Arlen Cerda
7 de enero 2018
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Tras más de veinte años en el Poder Electoral, donde durante la última década ha sido la cara más visible de un sistema electoral colapsado, el empujón final para la salida del magistrado Roberto Rivas Reyes, del Consejo Supremo Electoral (CSE), ha llegado con las sanciones de Estados Unidos, bajo la Ley Global Magnitsky, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el 21 de diciembre. Llegó exactamente un día después del aval de la Organización de Estados Americanos (OEA) a otras cuestionadas votaciones en Nicaragua, las municipales del pasado noviembre.
Sin embargo, analistas y políticos nicaragüenses sostienen que la salida de Rivas —quien ya faltó a la juramentación de las autoridades electas en Managua, este jueves— no sería suficiente para garantizar el restablecimiento de la credibilidad y profesionalismo de la estructura electoral.
Mientras, analistas estadounidenses prevén aún más tensiones entre Nicaragua y Estados Unidos, donde aún no se descarta que el Senado apruebe las sanciones de la Nica Act ni tampoco otras más relacionadas con el entorno de Albanisa. Este viernes, Estados Unidos ya amplió las sanciones a funcionarios venezolanos.
"Son ridículas y son estúpidas, desconocen la realidad venezolana y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana" indica @jorgerpsuv Vicepresidente de Comunicación refiriéndose a las sanciones del gobierno estadounidense #AConstruirElPlanDeLaPatria pic.twitter.com/WIWJlYoCN1
— Cancillería 🇻🇪 (@CancilleriaVE) 6 de enero de 2018
La directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center, Cynthia Arson, opina que “por ahora se ve poco probable” que el Senado apruebe su versión de la Nica Act, pero la propuesta se mantiene en agenda.
Arson estima que hay una “aparente falta de entusiasmo de los principales líderes del Senado en temas de política exterior”. La administración del polémico Donald Trump parece mantenerlos más entretenidos.
Habrá más sanciones
La politóloga agrega que lo “más probable es la aplicación de sanciones adicionales bajo la Global Magnitsky Act, orientada a castigar a los que están involucrados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos”. Junto con el nombre de Rivas, en noviembre pasado, los legisladores estadounidenses también mencionaron al vicepresidente de Albanisa, Francisco López.
“La relación entre Nicaragua y Venezuela, encarnada en Albanisa, sigue siendo una preocupación por la falta de transparencia”, confirma Arson.
La sede de Albanisa en Managua. Carlos Herrera/Confidencial
Otra fuente estadounidense coincide en que “las presiones para tomar acciones contra Nicaragua y El Salvador (dos de los principales beneficiados con la ahora agotada cooperación venezolana) van creciendo, en parte (también) porque ambos países han girado hacia Rusia y las consignas antiestadounidenses han crecido”.
“Esta administración mira al mundo en términos de amigos o enemigos, y Nicaragua no ha dado ninguna muestra de ser amigo”, valora el analista en temas de seguridad para América Latina.
La fuente añade que “como aliado fuerte del régimen en Venezuela, y con apoyo a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), etcétera, (Nicaragua) está en la banda opuesta en temas estratégicos importantes”.
Concretamente, la iniciativa de sanciones Nica Act arrancó como una propuesta de los republicanos, a la que luego se sumaron demócratas de ambas Cámaras.
Incluso, al requisito de un informe sobre la participación de funcionarios del Gobierno en actos de corrupción, lavado de dinero o violaciones de los derechos humanos, el Senado ha añadido en su versión de la Nica Act la solicitud de un informe sobre “el grado de cooperación de los gobiernos de Rusia y Venezuela con el Gobierno de Nicaragua y sus fuerzas armadas y el personal de seguridad”.
El analista explica que la Magnitsky Act es una “herramienta muy fuerte” para sancionar a individuos y es “más fácil de usar” para imponer sanciones, por lo que cada vez hay más inclinación a usarla. “Estados Unidos va a actuar de manera individualista (en aplicar las sanciones), pero fuerte como los que desde acá se ven como enemigos, incluyendo a Nicaragua.
¿Y después de que Rivas se vaya?
A más de dos semanas de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos en contra de Rivas, el magistrado electoral y el comandante Daniel Ortega han callado sobre el tema. Tampoco la vicepresidenta Rosario Murillo ha expresado ninguna reacción oficial.
En diciembre, fuentes de la comunidad nicaragüense en España confirmaron a Confidencial que Rivas fue visto en Madrid para las fiestas navideñas. Pero se desconoce su paradero actual.
El excanciller Francisco Aguirre Sacasa opinó en entrevista con el programa Esta Noche que si Rivas no está en el país, “es con la anuencia, por lo menos con la anuencia, del presidente de la República, y posiblemente por instrucciones del mismo presidente”.
Fuentes del FSLN también dijeron a Confidencial que Rivas “está de vacaciones fuera del país”, pero no precisaron su destino. El magistrado posee lujosas propiedades en Costa Rica, donde su hermano es embajador y realiza constantes viajes y largas estadías. Este viernes, Estados Unidos notificó a Costa Rica sobre las sanciones al magistrado.
La expresidenta del Consejo Supremo Electoral, Rosa Marina Zelaya, quien cuando estuvo en ese Poder ingresó junto con Rivas hace ya más de veinte años, sostiene también que la salida de Rivas no es suficiente.
“Rivas solo es la cara visible de un sistema colapsado, que requiere cambios más profundos, porque la crisis no se reduce a una persona”, argumenta la exfuncionaria, tras reiterar la necesidad de renovar la estructura y el sistema electoral en su totalidad, para recuperar el profesionalismo y la credibilidad.
La abogada constitucionalista Azahálea Solís también considera que la urgencia de reformas electorales profundas “es evidente, incluso antes de la salida de Rivas”, y estima que esa misma percepción fue justo el planteamiento que “embarcó” a la OEA en las pasadas votaciones municipales.
“Las sanciones a Rivas son un acelerador”, dice. Sin embargo, cree que Ortega tampoco está dispuesto a ceder mucho, aunque Rivas “esté quemado”. “En su lógica de negociación, Ortega lo presentará como una cesión”, señala.
Solís también afirma que Rivas y Ortega deben resolver el manejo del "poderío económico de Rivas". "Es iluso pensar, en una sociedad tan controlada como la nuestra, que el poderío económico de Rivas es al margen de Ortega", sostiene..
Sin embargo, agrega que si el gobierno de Ortega da a Rivas otro cargo tras su salida del CSE, este no será para conservar su inmunidad, porque esta no le hace falta para evitar sus demandas debido al férreo control orteguista sobre el sistema judicial y los entes fiscalizadores y la falta de independencia de los mismos.
"Creo que si le busca otro cargo más bien es por darle el mensaje que no lo está dejando en el aire, que no lo deja solo, y no le importa que los nicaragüenses vean que lo están premiando, eso los tiene sin cuidado", lamenta.
El papel del sector privado
El excanciller Francisco Aguirre Sacasa estima que el sector privado juega un papel principal en el tema, pero alerta que este no debería desempeñarlo en Estados Unidos, sino en Nicaragua.
Los titulares de AMCHAM y el COSEP junto al comandante Daniel Ortega. Carlos Herrera/Confidencial
“Lo más importante para el gobierno de Nicaragua debe ser demostrar que están genuinamente comprometidos con retomar el sendero de la democracia representativa, y en ese sentido, me parece a mí que el sector privado, que es prácticamente o realmente el que tiene un diálogo con Daniel Ortega, debería hacer hincapié en la labor interna aquí en Nicaragua”, sugiere.
Desde mediados del año pasado, miembros del sector privado contrataron a un grupo de cabildeo en Estados Unidos, pero las sanciones contra Rivas y la entrada de la Nica Act a la agenda del Senado, “demuestra que cualquier cabildeo que haya del gobierno o del sector privado no ha sido efectivo”, alerta Aguirre Sacasa.
El exembajador de Nicaragua en Costa Rica y excandidato a alcalde de Managua por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Mauricio Díaz, también cree que el Gobierno de Nicaragua “debería estar preocupado por decir algo, por pronunciarse, por tomar distancia de las sanciones. Dicen que el que calla, otorga y hasta el día de hoy no veo ninguna señal de ese lado”, critica.
A su juicio, “es un tema bien delicado, va a afectar a todo el mundo, incluyendo la economía nacional. Siempre he visto a la empresa privada más preocupada por los negocios, que por los derechos civiles. Ojalá que con esto recuerden que los derechos son un todo”.
Además, Díaz considera que "es un deber que se investiguen" las acusaciones contra Rivas, pero reconoce que "la Contraloría no funciona, que hay un grupo de protegidos, que las leyes se aplican para unos y no para otros, porque hay ciudadanos de primera y de segunda o de tercera"
El también exdiputado ante el Parlamento Centroamericano valora que "si este gobierno no hace nada, estamos corriendo el riesgo de que nos pongan el fierro o simplemente que los países comiencen a tomar distancia, y que la cooperación que ya está languideciendo se termine de extinguir, sobre todo ahora que no hay cooperación venezolana".
"En cualquier país ya habría una causa abierta contra Rivas. Lo que necesitamos es Nicaragua es una CICIN (Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Nicaragua), como la de Guatemala. Eso es lo que nos hace falta, desde hace mucho. Porque estos son casos graves. No solo se trata del mal uso del erario. También está de por medio lo que todos conocemos sobre los fraudes. Hay un vínculo directamente proporcional entre el enriquecimiento de este señor y los fraudes electorales que hemos visto del 2008 para acá", sostiene Díaz.
Daniel Ortega junto a Nicolás Maduro en un acto oficial en Managua. Archivo | Confidencial.
Además, interpreta que tampoco el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) le genera confianza a Estados Unidos.
Albanisa ya está en el radar
Previo a las sanciones contra Rivas, un grupo de legisladores estadounidenses también solicitó medidas contra el vicepresidente de Albanisa, Francisco López.
Aguirre Sacasa considera que “Albanisa ya ha sido declarada como ‘radioactiva’ por el Tesoro de Estados Unidos”, tal como recuerda que fueron advertidos los representantes jurídicos y responsables del buen manejo de cada uno de los bancos nacionales en septiembre pasado.
“Hubo un mensaje claro para el sector financiero nacional: ‘El accionista principal de Albanisa se llama PDVSA, que está en la lista negra del Tesoro, ergo ustedes tengan mucho cuidado con cualquier transferencia que hacen o que hagan en el futuro a Albanisa’. O sea que ya la señal esa se dio”, reitera.
Confidencial confirmó meses atrás que todos los bancos del sistema financiero nacional, excepto uno, retiraron todos los fondos que Albanisa tenía en esas instituciones. El único que no lo habría hecho es el Banco Corporativo, del cual Albanisa es el principal accionista, y al cual fueron redepositados o transferidos esos depósitos, a fin de que los bancos se cubrieran contra la repercusión.
