13 de abril 2016
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El departamento de Estado de los Estados Unidos público este miércoles su informe anual de 2015 sobre los derechos humanos en el mundo, en cuyo capítulo referido a Nicaragua critica que el poder está concentrado en la figura del comandante Daniel Ortega y el Frente Sandinista, ejerciendo “un control significativo” sobre el poder legislativo, judicial, electoral y la Policía Nacional.
El Secretario de Estado John Kerry suscribe este informe titulado “Country Reports on Human Rights Practices for 2015”, que resalta en su resumen ejecutivo que observadores nacionales e internacionales han señalado desde 2011 las “graves deficiencias” de las elecciones en el país.
“Las organizaciones internacionales y nacionales expresaron su preocupación con respecto a la legitimidad constitucional de la reelección de Ortega. Las elecciones de 2011 permitieron al partido en el poder una mayoría en la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta los cambios en la Constitución, incluida la ampliación del alcance del poder ejecutivo y la eliminación de las restricciones a la reelección de funcionarios del poder ejecutivo y alcaldes”, dice el informe.
El Departamento de Estado resalta que Ortega “mantuvo un control efectivo” sobre las fuerzas de seguridad (Ejército y Policía). Según el informe, las principales violaciones de los derechos humanos fueron las restricciones al derecho de los ciudadanos a votar; obstáculos a la libertad de expresión y de prensa, incluyendo la intimidación del gobierno y el acoso de los periodistas y medios de comunicación independientes, así como una mayor restricción del acceso a la información pública, incluidas las estadísticas nacionales de las oficinas públicas.
El equipo de Kerry denuncia el aumento de acoso del gobierno y la intimidación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo a su recopilación, Ortega recurre a “pesada burocracia administrativa” para restringir la libertad de asociación y “reprimir” a la sociedad civil”, muy crítica con la administración sandinista.
En el afán del comandante Ortega para “promover la dominación de un solo partido”, el informe destaca que ha cometido “abusos significativos” de los derechos humanos: “detenciones policiales, detenciones arbitrarias de sospechosos, incluido el abuso durante el arresto”. “Hubo duras condiciones de reclusión y que amenazan la vida con la detención preventiva arbitraria y prolongada; la discriminación contra las minorías étnicas y las personas indígenas y las comunidades”, agrega el informe. De igual manera abordan la ley de Seguridad Soberana que busca reprimir la protesta social y advierten de sus riesgos.
La represión en la Mina El Limón, en León, y en Chichigalpa son parte de los ejemplos mencionados por el Departamento de Estado.
El Departamento de Estado también pasa revista sobre “la corrupción generalizada”, incluso en la Policía Nacional, el Poder Electoral, Poder Judicial y otros órganos del gobierno. “El gobierno rara vez tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en otras partes del gobierno. La impunidad siguió siendo un problema generalizado”, describen.
En lo social, el informe dice que las mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales sufrieron violencia.
Rearmados, medios y presiones
El informe también pasa revista sobre los rearmados en el norte del país, a quienes las autoridades tildan de “grupos delincuenciales”, aunque los hombres aseguran que están alzados en armas contra el gobierno de Ortega. El Departamento de Estado enumera cada uno de los abatidos en las montañas por el Ejército, así como situaciones sospechosas como la mochila bomba de Pantasma.
Se trata de un informe pormenorizado de todas las violaciones a los derechos humanos documentadas en 2015 por los organismos defensores de derechos humanos, la Sociedad Civil y los medios de comunicación. La expulsión del directivo para Latinoamérica de Javier Ponce de Freedom House es abordado en el informe.
El Departamento de Estado sostiene que el gobierno sigue cerrando medios de comunicación locales por medio del vandalismo y el ente regulador de las telecomunicaciones, y denuncia el duopolio mediático en la televisión entre la familia presidencial y el empresario mexicano Ángel González.
Además, resaltan la intolerancia del gobierno al despedir de la UNAN-León al abogado constitucionalista Gabriel Álvarez, y la barrida ejecutada en la Universidad Americana (UAM) por el Instituto de Previsión Militar (IPSM), despojando a los decanos Alejandro Aguilar y Álvaro Oporta.
