8 de septiembre 2022
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El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Nyaletsossi Voule, es resoluto al afirmar que no ha visto en el mundo entero, en su experiencia como funcionario de la ONU, un caso como el de Nicaragua, donde Daniel Ortega y Rosario Murillo han cerrado, hasta la fecha, más de 1800 organizaciones de la sociedad civil, en tan solo cuatro años.
En entrevista con CONFIDENCIAL y el programa Esta Noche, Voule expresa su gran preocupación por la pérdida que implica ese cierre masivo de entidades cuyo papel es esencial en los esfuerzos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para lograr erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar prosperidad para todas las personas. "Veremos el aumento de la injusticia, el aumento de la marginación, el aumento de la desigualdad, pero también el aumento de la estigmatización dentro de la sociedad", dice el relator de la ONU, acerca de las consecuencias que enfrentará Nicaragua a raíz de la embestida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las oenegés.
Voule también asegura que un Estado policial de facto, como el impuesto por Daniel Ortega desde septiembre de 2018, no es sostenible a lo largo del tiempo ni de manera permanente. También reitera su solicitud a los gobernantes de que abran el país al escrutinio internacional, que dejen ingresar a miembros de organizaciones internacionales de derechos humanos. El relator de la ONU a Daniel Ortega que "no basta con seguir diciendo a la comunidad internacional que todo es perfecto cuando vemos que la gente sale del país. Si todo es perfecto, entonces permítanos ir y ver".
En julio pasado usted y otros relatores expertos de la ONU firmaron una carta dirigida al Gobierno nicaragüense expresando su preocupación por la cancelación de las organizaciones de sociedad civil, ¿obtuvieron alguna respuesta?
No, no hemos recibido ninguna respuesta y seguimos esperando. Esperamos recibir una respuesta del Estado.
¿Qué intención tienen con esta carta?
Esta carta pretende plantear nuestra preocupación con respecto al cierre continuo de organizaciones, pero también reiterar, de nuevo, la preocupación que planteamos en 2020 con respecto a la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, que junto con la nueva ley (Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro), está realmente teniendo impactos en el espacio cívico a nivel local.
Y también mencionamos en esta carta, cuestiones que pensamos deberían ser consideradas por el país para proteger el espacio cívico. Porque, como saben, hemos estado comprometidos con el país desde 2018, planteando nuestra preocupación con respecto al cierre del espacio político y el espacio cívico en general, pero también la tensión de los líderes políticos y estas dos leyes solo ponen al país en una situación en la que no hay más espacio cívico, no hay más espacio para la actividad política, para que la sociedad civil opere pacíficamente.
El Gobierno ha cerrado arbitrariamente más de 1800 organizaciones hasta ahora. ¿Qué efecto crea en las sociedades la desaparición de esta cantidad de organismos sin fines de lucro de salud, educación, cultura, asistencia humanitaria?
El impacto es enorme. Permítame reiterar aquí, de nuevo, que la sociedad civil es un componente esencial de la sociedad. Y el trabajo que realiza la sociedad civil es necesario, es importante para las víctimas, para los grupos vulnerables, para los grupos marginados. Y siempre decimos que no hay Estado en este mundo que pueda superar la desigualdad y la injusticia en el país sin la participación de la sociedad civil.
Al cerrar estas organizaciones, el país se expone o se está impidiendo alcanzar la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, porque estos objetivos sostenibles, esta agenda 2020, deja claro que tenemos que garantizar que nadie se quede atrás y el trabajo de la sociedad civil es esencial para superar algunos de estos desafíos, para garantizar que las mujeres y los marginados puedan recibir recursos, que los pueblos indígenas que ven violados sus derechos tengan recursos o acceso a la justicia, para garantizar que también los grupos vulnerables o las comunidades marginadas, donde no hay posibilidad de educación, puedan recibir también apoyo de la sociedad civil.
El trabajo de la sociedad civil es esencial y cuando esa sociedad civil se cierra, el impacto no solo recae en la sociedad civil, sino en toda la sociedad. Veremos el aumento de la injusticia, el aumento de la marginación, el aumento de la desigualdad, pero también el aumento de la estigmatización dentro de la sociedad.
¿Cómo califica usted la situación de Nicaragua en el contexto de América Latina y en el mundo?
Creo que la situación actual en Nicaragua es muy preocupante, y no diría que es un caso excepcional, pero llega al nivel de convertirse en uno de los temas más críticos del cierre del espacio cívico en el país, o al menos de muchos países que he visitado hasta ahora.
Hemos estado preocupados en muchos países por el espacio restrictivo para la sociedad civil, la cuestión del registro, la cuestión de la represión. Pero es realmente la primera vez que veo, que en pocos años se cierran tantas oenegés. Las que han estado allí durante muchos años, operando legalmente, ayudando a la sociedad, un día simplemente se cierran porque se vuelven ilegales debido a dos leyes. Y creo que esto es realmente preocupante, es la primera vez que lo veo.
¿En todo el mundo?
En todo el mundo. Como mencioné, tengo una preocupación con muchos países en relación con el espacio cívico. Pero es la primera vez, realmente, que puedo contar este número de oenegés (eliminadas) solo por las consecuencias de esta ley, de estas dos leyes.
Relator de la ONU sobre Daniel Ortega y las libertades públicas
En abril de 2018 que usted inició su mandato, fue también el inicio de la crisis en Nicaragua, cuando el Gobierno reprimió masivas protestas e impuso un Estado policial de facto. Han pasado cuatro años. ¿Es posible mantener un Estado policial que impide todo tipo de reunión y asociación pacífica a largo plazo y de forma permanente en un país?
Desde hace cuatro años, me comprometí con el país para plantear algunas de las preocupaciones, no solo en términos de cierre de la sociedad civil, sino también en términos de la represión de las protestas pacíficas. Y creo que en algún momento esperábamos que la negociación de paz que se inició en el país condujera a algo que pudiera ayudar a aliviar realmente a la sociedad y avanzar en la creación de un país democrático, inclusivo y pacífico.
Pero, lamentablemente, esa negociación no avanzó. No veo la manera de que un país se sostenga con en el uso de esta práctica, y empujar completamente a sus ciudadanos al exilio, poner en sus cerebros la idea de salir del país y también de vivir en tantas comunidades sin ningún apoyo. Y no veo que esto pueda ser sostenible.
Y por eso es importante seguir insistiendo en que el Gobierno nicaragüense tiene que abrir el país al escrutinio internacional. Nicaragua es parte de la comunidad internacional, y deben respetar ciertos principios, y no deben negarse al escrutinio internacional. Deben abrir su frontera al Alto Comisionado (de los Derechos Humanos de la ONU), al relator especial, a la Comisión Interamericana. Estamos ahí para ayudar a estos países a salir adelante y a superar sus retos. Y Nicaragua no debe ser la excepción.
¿Cómo valora el impacto del desplazamiento forzado masivo de nicaragüenses hacia Costa Rica, Estados Unidos y otros países?
Es lamentable. Y seguimos reiterando que esto es una completa violación de la libertad fundamental de los migrantes, y deberíamos ponerle fin. Hago un llamado a otros países, a otros Estados, para que también se aseguren de que esta práctica (de expulsión) se rechace.
Creo que también tenemos que entender la razón por la que la gente está abandonando el país y también entender que la restricción del espacio cívico también tienen un impacto en otros países, porque otros países también tienen que hacer frente a los migrantes. También tienen que enfrentarse a estos retos. También necesitan superar estos retos.
Y hace poco me preguntaste cómo veo la región. Este es también uno de los retos, porque también estamos viendo que, debido al espacio restringido, debido a este aumento real de la restricción que estamos viendo en la región, también estamos viendo que muchos migrantes se mueven desde el país que se convirtió en un país autoritario al país en que todavía hay libertad para que la gente se exprese. Y esto también está causando mucho daño en términos de migración. Por eso la comunidad internacional debe reaccionar rápidamente.
¿Cómo pueden las sociedades recuperar la libertad de asociación y de reunión pacífica coartada por gobiernos autoritarios?
Creo que es responsabilidad de cualquier país proteger y asegurar que los ciudadanos ejerzan los derechos legítimos que poseen y que fueron ratificados por ese país. Es responsabilidad de Nicaragua, primero, establecer a nivel nacional el entorno que permita a las personas ejercer estos derechos.
Si esto no se hace, también es responsabilidad de los mecanismos internacionales asegurar que los nicaragüenses tengan acceso a recursos a nivel internacional, a nivel regional, y también a tribunales internacionales.
Cuando la vía para que la gente ejerza sus derechos, para que la gente ejerza la justicia, -porque la justicia se está convirtiendo en una herramienta en la mano del Gobierno para reprimir, y también para condenar al líder político-, cuando la gente no tiene este acceso (a justicia), la gente necesita recurrir al sistema internacional. También tienen que recurrir a tribunales internacionales para que se respeten sus derechos.
La escalada represiva ha aumentado en Nicaragua, ahora hay sacerdotes detenidos y templos católicos asediados por la Policía y simpatizantes del Gobierno. ¿Qué le diría su relatoría a las autoridades nicaragüenses en este momento?
Creo que la situación reciente es también otra indicación de la política del Gobierno de cerrar completamente el espacio, incluso para el ejercicio del derecho a la fe, el derecho a cualquier tipo de libertad en el país. Se llegó a un nivel en el que, incluso la Iglesia católica, ya no puede ejercer, ni siquiera puede expresar su punto de vista sobre distintos temas. Y creo que esto no es aceptable.
Tenemos que volver a insistir en que el país debe abrir su frontera al escrutinio internacional. No basta con seguir diciendo a la comunidad internacional que todo es perfecto cuando vemos que la gente sale del país. Si todo es perfecto, entonces permítanos ir y ver. Permítannos ir y ver cómo ayudamos al país. Permítannos ir, entrar y supervisar.
