16 de abril 2019
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La suspensión de la cooperación de Canadá al régimen de Daniel Ortega, podría ser la primera de una escalada de sanciones internacionales en contra de la dictadura nicaragüense. El mismo gobierno canadiense ha planteado la posibilidad de imponer a los funcionarios orteguistas su propia Ley Magnitsky, mientras que los eurodiputados que viajaron a Nicaragua han solicitado que la Unión Europea inicie el proceso de sanciones contra el régimen.
El cierre de la cooperación canadiense se aplicó en secreto en agosto del año pasado y afectó a cinco programas de inversión en Nicaragua, por un monto global de aproximadamente 20 millones de dólares canadiense (15 millones de dólares estadounidenses). Dichas sanciones responden a la grave violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, reveló la cadena de televisión canadiense CBC News.
Para José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, las sanciones contra el régimen nicaragüense aumentarán en el corto plazo ya que “no se ve voluntad del gobierno para solucionar la crisis” en el país, la comunidad internacional se está cansando y Ortega ha demostrado que solo entiende “cuando hay correlación de fuerzas”.
Pallais descartó que las sanciones aplicadas por Canadá estén relacionadas con el fracaso en las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica: “No podemos decir que fue estrictamente por el incumplimiento de los acuerdos sino que tiene un soporte en toda la brutalidad demostrada, en cómo la Policía fue convirtiendo Nicaragua en un estado policial y se fue perdiendo todos los derechos y garantías constitucionales”.
Por otro lado, el jurista alertó que en el Parlamento Europeo ya “se están moviendo en esa línea de las sanciones… se ve un movimiento ahí, empujado por las mismas causas y ante la negativa del gobierno a implementar los acuerdos. Eso no ayuda en que se tenga confianza de que se está buscando una salida”, dijo.
No ven mejoras
La decisión del gobierno canadiense de cortar los fondos a Nicaragua se produjo cuando la represión por parte del régimen estaba en su apogeo. “La situación no ha mejorado desde que se escribió el memorando”, dijo a CBC News Adam Austen, portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland.
"Nuestro gobierno está preocupado por el deterioro de la situación de los derechos humanos y la desaceleración económica en Nicaragua. En vista de estas preocupaciones, tomamos la decisión de suspender la asistencia financiera directa al gobierno de Nicaragua el verano pasado", dijo Austen.
"Las acciones represivas del presidente Ortega contra su pueblo son inaceptables. Continuamos considerando todas las opciones diplomáticas y políticas a nuestra disposición para apoyar al pueblo nicaragüense", continuó Austen.
Según la información de CBC News, el memorando de corte de ayuda a Ortega fue firmado el 27 de agosto de 2018 y estaba marcado como “secreto”.
Además, un funcionario de Global Affairs le dijo a la televisora canadiense que “la razón para mantener en silencio las suspensiones de la ayuda era darle al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de responder a la presión canadiense sin que pareciera estar actuando bajo presión”.
Ante la falta de avances en la crisis nicaragüense, CBC explica que Canadá está considerando aplicar “las sanciones Magnitsky, que se dirigen a los funcionarios extranjeros individuales”.
“Hasta ahora, Canadá ha utilizado las sanciones de Magnitsky solo contra individuos de tres países: Rusia, Venezuela y Sudán del Sur. (El gobierno de los Estados Unidos sancionó a tres nicaragüenses bajo la ley Magnitsky en julio pasado, incluido el Director de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz)”, dice el artículo.
También está sobre la mesa: una posible degradación de las relaciones entre Canadá y Nicaragua, algo que ya ocurrió con Venezuela en 2017, agrega.
Donantes se apartan del orteguismo
Canadá se convirtió de esta manera en el tercer país que suspende la cooperación al régimen nicaragüense, después de Holanda y Luxemburgo, quienes decidieron retirarse tras la brutal represión de la dictadura que ha dejado unos 325 muertos en el país según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso de Holanda, su gobierno anunció en julio de 2018 la suspensión temporal de 18.4 millones de euros que serían utilizados para la cooperación para la construcción de un hospital en Bilwi, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, por “las graves violaciones de derechos humanos cometidas por oficiales de gobierno y parapoliciales”.
En el caso del Gran Ducado de Luxemburgo, este anunció la “congelación” de los desembolsos dirigidos al Gobierno de Daniel Ortega, incluyendo también la suspensión “del proceso de firma del nuevo Programa Indicativo de Cooperación” debido a la “escalada de la violencia, represión y detenciones arbitrarias” desde que iniciaron las protestas el 18 de abril del año pasado.
Canadá continúa sin embargo apoyando “proyectos implantados por ONG y organizaciones internacionales, poniendo el acento en las personas más vulnerables”.
Proyectos sin concluir
"Canadá es uno de los cinco principales donantes bilaterales más importantes de Nicaragua, con un programa de asistencia general de aproximadamente 20 millones de dólares canadiense (15 millones de dólares estadounidenses) por año a través de todos los canales de ayuda", señala la nota.
"Sin embargo, dado que el gobierno de Nicaragua ya no cumple con las condiciones para la provisión de asistencia financiera canadiense directa a los países socios, el departamento ha suspendido todos los pagos futuros al Gobierno de Nicaragua”, agrega el texto.
Entre los proyectos afectados con el congelamiento de los fondos de Canadá se encuentran: Electrificación en el campo, que iba a ser ejecutado por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) y crecimiento de empresas familiares climáticamente inteligentes, que sería ejecutado por el Ministerio de la Familia.
También se afectó otro programa sobre prevención de embarazos en adolescentes, que sería implementado por el Ministerio de Familia; un proyecto para promover comunidades inclusivas y libres de violencia, que sería ejecutado por la Policía Nacional y el proyecto Technolinks +, que es administrado por Mennonite Economic Development Associates.
