17 de junio 2018
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A pesar de las objeciones del Gobierno sobre la agenda la democratizaciòn que demanda la renuncia de los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Diálogo Nacional, bajo la mediación de los obispos de la Conferencia Episcopal, acordó nombrar a los doce integrantes de la Comisión de Verificación y Seguridad, a los seis de la ‘Mesa Electoral’, y a los seis de la ‘Mesa Judicial’.
“Lo que hemos logrado es el compromiso del gobierno de invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que regrese al país a hacer su trabajo”, detalló el rector Carlos Tünnermann, cuya voz se ha convertido en la autoridad moral dentro de la Alianza.
El académico hizo notar que desde que la CIDH se retiró del país se triplicó el número de asesinatos, hecho que seguramente será mencionado el próximo viernes 22 de junio, cuando la CIDH presente su Informe Final al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.
Posteriormente, el 29 de junio, la Comisión Interamericana aprovechará para presentar ese mismo Informe durante la realización de un evento paralelo a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, y hará lo mismo unos días después en el Parlamento Europeo, con sede en Bruselas.
La comisionada de la CIDH Antonia Urrejola informó que el Grupo Internacional de Expertos Independientes que coadyuvará en las investigaciones para tipificar conductas, identificar responsables y generar plan de atención integral a las víctimas en Nicaragua, se instalará oficialmente en la primera semana de julio
Vigilancia internacional
Dada la suspicacia que levanta un Gobierno que viola el mismo día los acuerdos que suscribe, la Alianza Cívica espera que en efecto, el Gobierno expida las cartas correspondientes para pedir a la CIDH que envíe al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como las invitaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a su par europeo.
“El lunes exigiremos que nos presenten las cartas enviadas al Alto Comisionado de la ONU, que durante años ha estado pidiendo que lo dejen venir a Nicaragua, y al de la UE, para que colaboren con medidas para proteger los derechos humanos en Nicaragua”, dijo Tünnermann.
María Nelly Rivas, una de las representantes del sector privado ante el Diálogo Nacional, se mostró convencida de que los acuerdos alcanzados son importantes porque ayudan a internacionalizar la defensa de los derechos humanos con la Comisión Interamericana, la de la ONU y la de la Unión Europea.
“Eso nos permitirá darle seguimiento al trabajo que realicemos, a través de las diferentes comisiones internacionales”, añadió.
Rivas dijo que el lunes van a trabajar en la creación de condiciones, “y esperamos ir poniendo fechas y términos -más que a los acuerdos en un papel- a las acciones que se tengan que ir implementando. Esperaría tener acuerdos en cuanto a la ruta a seguir, asumiendo que vamos a encontrar voluntad para cumplirlos”.
Precisamente el tema de la voluntad política es la clave, por lo que Rivas opina que “deberíamos ver los primeros acuerdos, los primeros avances, en la próxima semana. Y si no ocurre así, nosotros estamos al llamado de la Conferencia Episcopal para continuar [o no] en el Diálogo”.
“Seguimos apostándole a eso, y creo que tenemos que pensar que vamos a lograr una salida negociada. Tenemos que agotar esa posibilidad. Así como hemos ido llegando a acuerdos en materia de derechos humanos, también tenemos que irlos logrando en los otros temas”, confió.
Fechas y metas definidas
Siempre sobre ese mismo tema, Tünnermann recordó que los obispos habían señalado el día 16 como fecha límite para evaluar y decidir si había resultados concretos, “y lo prorrogaron después de visitar a Ortega, quien les pidió seguir con su mediación, además de aceptar que se discutiera la agenda de democratización”.
El compromiso es trabajar cinco días a la semana: lunes, miércoles y viernes, en las mesas y comisiones, con martes, jueves, y lunes de la siguiente semana, para llevar al plenario las coincidencias alcanzadas “hasta agotar las agendas” de modo que no se le dé largas al proceso, porque el Diálogo no puede ser indefinido: “Tiene que tener avances tangibles”, sentenció el académico.
En cuanto al trabajo específico de la Comisión de Verificación y Seguridad, Tünnermann explicó que su primera labor será preparar su plan de trabajo y el protocolo que detalle cómo va a operar, porque “no se puede improvisar”.
La Comisión debe beneficiarse del hecho que existe mucha experiencia en este tipo de encomiendas, detallando que si se llama “de Seguridad”, es precisamente para darle seguridad a los ciudadanos que están en los tranques, aun cuando estos lleguen a abandonar los tranques.
“La Comisión de Verificación y Seguridad no comenzará su trabajo hasta que la CIDH, el Alto Comisionado de la ONU y el de la Unión Europea no estén aquí, de modo que si el gobierno está interesado en que comience a trabajar, (y a quitar los tranques), que se apresure a enviar las invitaciones”, sugirió.
Los miembros de las comisiones
Al final, las partes acordaron (con las reticencias gubernamentales disfrazadas de un afán por preservar el orden constitucional) integrar la Comisión de Verificación y Seguridad con seis representantes de cada lado de la mesa, bajo la coordinación técnica de Jorge Solís, asesor de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, más un sacerdote a nombrar por ellos para ejercer la función de testigo.
Por parte de la Alianza, esta Comisión estará integrada por el Rev. Marvin Hogdson, Jean Carlos López, Álvaro Vargas, Sandra Ramos, Azahálea Solís, y Medardo Mairena, teniendo como contraparte gubernamental a Luis Barbosa, Luis Jiménez, José Adán Rivera, Verónica Gutiérrez, José Ángel Bermúdez y Leonel Bonilla.
También se acordó integrar dos ‘mesas’: una Electoral para que discuta la reforma electoral y la renuncia de los magistrados al CSE, asi como el proceso de elecciones anticipadas, propuesto para el 31 de marzo de 2019), y la toma de posesión del nuevo gobierno, para el 15 de abril.
Esta mesa estará integrada por los magistrados del CSE Lumberto Campbell, Mayra Salinas y el canciller Denis Moncada, en representación de Ortega, y Carlos Tünnermann, Daysi George y Lésther Alemán, por la Alianza Cívica.
La otra mesa, la Judicial, debatirá el proceso político para lograr la renuncia, reducción de periodos de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la elección de nuevos magistrados. Los integrantes de la Alianza son Víctor Cuadras, María Nelly Rivas y Juan Sebastián Chamorro, que deberán debatir esos temas con los magistrados del CSE Alba Luz Ramos y Rafael Solís, y el diputado Edwin Castro.
Al concluir el encuentro, el canciller Denis Moncada aclaró que “no es que estemos acordando esos temas, sino que vamos a escuchar todos esos planteamientos para discutirlos, y ver qué es lo que se puede implementar”, añadiendo que “aquí no hay un ultimátum, una posición de fuerza que esté siendo aceptada por el gobierno”.
La Comisión y las Mesas se reunirán el lunes a las 10 am, siempre en el Seminario de Fátima, pasando sus resultados al plenario, el día martes, en la misma sede y con el mismo horario.
Sesionan bajo protesta
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, participó “bajo protesta”, de la sesión del Diálogo Nacional de este sábado. Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), y representante del sector privado, dijo que la protesta es “en reacción a la represión, violencia y asesinatos de esta madrugada donde policías, parapolicías y turbas, atacaron Masaya, León, Tipitapa y Managua”, aseguró.
La quema de una casa de tres pisos que funcionaba como vivienda y colchonería a la vez, centró la discusión inicial de los dialogantes, en especial cuando Luis Andino, dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), y parte de la delegación gubernamental, culpó a la Alianza de esas muertes.
“Basta de odio. Estos hechos de violencia se generan alrededor de los tranques” por lo que “ustedes son culpables del asesinato de esta familia y de los trabajadores del Barrio 8 de Marzo”, en probable referencia a la muerte de dos ciudadanos a los que un comunicado de la Policía Nacional identifica como Francisco Ramón Arauz Pineda y Antonio Fernández.
El diputado Edwin Castro llegó a identificar a las personas asesinadas como “miembros de una familia sandinista”, y reprodujo un audio –supuestamente tomado de un noticiero televisivo- con el que trató de desviar la culpa, y achacarla al pueblo que reclama la salida de Daniel Ortega.
Decenas de testimonios de vecinos, además del de la única sobreviviente adulta, son claros en culpar directamente a la Policía Nacional y a sus ‘refuerzos’ civiles, como los culpables de los crímenes.
El comunicado policial identifica a “delincuentes encapuchados” que primero quemaron la colchonería y luego se dedicaron a hostigar a los bomberos que combatían las llamas, ignorando el hecho de que esos “delincuentes encapuchados” trabajaban en conjunto con la fuerza policial, y que hay decenas de fotos y videos para demostrarlo.
Tampoco es que haya mucha credibilidad en los dichos de las entidades del gobierno.
El rector universitario Carlos Tünnermann Bernheim respondió a los voceros oficiales que “sabemos quiénes mandan a esos delincuentes encapuchados de que habla la Policía Nacional. Nadie cree en esos comunicados de la Policía, que dicen cosas absolutamente inverosímiles. La gente está viendo y hablando en las redes sociales, y en ellas apunta su dedo acusador en contra del gobierno”.
El líder estudiantil Léster Alemán, coincidió con el maestro Tünnermann, al asegurar que “Nicaragua no puede creer esos informes de la Policía Nacional”. Quizás podrían creerlos, si no provinieran de una organización que en los últimos 50 días se ha dedicado a asesinar a su propio pueblo, por lo que lanzó el reto al Gobierno para que desengañe al país, y le diga si ya perdió su capacidad de dar órdenes a los uniformados.
