaragua, El Salvador, Haití, Sudán, Honduras y Nepal que vencían el 31 de diciembre.
En marzo pasado medios estadounidenses reportaron que la Administración Biden planea redesignar un TPS para los nicaragüenses víctimas de la represión de Ortega. Sin embargo, aún no está claro cuándo será implementado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y por cuánto tiempo estaría vigente.
La medida podría beneficiar a unos 300 000 nicaragüenses que huyeron del régimen nicaragüense tras la represión a las protestas de 2018 y la crisis sociopolítica generada en los años siguientes. Además de los nicaragüenses que ya cuentan con este tipo de protección.
La activista y dirigente de Nicaragüenses en el Mundo (MEM), Haydée Castillo, enfatiza que la necesidad de redesignar un TPS para nicaragüenses empezó a ser visible a partir de 2019, cuando iniciaron las olas de desplazamiento forzado y exilio político hacia EE. UU.
“Hay todo un grupo de organizaciones de la sociedad civil empujando esta iniciativa del TPS para nicaragüenses”, comenta Castillo.
La activista valora que a diferencia del programa de parole humanitario, que beneficia a las personas que deseen viajar a EE. UU., el TPS protege a quienes ya están en suelo estadounidense y que en su mayoría ingresaron de forma irregular.
“El parole no está cubriendo a las víctimas de la represión”, advierte Castillo. “Pueden haber casos, no lo dudo, pero no es una política que beneficie a la mayoría”. Asegura que la gente que ha salido de Nicaragua producto de la represión muchas veces lo hace de forma irregular, no cuenta con pasaporte y mucho menos con un patrocinador en EE. UU.
Antes que sea relegado de la agenda
Tanto Castillo como Rocha enfatizan en la urgencia de que el TPS para los nicaragüenses sea redesignado en los próximos días, de lo contrario podría ser relegado de la agenda estadounidense por temas como el fin del Título 42, previsto para el 11 de mayo próximo, o el inicio de la campaña electoral.
“Nuestro temor es que después del 11 de mayo la atención se centre en otra cosa y también porque los dos partidos (Republicano y Demócrata) a partir del segundo semestre inicien a preparar sus campañas presidenciales”, comentó Rocha.
Solo esta semana la Administración Biden confirmó el envío de 1500 soldados a la frontera con México para el próximo 10 de mayo. El despliegue llega a medida que el Gobierno se prepara para ponerle fin al Título 42, una política migratoria impuesta por el expresidente Trump que impidió el ingreso de los migrantes a Estados Unidos por la frontera sur como una restricción más derivada de la pandemia de covid-19.
Legisladores demócratas respaldan petición
Recientemente dieciséis integrantes del Caucus Hispano del Congreso (CHC, por sus siglas en inglés) solicitaron a la administración de Biden redesignar y ampliar el TPS a los nicaragüenses y advirtieron la “necesidad de seguridad sobre su estatus migratorio en tiempos inciertos como estos”.
En una carta pública los congresistas expresaron su apoyo a la solicitud realizada por defensores de los inmigrantes y miembros de la diáspora nicaragüense y pidieron que se publique “una decisión final lo antes posible”.
La misiva fue firmada por los congresistas: Sylvia R. García, Jesús G. “Chuy” García, Darren Soto, Andrea Salinas, Tony Cárdenas, Nanette Díaz Barragán, Nydia M. Velázquez, Juan Vargas, Grog Casar, Alexandria Ocasio-Cortez, Delia C. Ramírez, Linda T. Sánchez, Adriano Espaillat, Jimmy Gómez, J. Luis Correa, y Joaquín Castro; todos demócratas de ascendencia hispana y latina.
Manifestaron que entienden que actualmente el litigio relacionado con la terminación de las designaciones de TPS para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán está en curso, pero demandaron la agilización del proceso.
“Muchos miembros de la comunidad y familias siguen sin estar seguros hasta que se publique la decisión final de su Administración. Una redesignación de TPS para Nicaragua es necesaria ahora más que nunca, ya que el Congreso se ha estancado en la aprobación de una reforma migratoria integral, el Título 42 pronto será rescindido, y la situación de inmigración sigue siendo fluida”, subrayan.
