3 de octubre 2019
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Contundencia. Esa fue, ni más ni menos, la petición que hicieron los nicaragüenses que viajaron a El Salvador para reunirse con la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el régimen de Daniel Ortega no dejó entrar al país.
Violeta Granera, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que esperaban que el Informe a presentar al final del plazo de 75 días otorgado a la Comisión, sea clave para aplicar la Carta Democrática Interamericana, y separar al Estado nicaragüense del seno de la OEA.
“Daniel Ortega no tiene voluntad de dialogar, y no lo hará si no se le presiona”, señaló.
Por su parte, Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recordó que “en 75 días, ellos van a presentar un informe muy objetivo, basado en la investigación que están haciendo, y estamos confiados en que ese informe será tan contundente, como el de las Naciones Unidas”.
Al considerar la situación de más de 130 presos políticos que siguen siendo rehenes de Daniel Ortega, y decenas de miles de exiliados que conforman la nueva diáspora nicaragüense, la lideresa Irlanda Jerez instó a los gobiernos de Centroamérica a declarar una emergencia humanitaria en la región.
Félix Maradiaga aprovechó para lamentar “el silencio del Sistema de Integración Centroamericana (SICA)”, en especial después que parlamentos como el europeo, chileno, canadiense, y hasta el sistema bicameral estadounidense en pleno se pronunciaron condenando al régimen, o directamente, aplicándole sanciones.
La expectativa de Jerez es que, puesto que el Informe que prepara la Comisión de Alto Nivel “llevará sangre, dolor, luto y lágrimas”, espera que sea “un informe contundente”.
A su lado, Violeta Granera aclara que no solo se trata de hacer esa petición a los cinco comisionados de la OEA, sino que hay que trabajar para que sea así, razón por la que les están proveyendo la información necesaria para lograrlo.
Y si contundencia es lo que quieren, eso parece ser lo que tendrán.
Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, dijo al programa Esta Noche, que se transmite en línea, que “tenemos la esperanza de reunirnos con el Gobierno, pero no será necesario, porque tenemos la información necesaria para hacer el reporte”, al que terminó catalogando de “contundente”.
Nada está normal
Lejos de la ‘normalidad’ que el régimen de Daniel Ortega pretende simular lanzando a las calles a su policía y a sus paramilitares, el liderazgo que se dio cita en San Salvador, describió ante la prensa de ese país cuál es el día a día de los nicaragüenses.
Guillermo Incer, de la UNAB, dijo a los periodistas que “nada está normal en Nicaragua. Es cierto que ya no hay hordas asesinando como en 2018, pero se mantiene intacto el aparato represivo que asesina campesinos; que retiene medios de comunicación, y confisca a oenegés”.
Al hacerlo, recordó el robo de las instalaciones donde funcionaban Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú, así como las de 100% Noticias, o el reciente cierre de El Nuevo Diario.
“En Nicaragua hay un total irrespeto a cualquier tipo de libertades”, insistió, por lo que pidió el apoyo del pueblo salvadoreño para seguir denunciando el predicamento pinolero ante la comunidad internacional.
“Si esta conferencia hubiera sido en Managua, habría 40 patrullas de Policía estacionadas en los alrededores” para impedir la cobertura, “y cuando saliéramos de la conferencia, sufriríamos persecución y detenciones”, ilustró.
“El obstáculo que existe entre la democracia y las libertades en Nicaragua, es la dictadura”, enfatizó.
Félix Maradiaga elevó el nivel de la alerta, al explicar cómo en el país se ha entrado a una nueva fase de la represión, que consiste en la criminalización del liderazgo opositor a todo nivel, lo que funciona como caldo de cultivo para que radicales actuando supuestamente por decisión propia, comiencen a asesinar a opositores.
Maradiaga inscribió en ese escenario, el reciente asesinato de la ciudadana estadounidense Ariana Enid Martínez García, acaecido a manos de un paramilitar que actúa amparado en el régimen de impunidad que le garantiza el orteguismo.
“Después van a decir que estas personas actuaron por su cuenta, pero todos sabemos que ningún pistolero, sicario o gatillero, actúa de forma independiente en el Frente Sandinista”, señaló.
Ante ese panorama cada vez más sombrío y desesperanzador, el excarcelado líder universitario Nahiroby Olivas volvió a abogar por la unidad de todos los sectores que adversan del orteguismo.
“Necesitamos lograr acuerdos internos que nos permitan crear la unidad opositora que dé golpes contundentes al régimen de Daniel Ortega”, invitó, mientras Jesús Téfel, también de la UNAB, declaraba que “necesitamos generar un estado de diálogo que nos permita alcanzar consensos en torno a los principios y valores en los cuales se va a fundar el país que queremos”, pese a que la represión del régimen dificulta esa tarea.
Riesgo regional
Más que una frase para la propaganda, asegurar que Daniel Ortega y sus paramilitares son un riesgo de seguridad y una ruptura del orden regional, es algo que tiene base legal, tal como lo advierte Félix Maradiaga, recordando el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que se firmó en 1995, y aprobado por la Asamblea Nacional en junio de 1996.
“Es claro que la inseguridad e inestabilidad en un país afecta a la región”, afirmó el politólogo, a quien la historia reciente le da la razón, especialmente cuando se recuerda que el comercio centroamericano se detuvo por varias semanas, como efecto colateral de la decisión ciudadana de construir tranques para protegerse de los ataques paramilitares.
El citado Tratado Marco recalca que solo pueden existir los cuerpos armados que manda la Ley, por lo que la existencia de un ejército paramilitar irregular en el país, violenta directamente el espíritu de ese acuerdo.
El artículo tres indica que “para garantizar la seguridad del individuo, las Partes se comprometen a que toda acción realizada por las autoridades públicas, se enmarque en su respectivo ordenamiento jurídico y el pleno respeto a los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos”.
El artículo cuatro por su parte, detalla que “cada una de las Partes establecerá y mantendrá en todo momento un control eficaz sobre sus fuerzas militares o de seguridad pública, por las autoridades civiles constitucionalmente establecidas; velará porque dichas autoridades cumplan con sus responsabilidades en ese marco y definirá claramente la doctrina, misiones y funciones de esas fuerzas y su obligación de actuar únicamente en ese contexto”.
