12 de febrero 2022
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El exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco y el líder estudiantil Max Jerez fueron declarados culpables por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”, durante el último juicio realizado en la segunda semana de audiencias, calificadas como “ilegales” por especialistas en derecho penal y defensores de derechos humanos.
La Fiscalía pidió 13 años de cárcel para ambos presos políticos y la inhabilitación a cargos públicos. Tinoco es miembro fundador de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes denominada Movimiento Renovador Sandinista, MRS), y Jerez es el presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN). Ambos enfrentaron una audiencia hermética realizada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el “Chipote”.
La Fiscalía presentó a tres oficiales de la Policía y miembros de la DAJ, como testigos contra el exvicecanciller, quienes básicamente llegaron a narrar las investigaciones que practicaron. Agregaron, como pruebas, dos videos de entrevistas que Tinoco otorgó al Canal 10; en una de ellas aseguró que “nadie está esperando una invasión extranjera”, confirmó CONFIDENCIAL.
A la audiencia ingresó su esposa, quien pudo conversar con él cerca de diez minutos durante el mediodía y despedirse antes que los policías se lo llevaran a su celda.
El también exguerrillero fue secuestrado la noche del 13 de junio de 2021 por un grupo de civiles. Fue montado en una camioneta cuando se encontraba en el parqueo de un centro comercial en Managua y llevado a la DAJ, sin una orden judicial, narró su familia poco después del hecho.
Su hija, Cristian Tinoco, ha demandado desde su encarcelamiento su inmediata libertad. La joven sufre de un tipo de cáncer por el que debe estar hospitalizada, y dicha enfermedad representa la mayor preocupación para su padre, retrata un reportaje publicado por CONFIDENCIAL.
Tía de Max Jerez
Jerez fue juzgado por la judicial Nadia Tardencilla en una audiencia que desconocía hasta el momento que lo llevaron a la sala. Lo mismo ocurrió con su par, el líder estudiantil, Lesther Alemán y la exguerrillera, Dora María Téllez, el pasado 3 de febrero cuando también fueron declarados culpables del mismo delito de “menoscabo a la integridad nacional”.
Durante el juicio, según un comunicado de AUN, Jerez solo logró decir: “la historia nos enseñará el lugar donde nos corresponda estar. Con dignidad y honor asumo este reto en prisión, porque todo cambio tiene sacrificio”.
Su tía, Blanca Meza, estuvo presente en el juicio, que calificó como un “circo” porque aseguró que los procesos judiciales han sido premeditados, con la aprobación de leyes “siniestras y nefastas”, destinadas a apresar, acusar, enjuiciar y condenar a todos.
#Urgente| La dictadura de Ortega y Murillo, a través de la jueza Nadia Tardencillas, declara culpable a Max Jerez en su farsa judicial.#libertadparalospresospoliticos #LibertadParaMaxJerez pic.twitter.com/Nk8pOTO2LE
— AUN (@AUNNicaragua) February 11, 2022
Meza aseguró que después de la lectura de sentencia, gritó en la sala que a su sobrino “lo pueden condenar a cien años, pero él es inocente, todos son inocentes y los tienen aquí presos porque les tuvieron miedo. Miedo es lo que tuvieron, por eso están aquí les dije yo, por el miedo”, señaló.
Recordó que los reos de conciencia están encarcelados por “pedir una patria en democracia, por pedir elecciones justas y verdaderas que algún día tiene que ser”, sostuvo. Logró hablar con Jerez por diez minutos, lo vio tranquilo y por su parte, le transmitió fortaleza.
Jerez fue capturado el 5 de julio de 2021 mientras se encontraba en una casa de seguridad. El joven vivió en la cárcel el dolor de no asistir a su madre, Heidi Meza, en sus últimos días de vida. Su mamá falleció el 17 de septiembre por un derrame pleural y neumonía. El régimen no le dio permiso para asistir al sepelio.
Jerez es uno de los mejores estudiantes de Nicaragua y fue condecorado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), por parte de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), cuya personería jurídica fue cancelada y sus instalaciones confiscadas por el régimen. Desde 2018, se involucró en la lucha cívica y participó en los dos intentos de diálogos entre la oposición y el régimen orteguista.
Contra líderes de Unamos
La captura de Tinoco fue parte de una cacería política contra los líderes de Unamos, que incluyó la expresidenta de ese partido político, Ana Margarita Vijil —sentenciada a diez años de prisión—; la presidenta de Unamos, Suyén Barahona; la fundadora y exguerrillera, Dora María Téllez —condenada a ocho años de cárcel—; la integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Tamara Dávila; y el general en retiro y comandante guerrillero, Hugo Torres.
Además de los constantes interrogatorios, el aislamiento y la incomunicación que atraviesan todos los presos políticos en “el Chipote”, a Tinoco junto a los reos de conciencia Irving Larios y Dora María Téllez, les han privado del derecho a sus pensiones de Seguridad Social.
Tinoco se integró al Frente Sandinista en 1973. Con los sandinistas en el poder, fue embajador de Nicaragua ante Naciones Unidas y después, fue vicecanciller (1981-1990). También fue miembro de la Dirección Nacional del FSLN y diputado en dos ocasiones, una por el FSLN y otra por el MRS.
Juicios en “el Chipote” violan la ley
Los juicios políticos reactivados por órdenes de Daniel Ortega se han programado para todo el mes de febrero en contra de los reos políticos, en las mismas instalaciones de “El Chipote”, donde decenas permanecen encarcelados desde finales de mayo de 2021.
Sin embargo, realizar estos procesos en las instalaciones carcelarias constituye una más de las ilegalidades al debido proceso, según la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno, en entrevista con Esta Noche.
Abogados que siguen de cerca los casos contra los presos políticos coinciden con Moreno en que los jueces no pueden realizar audiencias fuera del Complejo Judicial, y que las excepciones establecidas en el artículo 121 del Código Procesal Penal, solamente aplican para “diligencias” que requieran la presencia del juez en su competencia territorial.
Sin embargo, sostienen que la excepción no aplica en el caso de estos juicios políticos, porque ni la defensa ni la Fiscalía han solicitado que se desarrollen en “el nuevo Chipote”, indicó el abogado.
Se viola el derecho a la defensa
Otra de las ilegalidades es que los defensores de los presos políticos no han accedido a sus expedientes –de forma completa o parcial– y tampoco han logrado conversar libremente con los reos de conciencia.
Un abogado que da seguimiento a los juicios políticos aseguró a CONFIDENCIAL que en estos procesos se está violentando el ejercicio de la defensa técnica y material, en contra del artículo 124 del Código Procesal Penal (CPP), que establece que “las partes podrán obtener a su costa copias simples de las actuaciones judiciales sin ningún trámite”.
También, agregó, se violenta el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que en su numeral 4, demanda que “se garantice su intervención y debida defensa desde el inicio del proceso o procedimiento y a disponer de tiempo y medios adecuados para su defensa”.
Además, este 31 de enero, el Ministerio Público violó la presunción de inocencia de los presos políticos, al llamarles “criminales y delincuentes” en un comunicado en el que anunciaba la reanudación de los juicios.
“Estos mismos criminales y delincuentes, han reincido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, comprometiendo la paz y la seguridad. Son los mismos que promovieron y dirigieron los actos terroristas del fallido intento golpe de Estado del 2018, habiendo paralizado al país y creado daños a la economía; son los mismos que han provocado tanto dolor y luto en la familia nicaragüenses a causa de los asesinatos, torturas y secuestros”, publicó.
Igualmente, Ortega ya condenó a los presos políticos el pasado 8 de noviembre, en su discurso más virulento contra los presos políticos, en el que les llamó “hijos de perra del imperialismo”.
Demandan liberación de presos políticos
El régimen orteguista mantiene encarcelados a más de 170 nicaragüenses, y más de 30 de ellos permanecen en “el nuevo Chipote”, bajo aislamiento, en celdas de castigo, padeciendo torturas físicas y psicológicas, según han denunciado sus familiares, quienes solamente han logrado visitarlos en cinco ocasiones durante los más de seis meses de encierro.
Familiares de más de 30 presos políticos demandaron, a finales de enero, la anulación de los juicios y la liberación incondicional de todos los reos de conciencia. De esa forma, se sumaron a un comunicado anterior, en el que otro grupo de familiares apeló al apoyo de “gobernantes, fuerzas vivas de la nación e Iglesia (católica)” para que “encabecen” un “proceso de unificación ciudadana”, destacando que la liberación de los reos de conciencia serviría “como una especie de liberación compartida por todos los nicaragüenses”.
Tras los comunicados, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que había callado desde septiembre de 2021, respaldó la demanda de libertad de los reos de conciencia, y anunció su disposición a favor de un diálogo nacional “sin precondiciones”, en medio de la peor crisis de legitimidad del régimen orteguista, que previamente anunció encuentros con diferentes sectores económicos, sin mencionar al Cosep.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
El régimen ha utilizado contra la oposición el paquete de leyes represivas que aprobaron entre octubre de 2020 y febrero de 2021, siendo las más usadas hasta ahora, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”, que facilitó encarcelar a siete aspirantes presidenciales, además de líderes políticos, cívicos, estudiantiles, campesinos, exdiplomáticos, periodistas, activistas, profesionales y defensores de derechos humanos.
También ha utilizado la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, aprobada el 27 de octubre de 2020, que penaliza a quien –según los criterios del régimen– difunda “noticias falsas”.
Así, la Fiscalía condenó en enero a Donald Margarito Alvarenga y Douglas Cerros Lanzas. Alvarenga fue condenado por supuestamente incitar “al odio y la violencia”, a través de publicaciones de Facebook y mensajes de WhatsApp y por “subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional”; y Cerros por presunto menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
