11 de septiembre 2024
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Uno de los 135 excarcelados nicaragüenses despojados de su nacionalidad por las órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua recibió la noticia con sorpresa, en Guatemala, y describe como "un dolor inmenso" la decisión a la que se sumó además la congelación de los bienes.
"Se siente como una espada atravesando mi pecho", dijo a EFE el excarcelado Pedro José Gutiérrez, que recibió la noticia de que oficialmente había perdido la nacionalidad nicaragüense mientras se encontraba en un hospital de la Ciudad de Guatemala recibiendo atención médica por problemas en su columna.
Gutiérrez, que es mecánico industrial y activista, asegura que es "un dolor inmenso que nuestros hermanos de lucha han sido desterrados y se hayan perdido nuestros bienes, es una gran impotencia porque no podemos hacer nada estando en medio de un proceso de refugio".
El excarcelado político y desterrado estuvo preso 18 meses, desde 2022, luego de criticar abiertamente en redes sociales y en acciones públicas al presidente Daniel Ortega por el apresamiento de opositores, activistas o artistas, entre otras personas.
Antes de ser liberado y llegar a Guatemala, Gutiérrez asegura que fue golpeado, torturado y además pasó 90 días en una celda pequeña esposado de manos las 24 horas.
En 2018, Gutiérrez también fue detenido durante las manifestaciones de abril de ese año que se realizaron en rechazo a diversas reformas políticas, así como el incendio de la reserva natural de Indio Maíz.
"Esta decisión de Ortega nos va a afectar a todos sin excepción, nadie puede decir que puede regresar a Nicaragua, nadie se libra de perder sus bienes", lamenta el excarcelado.
El nicaragüense buscará concentrarse por ahora en seguir los procedimientos fijados por las autoridades de Estados Unidos y Guatemala para regularizar su situación migratoria, pero indica que seguirá denunciando a distancia su preocupación por "los presos políticos actuales que no pudieron" acompañarles.
Opositores y activistas condenan desnacionalización
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) y la oenegé Colectivo Nicaragua Nunca Más condenaron la desnacionalización y confiscación de bienes contra 135 excarcelados políticos nicaragüenses que fueron desterrados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024, tras una negociación entre Washington y Managua.
En una declaración, la CDN-Monteverde condenó "la ilegal decisión de la Corte Suprema de Justicia, al servicio del régimen Ortega Murillo, de despojar de la nacionalidad nicaragüense y confiscar los bienes de las 135 personas presas por razones políticas que, por gestiones del Gobierno de Estados Unidos, fueron excarceladas y desterradas a Guatemala".
"Con esta acción arbitraria de despojo de la nacionalidad se afecta el gozo efectivo de los derechos humanos y se deja más vulnerables a los 135 presos de conciencia, que ahora se suman al primer grupo de 222 reos y al de 94 personas de diferentes sectores de la sociedad, contra los que en febrero de 2023 se cometió este delito", reprochó el movimiento opositor nicaragüense en el exilio.
"A ellos se suman otros cientos de nicaragüenses a quienes de facto también han despojado de la nacionalidad", agregó.
Violan Convención para Reducir la Apatridia
La CDN-Monteverde advirtió que Daniel Ortega, junto con su esposa Rosario Murillo, "en su estrategia de persecución política contra las voces disidentes, nuevamente violó los artículos 8 y 9 de la Convención para Reducir la Apatridia de 1961".
"El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado que la privación arbitraria de la nacionalidad menoscaba el pleno disfrute de todos los derechos humanos y la libertad fundamental de un individuo", argumentó.
Por su lado, el defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Braulio Abarca, también lamentó la desnacionalización de los excarcelados enviados "arbitrariamente" a Guatemala.
"Desde el Colectivo Nicaragua Nunca Más solicitamos a la comunidad internacional que continúe monitoreando las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, así como también se realicen procesos de rendición de cuentas y de monitoreo de las violaciones a los derechos humanos en el país", abogó el activista.
La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió este mates una resolución en la que ordenó "la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional".
Esos 135 apátridas se suman a los 317 nicaragüenses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, a los que las autoridades retiraron su nacionalidad en febrero de 2023.
