2 de febrero 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue el gran ausente en la audiencia pública celebrada, este jueves dos de febrero, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de los Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields versus Nicaragua, por la falta de consentimiento libre e informado para la concesión de sus tierras para la construcción del canal interoceánico.
El caso —que fue iniciado en 2014 ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y que ha escalado en el sistema interamericano— apunta la presunta responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a la propiedad, derechos políticos, igual protección ante la ley, garantías judiciales, protección judicial y el derecho a un medio ambiente sano de nueve comunidades indígenas Rama y Kriol, así como de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields.
Según la parte demandante, a pesar que “el 52% de la ruta del canal interoceánico” atravesaría sus territorios indígenas y afrodescendientes, el régimen de Ortega y Murillo no les consultó al aprobar, en julio de 2012, la Ley 800, Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y, un año después, la concesión de construcción y administración del proyecto al inversionista chino Wang Jing por un período de cien años.
“Las autoridades del Gobierno Territorial Rama-Kriol denunciaron en su momento que el Estado de Nicaragua cooptó al presidente de ese órgano regional y lo hizo firmar un supuesto convenio con la Autoridad del Canal que le otorgaba ilegalmente el arrendamiento perpetuo sobre 263 Km2 de tierra en el corazón de su territorio ancestral”, apuntó la abogada María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), quien ejerce la representación legal de las víctimas.
🇳🇮¿Cuál es la importancia de que la @CorteIDH haya convocado a una audiencia pública en el Caso Pueblos Rama y Kriol y otros Vs #Nicaragua?
Esto nos contestó María Luisa Acosta, abogada y Coordinadora @CALPICalpi, una de las organizaciones representantes ante la Corte-IDH 👇 pic.twitter.com/aMwmQuLWn8
— Race and Equality (@raceandequality) February 2, 2023
Asimismo, la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields denunciaron que el Estado de Nicaragua impuso un gobierno paralelo al legalmente constituido por la comunidad, abortó el proceso de titulación de su territorio tradicional, ilegalmente destituyó a Dolene Miller, su representante en la Conadeti (Comisión Nacional de Demarcación y Titulación) y entregó al gobierno paralelo solo 7% de la tierra reclamada, dejando fuera 93% de la tierra tradicional.
Miller señaló a la Corte que al haber sido separada de su cargo arbitrariamente, el Estado de Nicaragua causó una "afectación enorme" a su comunidad porque desde entonces quedaron "desconectados" del proceso de demarcación territorial. Situación que a la postre terminó con el "cercenamiento" de sus territorios indígenas.
Además, apuntó que "en varias ocasiones fui víctima de persecución y mi casa fue rodeada por la Policía... hemos tenido que enfrentarnos en muchas ocasiones a diferentes sectores políticos, se nos ha prohibido entrar a algunos edificios públicos en mi ciudad de Bluefields, por ordenes de sectores políticos y honestamente no nos sentimos seguros", expresó Miller.
Justicia del régimen ignoró los reclamos
Entre 2013 y 2020 las autoridades indígenas y afrodescendientes del Gobierno Territorial Rama y Kriol y de la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields presentaron 19 Recursos de Amparo, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no los amparó en ninguno de ellos. Ante esta falta respuestas en el sistema judicial nicaragüense el caso escaló hasta la Corte IDH en el año 2022.
“La controversia del caso versa sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua, a la autodeterminación de estos pueblos al imponer gobiernos o autoridades paralelas a las legítimamente electas por estas comunidades; así como por no actuar en buena fe con respecto de la consulta y elaboración del Convenio y por la omisión de sanear el Territorio Rama y Kriol, titulado desde el año 2009, comprometiendo así también la protección y conservación de la reserva Biológica Indio-Maíz”, señaló CALPI en un comunicado.
Rupert Allen Clair, dirigente del pueblo Kriol de Monkey Point, declaró ante la Corte que fue silenciado por el Estado de Nicaragua por oponerse a la forma en que se pretende llevar a cabo el proyecto.
Primeramente, las autoridades del canal "hablaban de hacer una consulta como manda la ley", advirtió Allen Clair. "Yo fui y cuando les presentamos el lineamiento que teníamos nosotros (las autoridades comunales), lo estuvieron viendo y dijeron: 'Ok. No vamos a trabajar con esto'. Extrajeron lo que quisieron de ese lineamiento y construyeron otro. La sorpresa mía fue que lo más importante que teníamos nosotros, que era la inclusión de un asesor y un observador internacional, eso fue lo que sacaron. No querían que tuviéramos ningún asesor, decían que podíamos trabajar con un asesor de Bluefields que ellos lo iban a poner", relató.
El Estado de Nicaragua, por su parte, no ha respondido a los requerimientos hechos por el tribunal interamericano y, tal como ha sucedido en el último año, no se presentó a la audiencia de este jueves.
El Estado de Nicaragua no acreditó ningún representante en la audiencia pública de la Corte IDH. | Foto: Corte IDH
En noviembre de 2022, la Corte IDH declaró a Nicaragua en "desacato permanente" y elevó la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ley del canal sigue vigente
Aunque el megaproyecto del canal interoceánico de Nicaragua no se concretó en los primeros seis años como estaba previsto, la Ley 800 y la Ley 840, Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atinente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, continúan vigentes y no existen garantías para los propietarios de los terrenos ubicados en la ruta canalera.
Al contrario, las comunidades indígenas que se oponen al megaproyecto están viviendo en "un entorno torturante", advirtió el perito Pau Pérez Sale. Ya que sus miembros son víctimas entre otras cosas de la destrucción de su habitad, de condiciones globales de sufrimiento, despidos arbitrarios, precarización, acciones que provocan miedo, angustia, vigilancia policial, sentimientos de culpa por las afectaciones a la familia y estigmatización.
Se trata de “un conjunto de elementos contextuales, condiciones y prácticas que buscan quebrar la voluntad de la víctima o de las comunidades”, puntualizó Pérez Sale. "Pueden parecer acciones separadas, pero aquí lo que estamos diciendo es que hay una estrategia común que estas acciones desconectadas tienen detrás, hay una intención, hay un propósito y una estrategia común”. Dicha estrategia tiene como objeto "el quiebre de la resistencia frente al proyecto del canal", continuó.
En septiembre de 2022, Ortega —inclusive— aprovechó su discurso en ocasión de las fiestas patrias para asegurar que la construcción del canal interoceánico “en algún momento será una realidad en Nicaragua". Recordó que "hay un canal por Panamá, que ha sido ampliado, pero la demanda del tráfico internacional es tan grande que se hace necesario el canal por Nicaragua”.
Este año el proyecto cumple diez años desde que, en 2013, fue anunciado oficialmente, pero no se conoce ningún avance en su construcción. En reportes periodísticos expertos han criticado al proyecto, señalándolo de “fallido” y reprochando la falta de aplicación de una cláusula del “Acuerdo Marco del Canal”, que indica que si los subproyectos no están construidos en un lapso de seis años, contando desde que fue oficializada la obra, el Gobierno podría invocar la cancelación del proyecto.
Proponen medidas de reparación
Para Dolene Miller una forma de reparación a los pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields sería "la derogación" de la Ley 800 y la Ley 840, que se elimine el título que el régimen de Ortega le entregó a un Gobierno Territorial ilegítimo y que se le restituya en su cargo como representante de la comunidad Criole dentro de la Conadeti.
Becky McCray, representante de los pueblos Rama, relató a la Corte que tanto la aprobación del proyecto del canal como la falta de saneamiento de los territorios indígenas está cambiando la forma de vida de las comunidades ancestrales. "Esa omisión del Estado nos está llevando a perder parte de nuestra cultura", enfatizó.
"Hemos venido de lejos en búsqueda de justicia porque en Nicaragua no la tenemos. Ha sido una lucha constante, entonces, yo pido a esta honorable corte que exija al Estado de Nicaragua la ejecución inmediata del proceso de saneamiento y que exijan la derogación de la ley 840 debido a que no fue consultada con los pueblos afectados. Igualmente la revocación del Convenio de Consentimiento donde están usurpando una extensión de 263 km2 de área", subrayó McCray.
