13 de octubre 2022
La Unión Europea (UE) extendió por tercer año consecutivo las sanciones impuestas contra altos funcionarios y personalidades vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión llega luego que la dictadura expulsó a la jefa de la delegación europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt, y rompió relaciones diplomáticas con Holanda.
El Consejo Europeo —institución en la que están representados los Gobiernos de los 27 países miembros— informó este martes 13 de octubre que ha extendido el marco legal, en el que se basan estas sanciones, hasta el 15 de octubre de 2023.
Este régimen de sanciones lo impuso la UE en octubre de 2019 contra personas y entidades “responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, así como contra quienes llevan a cabo “políticas o actividades que socavan la democracia y el Estado de derecho”.
Desde que se creó este marco legal, el bloque europeo ha sancionado a 21 altos funcionarios del régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Murillo y sus hijos Juan Carlos, Camila y Laureano Ortega Murillo.
Estos 21 nicaragüenses no pueden viajar a ningún país de la UE y tienen inmovilizados sus bienes en Europa y, además, los ciudadanos y las empresas europeas están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición.
También han sido sancionadas tres instituciones: la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
En un comunicado, el Consejo Europeo advirtió que “la UE sigue constantemente los acontecimientos en Nicaragua, y puede decidir renovar las sanciones y modificar la lista de entidades o personas objetivo en función de los acontecimientos en el país”.
Tras expulsión de embajadora de la Unión Europea
En el comunicado, los 27 Estados destacan que la “decisión se produce tras la injustificada decisión del régimen de Nicaragua de expulsar del país a la jefe de la Delegación de la UE, y cortar los lazos diplomáticos con el Reino de los Países Bajos, así como la respuesta recíproca de la UE de declarar a la jefa de la Misión de la República de Nicaragua a la UE como persona ‘non grata’”.
A finales de septiembre pasado, Ortega ordenó la expulsión de la jefa de la delegación europea en Nicaragua, Bettina Muscheidt, y días después anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Holanda. En respuesta, la UE declaró el 10 de octubre “non grata” a la jefe de la misión de Nicaragua en Bruselas, Zoila Yanira Müller Goff.
El bloque asegura que “la UE reafirma su continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”.
“La actual crisis política en Nicaragua —prosigue— debe resolverse a través de un diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición. La UE permanece abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que este diálogo se lleve a cabo de manera respetuosa”.