12 de julio 2019
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Dos destacados senadores estadounidenses, de origen latinoamericano, solicitaron al secretario de Estado, Mike Pompeo, incluir en la lista de sancionados con la Nica Act, al dictador Daniel Ortega, a cinco altos mandos policiales y tres directores del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Todos señalados de abusos y corrupción.
Los influyente senadores Ted Cruz, del Partido Republicano, y Robert Menéndez, de los Demócratas, incluyeron en su lista a la primera comisionada en retiro, Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional; el comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Jaime Vanegas, inspector general de la Policía; el comisionado general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); y el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).
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Recordaron que en un reciente informe, Human Rights Watch (HRW) recomendó sanciones específicas contra estos personajes, señalados como los responsables de las torturas contra presos políticos, abusos contras los opositores y ataques contra la sociedad civil y libertad de prensa.
“Es crítico que los Estados Unidos redoble los esfuerzos de la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen de Ortega y así asegurar el respeto de los derechos del pueblo nicaragüense, el procesamiento de quienes violen los derechos humanos y el restablecimiento de la democracia”, argumentaron los legisladores, miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Asesinato de Eddy Montes
En una carta dirigida a Pompeo, fechada el pasado miércoles 10 de julio, los senadores solicitan también sancionar a tres altos cargos del SPN, señalados de cómplices en la muerte del ciudadano estadounidense y preso político Eddy Montes Praslin, asesinado por un custodio en una celda de La Modelo.
Estos funcionarios son: Julio Guillermo Orozco, director general del SPN; Darling Morales Duarte, director de La Modelo; y Donald Pérez Garay, director del área de máxima seguridad de La Modelo.
“Ha transcurrido más de un año desde que Ortega reprimió las protestas que dejaron sin vida a más de 320 personas, y seis meses desde que las fuerzas de seguridad del gobierno allanaran sedes de medios de comunicación y de organizaciones de la sociedad civil, disminuyendo la capacidad de las mismas a denunciar estos abusos”, mencionaron los senadores.
Daniel Ortega saluda al jefe de la Policía de Masaya, Ramón Avellán, el 13 de julio de 2018. Presidencia | Confidencial
Celebran las últimas sanciones
Los senadores celebraron las últimas sanciones contra funcionarios orteguistas. El pasado 21 de junio, Estados Unidos y Canadá sancionaron a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; al general en retiro Óscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura; Sonia Castro, ministra de Salud; y Orlando Castillo, director del Telcor.
Estos funcionarios se unieron a los ya sancionados: Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega; Laureano Facundo Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional. El Banco Corporativo (BanCorp), brazo financiero del régimen, también ha sido sancionado por EE. UU.
En un reciente encuentro con empresarios, el embajador de Estados Unidos para Nicaragua, Kevin Sullivan, advirtió que las sanciones estadounidenses seguirán contra más “individuos, entidades e instituciones” nicaragüenses, mientras el régimen no vuelva a la senda democrática y de respeto a los derechos humanos.
