“Responsabilizo al Estado por las amenazas de muerte”

Lottie Cunningham no calla. La han amenazado de muerte, pero sigue denunciando la inacción del gobierno del comandante Daniel Ortega ante la invasión de tierras indígenas por parte de colonos en el Caribe de Nicaragua. Una situación que ha dejado más de 32 indígenas asesinados desde septiembre de 2015.

A través de su cuenta de Facebook, la directora del Centro Por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan) recibió las amenazas. Si seguía denunciando ante los medios de comunicación la invasión, sería asesinada, le dijeron.

“Si nos pasa algo vamos a responsabilizar al Estado de Nicaragua, porque tiene que asumir esa obligación de proteger y defender a los defensores de derechos humanos”, dijo Cunningham en una entrevista transmitida en el programa Esta Noche.

¿Hubo algún tipo de identificación de estas amenazas? ¿De quiénes vienen?

Recibí la amenaza directamente en mi messenger de Facebook. Desconocemos quién es la persona. Sin embargo, la forma en la que hace la amenaza interpretamos que son grupos afines al gobierno. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por estas amenazas. Estamos viviendo esta criminalización desde hace dos años.

¿Por qué este tipo de personas afines al Frente Sandinista hacen estas amenazas hacia su persona y el Cedjuchan?

Porque nosotros como defensoras y defensores de derechos humanos tenemos más de veinte años trabajando específicamente en la defensa de los derechos territoriales, y la protección de los recursos naturales. En estos últimos años, desde 2007 a 2015, y hasta el día de hoy, se ha aumentado la criminalización hacia los líderes indígenas en la defensa de sus territorios. Dentro de esa criminalización hemos tenido amenazas por defender a los pueblos indígenas.

Es bastante serio el hecho que, en este caso, las amenazas vengan de un partido político que ostenta el poder en Nicaragua. ¿Cree que hay riesgo real de su vida?

Por supuesto. Es deber del gobierno de turno y el Estado de Nicaragua proteger a los defensores y defensoras, y que no tengamos ningún tipo de obstáculo, difamación ni criminalización para ejercer la defensa de los pueblos indígenas. Como ya hay antecedentes en los que nos han asesinado, las amenazas que nos han hecho por medio de los textos, nos han indicado que en la misma forma que han asesinado a los líderes indígenas, nos van a asesinar a nosotros.

Según sus cifras, son más de 32 miskitos asesinados, 40 secuestrados… ¿ha habido algún tipo de respuesta de las autoridades a esta ola de violencia que desangra el Caribe?

Nosotros hemos agotado todos los mecanismos internos, e incluso los mecanismos internacionales ante el sistema interamericano. Es decir, hemos interpuesto denuncias ante la Policía Nacional, sin embargo, a nosotros en diciembre nos rechazaron 49 casos denuncias interpuestas. El agente policial nos informaba que tenían orientaciones superiores para no atender estas denuncias. Incluso, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana a doce comunidades indígenas han sido ignoradas por el Estado de Nicaragua.

También fueron emitidas para miembros de su organización.

Así es. Para seis miembros de Cejudhcan. El gobierno no ha tomado ningún tipo de medida para disminuir lo que, tanto las comunidades como nosotros, enfrentamos.

Carlos Salinas y Lottie Cunningham en Esta Noche. Foto por Olga Sánchez.

Estamos en un contexto bastante hostil para los defensores de derechos humanos en Nicaragua. Hemos visto lo que ha pasado con Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, y las amenazas que ha denunciado la líder del movimiento anti canal Francisca Ramírez. En el contexto centroamericano se ha dado el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. ¿Cómo se siente Lottie Cunningham ante este ambiente y como mujer defensora?

Sentimos que se sigue intimidando y descalificando la labor que nosotros hacemos, pero estamos muy seguros de nuestro trabajo, es buscarle justicia a los pueblos indígenas. En este caso específico la defensa de sus territorios, que es un derecho humano fundamental para la existencia de los pueblos indígenas. Así que con estas intimidaciones nos sentimos vulnerados, pero eso no va a dar paso atrás. Vamos a continuar nuestros trabajo y lograr el saneamiento territorial de los pueblos indígenas.

Si llegara a ocurrirle algo a un miembro de su organización o a su persona, ¿usted responsabilizaría al Frente Sandinista?

En este caso vamos a responsabilizar al Estado de Nicaragua, porque tiene que asumir esa obligación de proteger y defender a los defensores de derechos humanos.

¿Además de poner esta denuncia, han recibido algún tipo de seguridad por parte de las autoridades locales?

En ningún momento las autoridades competentes se nos han acercado para implementar las medidas necesarias, como son las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana. Ni siquiera las medidas cautelares para las doce comunidades que viven en alto riesgo, resultado de la omisión e ignorar las medidas cautelares. Las comunidades y nosotros seguimos sufriendo amenaza y hostigamiento como lo vimos el mes de febrero.

¿Qué medidas de seguridad están tomando para protegerse como organización?

Compartir la información al público, para que el público conozca sobre las amenazas que estamos recibiendo. Hemos denunciado la misma ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Desde hace años vienen denunciando el tráfico ilegal de tierras. ¿Quiénes están involucrados en este tráfico?

Hemos pedido una investigación sobre el proceso, porque conocemos de parte del Estado un informe con una lista de nombres. Pero nosotros conocemos de otros. Este informe fue entregado a la Comisión Interamericana como un informe de cumplimiento a las medidas cautelares. Lo que nosotros esperamos es que el Estado investigue los casos y los esclarezca. Que señale quienes son las ventas ilegales de los territorios.

De acuerdo a una investigación de Confidencial miembros del Frente Sandinista promueven la invasión de tierra en el Caribe. ¿Ustedes conocen de esta situación?

Lo que hemos hecho es interponer denuncias a las autoridades competentes. Sin embargo, no han prosperados. Las autoridades siguen omitiendo. Lo que ha solicitado las comunidades que las personas que han vendido, incluyendo indígena, deben ser sancionados. Se debe parar este proceso sancionando a los compradores, porque nadie puede ignorar la ley.

¿Cómo se puede solucionar este problema?

Para nosotros la solución es el saneamiento, y eso significa el tratamiento para caracterizar a los terceros. En el caso de los colonos, que son invasiones masivas, la ley dice tácitamente. Incluso el Código Penal establece como delito la usurpación de la tierra comunal. Esperamos que las autoridades, ante las denuncias que hemos hecho, pueden proceder a investigar a los autores materiales e intelectuales.

¿Cree que hay voluntad político para impulsar el saneamiento?

No se ha visto una voluntad política por parte del gobierno. Los mecanismos que hemos tenido, como es las medidas cautelares, y en el caso de la Corte la medida provisional, establece que debe tomarse medidas necesarias. No únicamente para proteger vida, sino que debe ver desde la territorialidad con una perspectiva de una identidad cultural. La Corte le orienta al Estado de Nicaragua resolver el saneamiento. Sin embargo, el Estado informó en diciembre de 2015 que había un decreto para formar una comisión interinstitucional e iniciar el proceso. Pero no han llamado ni a las comunidades ni representantes.