22 de septiembre 2018
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El mismo miércoles 26 de septiembre que el comandante Daniel Ortega tome la palabra como penúltimo orador en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en New York, está previsto que a 252 millas de distancia, en el Capitolio de Washington, los senadores norteamericanos discutan, fusionen y voten un proyecto de ley para sancionar con mayor contundencia a la administración sandinista por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la rebelión cívica a partir del 18 de abril.
Un asesor del Senado estadounidense adelantó a Confidencial que la Comisión de Relaciones Exteriores de esa cámara legislativa votará ese día el proyecto de ley llamado “Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua 2018, S.3233”. La iniciativa es promovida por el senador demócrata Bob Menéndez, y cuenta con un amplio respaldo bipartidista, que incluye a senadores como Marco Rubio, Ted Cruz, Patrick Leahy, entre otros. En total, son catorce senadores los que aúpan este proyecto, y se da por descontada su aprobación en los pasillos de Washington.
Pero lo más llamativo de esa jornada legislativa será, según la fuente en el Capitolio, que el proyecto de Menéndez se fusionaría con la Nicaraguan Investment Coditionality Act, mejor conocida como Nica Act, que fue promovida desde el Congreso por la republicana Ileana Ros-Lehtinen.
El nuevo proyecto de ley ha sido comenzado a llamar en Washington como la “Magnitsky Nica”, en referencia a la Ley Global Magnitsky por las similitudes en sus componentes de sanciones. La Magnitsky, una normativa con un radio de acción mundial, ya sancionó a parte al entorno íntimo del comandante Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos y corrupción: Roberto Rivas, expresidente del Poder Electoral; Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua; y Francisco ‘Chico’ López, expresidente de Petróleos de Nicaragua (Petronic).
“La nueva versión del proyecto cuenta con las sanciones contra oficiales del Gobierno e individuos que fueron propuestas en la Magnitsky Nica, y va a fusionarlas con una versión modificada de la Nica Act, que incluye restricciones contra préstamos al Gobierno Ortega en las instituciones financieras, pero sin impacto a los intereses del pueblo nicaragüense”, reveló el asesor del Senado.
La fusión del proyecto de ley del senador Menéndez y la NicaAct sucederá durante la etapa de discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores. Tras ser votada en el Senado, la nueva ley de sanciones pasaría a votación final a la Cámara Baja. De acuerdo a la fuente en el Capitolio, el proceso de aprobación de la bautizada “Magnitsky Nica” en ambas cámaras “va a finalizarse en corto plazo”.
“Dado el deterioro de la situación en Nicaragua en los últimos meses y la violencia cometida contra el pueblo nicaragüense por el Gobierno Ortega y sus grupos paramilitares, el proceso de aprobación entre el Senado y la cámara baja se va a finalizar en plazo corto”, subrayó la fuente.
La nueva ley limitaría el acceso a los créditos ante los organismos financieros multilaterales, designaría sanciones individuales similares a la Ley Global Magnitsky, contempla el bloqueo de capitales, la revocación de visas y penalidades económicas, medidas que ya ha venido ejerciendo por distintas vías la administración estadounidense.
Adelanto de elecciones y cese de la represión
El borrador del proyecto de ley del senador Menéndez insiste en su sección tres en una “salida negociada” a la crisis nacional, que deja más de 324 muertos. Para ello, los senadores consideran imprescindible “negociaciones creíbles” a la luz del Diálogo Nacional mediado por los obispos entre el Gobierno, los sectores sociales bajo el paraguas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
La “salida negociada”, según el proyecto de ley S.3233, pasa por “el compromiso de celebrar elecciones anticipadas que cumplan con los estándares democráticos y permitan una observación electoral internacional creíble”. A renglón seguido señala “el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía Nacional de Nicaragua y por grupos armados apoyados por el Gobierno”. Y, por último, “investigaciones independientes sobre los asesinatos de más de 273 manifestantes”.
“Las negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y representantes de la Iglesia católica, la sociedad civil, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política en Nicaragua no han dado lugar a un acuerdo a la fecha de promulgación de esta ley porque el Gobierno de Nicaragua no participó de manera creíble en el proceso”, señala el borrador de ley.
