20 de enero 2020
El nuevo consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) señaló —al momento de ser juramentado— que reactivará su plan de desobediencia civil e impulsarán más presión internacional, para forzar al régimen de Daniel Ortega a negociar la reforma electoral con la verdadera oposición aglutinada en la Coalición Nacional y no solo con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional.
“En esta nueva etapa nos vemos en las calles, nos vemos a la par de las víctimas de la dictadura exigiendo libertad y justicia. Nos vemos recorriendo los barrios y comunidades del Pacífico y del Caribe construyendo Unidad. Ese es nuestro compromiso”, dice un pronunciamiento leído durante el acto de juramentación.
Tamara Dávila, quien fue juramentada para un primer periodo, precisó que el régimen “va hacer todo lo posible para entronar una reforma (electoral) dentro de sus cúpulas” y solamente con la unidad de la oposición se puede lograr la “suficiente presión” para “empujar las reformas necesarias para tener una casilla propia y empujar un proceso de liberación de todos los presos políticos”.
A criterio de Dávila, el régimen ha demostrado ser “sensible” ante la presión nacional e internacional, y “a eso es a lo que estamos apostando”. “Ellos van a seguir son su arreglos de cúpulas, pero la apuesta de esta oposición, de nosotros como unidad, es ejercer la suficiente presión”, para poder “ir a las calles a un proceso electoral donde haya garantías”, comentó Dávila.
Presión al régimen
La estrategia de la UNAB para arrinconar al régimen es manteniendo las protestas en las calles. Sin embargo, los diputados sandinistas de la Asamblea Nacional han manifestado que no negociarán la reforma electoral con la UNAB y la Alianza Cívica. Es así que Violeta Granera, quien fue reelecta en el consejo político del a UNAB, le recordó a la dictadura que “en todos los convenios y las resoluciones internacionales está estipulado que las reformas electorales tiene que ser en el marco de un diálogo con la Alianza Cívica y con todos los sectores” de la oposición.
Granera advirtió al régimen que unas reformas unilaterales —como pretenden realizar— no tendrán ningún resultado positivo, “no vamos a aceptar reformas superficiales que quieran engañar inútilmente al pueblo”. Además instó a los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea a que “no entren en el juego de Ortega”.
Por su parte, Ariel Sotelo —quien representa a los estudiantes dentro de la UNAB— recordó que los partidos políticos también son bienvenidos en la Coalición Nacional, ya que es fundamental lograr la unidad de toda la oposición, pero advirtió que estos deben demostrar que son “verdadera oposición” y no sentarse a “negociar” con el orteguismo a espaldas del pueblo.
Ante la advertencia lanzada por el estudiante, Granera enfatizó que dentro de la Coalición Nacional han “establecidos criterios claros para las conversaciones con los partidos políticos” debido a que consideran que “no es un asunto de que vamos a ir a negociar nada, simplemente —fiel a lo que hemos detectado que es la demanda del pueblo de Nicaragua— vamos a abrir conversaciones con todos los partidos”, subrayó.
Retoman los piquetes
Luego del anuncio de la desobediencia civil contra el régimen, un grupo de madres de presos políticos —quienes se encuentran en huelga de hambre— organizaron un piquete en un centro comercial de de Managua. Sin embargo, la información se filtró antes de que las mujeres llegaran al punto de reunión y un grupo de oficiales de la Policía se posicionó del lugar. Las madres permanecieron acorraladas en el interior de un supermercado durante un par de horas.
Horas antes las madres de los presos políticos solicitaron al régimen de Ortega, el regreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos (Acnudh), para atender el casos de sus hijos. El llamado de las mujeres, busca que sus hijos no tengan que extender por más días la huelga de hambre iniciada el sábado pasado, para presionar al Gobierno de darles libertad.