21 de julio 2023
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El dictador Daniel Ortega mintió en su discurso del pasado 19 de julio cuando acusó al Parlamento Europeo de pedir “sanciones” y “tronar” contra Nicaragua al plantear su rechazo público a la condena a la invasión Rusia a Ucrania realizada en la reciente cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Bruselas.
Ortega dijo— frente a una audiencia reducida de simpatizantes, en plena debacle de su partido en las encuestas— que “el Parlamento Europeo habla barbaridades contra Nicaragua, contra nosotros, y pide más sanciones contra Nicaragua, y de la Unión Europea salen voces también violentas en contra, igualmente contra Venezuela, incluso, hablando de impedir la llegada del presidente Nicolás Maduro a la reunión, bajo la amenaza de que lo iban a meter preso”.
El régimen de Nicaragua mantiene una campaña sostenida de denunciar una supuesta intervención en sus asuntos internos para justificar las medidas internas de represión contra los nacionales que le son críticos.
Los diputados europeos se pronunciaron en realidad el 15 de junio de 2023, pidiendo sanciones contra Ortega, su círculo, jueces y fiscales, y no lo hicieron contra el país. Hasta ahora, las medidas de Europa han sido dirigidas a funcionarios de Nicaragua.
El 14 de octubre de 2022, la UE prorrogó durante un año las sanciones aplicadas hasta entonces a 21 funcionarios de Ortega, entre quienes se encuentra Murillo y sus hijos: Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo, pero además el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y el asesor presidencial Bayardo Arce, entre otros.
Según una nota de prensa, la Eurocámara denunció que los abusos de derechos humanos perpetrados desde abril de 2018 en Nicaragua no son un fenómeno aislado, sino que buscan desmantelar la separación de poderes, las garantías democráticas y concentrar todo el poder en Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
“Los eurodiputados lamentan la continua instrumentalización del sistema judicial y la complicidad de los jueces con el régimen. Piden por eso que la lista de sancionados por la Unión Europea se amplíe a jueces y fiscales, además de al propio presidente Ortega y su círculo más cercano”, demandaron los parlamentarios.
Los funcionarios europeos condenaron también el destierro y la privación de nacionalidad de 222 presos de conciencia, a quienes el sistema judicial bajo control de Ortega declaró “traidores de la patria” y conculcó sus derechos civiles y políticos. Igual reclamaron la libertad inmediata del obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión tras rechazar el exilio forzado impuesto por la dictadura a los otros reos políticos.
Han evitado daños a pueblo de Nicaragua
En sentido contrario a la mentira de Ortega, la Comisión Europea más bien ha evitado causar daños a la población, y se ha pronunciado en contra de suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación Unión Europea- Centroamérica (ADA).
“Si suspendemos esas actividades, los primeros que van a sufrir son los ciudadanos que ya sufren mucho bajo el régimen de Ortega”, dijo el Peter Stano, portavoz de la Comisión Europea, a Radio Francia Internacional (RFI) el pasado 12 de julio.
En sus discursos, Ortega suele decir que Europa no ha perdido su esencia “colonialista” y “esclavista”. Así lo aseguró el 11 de enero de 2022 cuando asumió su cuarto período consecutivo, después de unas votaciones fraudulentas, sin competencia electoral a causa de la represión.
