15 de abril 2018
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La situación de la libertad de prensa y el contexto político se han deteriorado en Nicaragua, según la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que celebra en Medellín su reunión de mitad de año.
El informe señala que la fundación alemana Bertelsmann colocó al país "entre los cinco donde ya no hay democracia" debido al acoso estatal.
Entre las razones de Bertelsmann citadas por la SIP destaca "que las últimas elecciones presidenciales (noviembre de 2016) se realizaron sin competencia" y en ellas el presidente Daniel Ortega alcanzó el 72.4 % de los votos y obtuvo 70 diputados de los 90 que tiene la Asamblea.
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Recuerda además que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "puntualizó su preocupación por la libertad de prensa" debido a una serie de violaciones.
Entre ellas están "la cultura del secreto que impide entregar toda clase de información oficial a los medios independientes, la falta de conferencias de prensa por parte de Ortega en 10 años en el poder y las represalias contra funcionarios cuando ofrecen declaraciones a un medio independiente".
"Además, los medios televisados están controlados por un duopolio compuesto por la familia presidencial y el empresario mexicano Ángel González y se hace uso discriminatorio de las licencias y frecuencias de operación, así como de la publicidad estatal", añade.
Recuerda además que el pasado 13 de marzo la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, "anunció que se deberán regular las redes sociales para prevenir la violencia y las noticias falsas" con el argumento de "proteger a la niñez, a los jóvenes" porque "las redes sociales representan 'amenazas' para la familia".
"Desde hace un tiempo una página web y una cuenta en Facebook llamada 'Nicaleaks' apoyada por el oficialismo, se dedican a acosar e injuriar a los opositores al Gobierno", añade.
Igualmente cita el caso de la periodista Martha Vásquez Larios, de La Prensa, que "ha sido víctima de represalias del Poder Judicial después de publicar información sobre los incrementos de gastos en la Corte Suprema de Justicia, basados en el Presupuesto General de la República para gastos de mantenimiento de vehículos".
