8 de abril 2019
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Este diez de abril se vencen los cargos a más 20 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), a quienes la dictadura Ortega-Murillo podrá decidir en solitario si los cambia o los prorroga en los puestos, ante el fracaso del diálogo nacional en el INCAE.
Aunque la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso abordar el vencimiento de los plazos y reemplazo de los magistrados en la mesa de negociación, la delegación del Gobierno lo desestimó totalmente. “Argumentaron que no había prisa en ese sentido”, dijo José Pallais, integrante de la comitiva opositora.
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El futuro de estos cargos era clave en la negociación, ya que tienen que ver directamente con la demanda de justicia y democracia de la Alianza Cívica y la comunidad internacional. Sin embargo, la dictadura rechazó el adelanto electoral y esbozó una propuesta de justicia a la medida que, pretende, sea ejecutada por el mismo sistema judicial que ha criminalizado la protesta.
“Todo lo rechazaron”
“En la propuesta de democracia iba incluido el tema de los criterios para la selección de magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Igual a los del Poder Judicial”, relató Pallais. “Propusimos que estos criterios respondieran a la independencia, profesionalismo, y no a intereses partidarios. Pero el Gobierno dijo que no tenían que negociarlo con nosotros (Alianza Cívica). Todo lo rechazaron”, detalló.
El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez asegura que, viendo el fracaso del diálogo en el INCAE y la negativa rampante del régimen de discutir los temas de justicia y democracia, duda mucho que Daniel Ortega acepte una “renovación y saneamiento indispensable en los poderes Electoral y Judicial”.
“Ni siquiera ha querido conversar esos temas en la mesa del diálogo. Me parece que no ha dado señal para ser optimista en este sentido”, lamentó.
Relevo “sería propicio”
El constitucionalista señaló que, ante las actuales circunstancias de la crisis, con el fracaso de las negociaciones de por medio, elegir a los magistrados en consenso sería “muy propicio” para “empezar a crear condiciones”.
“Sería propicio para que, en primer lugar, el Gobierno demuestre verdadera voluntad política, para acordar una transición democrática y satisfacer el clamor nacional de justicia”, recomendó.
“Esta es una de las últimas oportunidades del Gobierno para realizar cambios profundos y totales, porque, por ejemplo, el Poder Electoral es un organismo que ha venido administrando fraudes electorales. Si no hay cambios profundos y totales, es una ilusión hablar de justicia y democracia”, subrayó.
Exmagistrado Solís: “Es preferible que continúen”
El exmagistrado de la CSJ, Rafael Solís, quien fue uno de los principales operadores políticos del régimen en el Poder Judicial, aseguró que es preferible que los magistrados continúen en sus cargos bajo prórroga, como estableció la penúltima reforma constitucional.
El exfuncionario tiene una razón basada en el “consenso”, pero también advirtió sobre el riesgo que el régimen puede nombrarlos de inmediato, a través de la Asamblea Nacional, que es leal a la dictadura de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
“Es preferible que continúen por ese tiempo en el cargo, y que los nuevos magistrados se nombren en el diálogo por consenso”, planteó Solís.
“Aunque no esté terminada la Ley Electoral, que se nombren dentro del diálogo. De lo contrario le dejás al Gobierno, que tiene 70 diputados, la posibilidad de nombrar a los magistrados”, insistió.
Entre los magistrados a quienes se le vence el cargo en el Poder Judicial están Alba Luz Ramos, Francisco “Chicón” Rosales, Ligia Molina, Juana Méndez, Armengol Cuadra, Yadira Centeno, y el mismo Rafael Solís (quien renunció en enero), entre otros titulares y suplentes.
En el Poder Electoral, los cargos a caducar son los del actual presidente en funciones, Lumberto Campbell; el polémico Roberto Rivas, quien “renunció” tras las sanciones de la estadounidense Global Magnitsky; y el magistrado propietario y militar retirado, Emmett Lang, entre otros suplentes y titulares que dejaron vacante los puestos por renuncia o muerte.
