22 de diciembre 2020
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Defensores de derechos humanos y opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunciaron este lunes una serie de acciones represivas dirigidas por la Policía Nacional, que aseguran en esta ocasión detuvo arbitrariamente, encarceló, sustrajo información ilegalmente e impuso de facto “casa por cárcel”.
En las primeras horas de la mañana de este lunes, ante la mirada llena de sorpresa de decenas de transeúntes, en el sector de la Universidad Centroamericana (UCA), el joven opositor identificado hasta ahora como Sergio Beteta quemó una bandera del Frente Sandinista y ondeaba la de Nicaragua como una muestra de protesta contra el régimen de Ortega.
El opositor, que se identificó como “comando” de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), fue detenido por un grupo de agentes policiales que acudieron al lugar donde hacía la protesta, según la transmisión del sitio web Artículo 66.
Mientras la bandera del FSLN ardía sobre el pavimento, el joven alzaba la bandera de Nicaragua y recibía el apoyo y la solidaridad de algunas de las personas que pasaban en sus vehículos.
“¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para Nicaragua!. Unidad es lo que queremos”, dijo el opositor.
Consultado si tenía temor a ser reprimido, dijo que no y más bien animó a los estudiantes de la UNAN a protestar.
Minutos después de sus declaraciones, llegaron hasta Beteta decenas de agentes policiales a bordo de patrullas y motocicletas, que lo neutralizaron y detuvieron.
Los oficiales también ordenaron al periodista Miranda que apagara su celular con el que hacía la transmisión, sino se quería “meter a problemas”.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) "condenó" lo que calificó como "agresión" de parte de la Policía contra Beteta.
Los defensores exigieron "respeto para su integridad personal y el cese de la represión" gubernamental.
Hasta el cierre de este reporte, en el sitio web de la Policía Nacional no había información sobre la detención de Beteta. Sin embargo, extraoficialmente se maneja que el joven fue llevado al Distrito Uno de la Policía en Managua.
Defensores encarcelados y violentados
Tras la detención de Beteta también se conoció que abogados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que realizaban visitas a opositores que permanecen bajo asedio policial, fueron detenidos “arbitrariamente” por oficiales de la Policía del Distrito Seis.
La CPDH denunció que durante esas visitas un equipo de abogados fue detenido, requisado y violentado.
Entre los abogados defensores de derechos humanos que fueron detenidos se encuentra Pablo Cuevas y Felipe Ulloa, además del conductor Danilo Vásquez que los ayudaba a movilizarse.
El abogado Cuevas, en conferencia de prensa, denunció que --aunque no fue golpeado o interrogado-- los oficiales lo trasladaron al distrito policial sin informarle el motivo de la detención, además señaló que estos sustrajeron los celulares del equipo y violentaron su información privada, extrayéndola de sus celulares sin justificación alguna o debida autorización.
“Nuestros celulares fueron violentados y extrajeron información porque desinstaló la aplicación de WhatsApp, borró contactos, borró todo y extrajo toda la información y cualquier situación que se derive de ese abuso, de esa acción ilegal, es nula de toda nulidad porque es consecuencia de la acción represiva de las autoridades”, señaló.
El defensor indicó además que el conductor Vásquez también fue violentado por la Policía, pues se le impuso una multa “abusiva y arbitraria” de 2500 córdobas “sin justificación alguna”, ya que el vehículo en el que se trasladaba “estaba desde hace 20 minutos estacionado ahí (en el sector de Waspán en Managua) y se le acusó de “manejar de forma temeraria”.
Vásquez, aseguran los defensores, está seriamente afectado pues se gana el sustento para su familia como conductor y los oficiales le indicaron que no podía volver a conducir porque quedaba “inhibido”.
La abogada Carla Sequeira, encargada del área legal de la CPDH, indicó que esta no es la primera ocasión que equipos de la organización son detenidos arbitrariamente, recordando que el pasado ocho de diciembre otros defensores fueron detenidos.
“Esto nos indica que el asedio y persecución contra los defensores de derechos humanos está aumentando, pero nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo que es velar por los derechos humanos de todo nicaragüense”, sentenció.
Opositores viven “casa por cárcel”
Los abogados de la CPDH indicaron que de la lista de personas que pretendían visitar solo se logró llegar a entrevistar desde las afueras de su casa a Freddy Navas, integrante del Movimiento Campesino Anticanal, y a Flor Ramírez, conocida como la señora del huipil, en esta última visita que tuvo indica pudo entrar, pero a su salida los oficiales los detuvieron y trasladaron al Distrito Seis en Managua.
El abogado Cuevas asegura que la situación de ambos opositores al régimen de Ortega es “dramática”, pues no pueden salir de su casa y “prácticamente los tienen casa por cárcel, no pueden salir”.
El opositor Félix Maradiaga, integrante de la Coalición Nacional y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), también denunció que oficiales de la Policía le han informado “verbalmente” que lo tienen en “casa por cárcel”.
Maradiaga asegura que tiene “tres meses” de vivir el asedio en su casa con una “modalidad arbitraria”, sin embargo, asegura que la institución ha pasado a una nueva modalidad, pues le han indicado “los lugares donde tengo autorización para ir”.
Esta situación de “casa por cárcel” sin que haya una sentencia judicial firme en su contra, Maradiaga asegura que “no la ha aceptado” y la ha buscado “burlar”.
El opositor apunta que la presión en su contra es tal que las autoridades de Migración y Extranjería se han negado a entregarle su pasaporte, por lo que indica tiene un año de no poder visitar a su familia.
Los abogados de la CPDH critican este tipo de abusos contra los opositores, pues aseguran que las autoridades deben dar una justificación jurídica en base a la Ley, donde indiquen el por qué una persona no puede salir o recibir visitas en su domicilio.
