21 de noviembre 2024
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La reforma a la Constitución Política propuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende, entre otras cosas, “crear un nuevo sistema de gobierno en Nicaragua”, “eliminar la separación de los poderes del Estado” y “establecer la democracia participativa”. Estos cambios son tan profundos que, en un país democrático, “se necesitaría una asamblea constituyente para su realización”, señalan expertos consultados por CONFIDENCIAL.
Aseguran que, por los alcances de esta enmienda, se trata de “una reforma total y no parcial” como plantea Ortega en la exposición de motivos de la iniciativa. Además, el cambio de un centenar de artículos constitucionales pretende la instauración de un poder único en Nicaragua y la sucesión dinástica de Rosario Murillo.
La especialista en Derecho Constitucional, Azahálea Solís Román, señala que “hay una reforma total en los principios de la Constitución Política”. Además, se restringen temas fundamentales como el reconocimiento de las Convenciones internacionales de Derechos Humanos, “la amplitud de la nacionalidad nicaragüense” y se suprime “la pluralidad” de los partidos políticos.
Con esta reforma, Nicaragua pasará a ser un Estado “revolucionario, socialista, cristiano”, advierte Solís. De tal manera que “los socialdemócratas, de derecha o de centro, desaparecen y los desaparecen en esa lógica que ellos tienen de definir estos elementos. Este es el modelo de partido único, de poder único, pero ni siquiera de partido único, sino de poder único en una familia”, agrega.
El exdiputado liberal y analista político, Eliseo Núñez, también señala que se trata de una reforma total al texto constitucional y que, según la doctrina del derecho, este tipo de cambios no se pueden hacer con una reforma parcial. “Se necesita una Constituyente para todo eso”.
Esta será la novena ocasión en que Ortega reforma la Constitución desde que asumió el poder en 2007. En esta ocasión, el dictador ordenó reformar un centenar de artículos de la “Carta Fundamental”.
Con la copresidenta resuelven la sucesión dinástica
Entre los cambios más significativos están los establecidos en el artículo 133 de la propuesta de reforma a la Constitución, donde se establece que “la Presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta”. Mientras que en el artículo 135 se indica que “el copresidente y la copresidenta ejercerán sus funciones por un período de seis años”.
La copresidencia “es una figura que doctrinariamente es nueva, que se la están inventando”, advierte el exdiputado Núñez. “Es una figura que está hecha para un matrimonio y los únicos referentes que podemos tener son en la Edad Media, cuando se casaba el rey de Francia con la reina de Austria”, ejemplifica.
Para Solís estas copresidencias están siendo institucionalizadas para solventar “los problemas de poder político” entre la pareja gobernante y “resolver el tema de la sucesión dinástica” de Rosario Murillo.
El politólogo nicaragüense, José Antonio Peraza, advierte que está por verse “cuál es el poder que está esperando doña Rosario (Murillo)”. Esto debido a que “la misma reforma dice que una vez que fallezca uno de los copresidentes asume y se mantiene en la presidencia el que sobreviva, que en este caso está muy claro que sería doña Rosario Murillo”, subrayó.
Constitucionalizar el poder absoluto
Solís valora que esta reforma también “constitucionaliza el Estado totalitario” y se hace constitucional “la arbitrariedad y la discrecionalidad, porque va a ser el presidente el que va a nombrar al vicepresidente. O sea, no van a ser electos por el pueblo, a pesar de que por varias partes se está hablando del poder directo, de la democracia directa”.
Están “creando el poder único y lo quieren hacer a través de la Constitución”, señala Solís. Además, “están legalizando la apatridia y negando los derechos humanos que estaban establecidos en el artículo 46 y en el 71, y que siguen estando establecidos”, agrega.
Otros cambios drásticos están contenidos en el artículo 8 de la reforma, donde se establece que la Presidencia “dirige al Gobierno y coordina a los órganos Legislativo, Judicial y Electoral”. Eliminando así la separación de los poderes del Estado y formalizando la concentración del poder.
Ortega y Murillo “ahora son los jefes de todos los poderes del Estado”, valora Núñez. Por lo que se “acaba la separación de poderes” y se produce “una concentración de poder al estilo Sultanato”, agregó.
Ampliación del periodo de gobierno no es retroactivo
Sobre la ampliación del periodo de gobierno de cinco a seis años establecido en el artículo 135 de la reforma, Peraza, advierte que, en teoría, esto no debería afectar a la actual administración de Ortega y Murillo.
“Teóricamente eso no se podría aplicar retroactivamente, pero está muy claro que estamos ante un poder omnímodo, que decide todo y hace lo que le da la gana. Por lo tanto, no vería extraño que ellos (Ortega y Murillo) decidan aplicar esto retroactivamente y alargar las próximas elecciones, ya no en el 2026 sino en el 2027”, valoró Peraza.
El politólogo también señala que “va a ser difícil” aplicar esta reforma constitucional sin crear cierto “escozor” en la comunidad internacional, “principalmente por las excentricidades del régimen que cree que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y sin ninguna restricción a su deseo y voluntad”.
Un remedo de democracia directa
La propuesta de reforma también establece en su artículo 2 que la soberanía nacional reside en el pueblo “a través de instrumento de democracia directa”; sin embargo, en el artículo 8 indican que “el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República”.
Para Núñez, la idea de democracia directa mencionada en esta reforma a la Constitución “es contradictoria”. El régimen, por un lado, mantiene la democracia representativa a través de la Asamblea Nacional y, por otro lado, utiliza la democracia directa para diluir el poder de las instituciones.
“Cuando vos diluis el poder al máximo, quien sostiene el poder es quien tiene la fuerza. Por eso es que la democracia directa no ha logrado imperar, porque es una distribución tan difusa del poder, que el poder termina estando en manos de quien tiene fuerza”, comentó Núñez.
Legalizan la represión
Por otro lado, Solís advierte que la reforma también está dirigida a “legalizar la represión” que el régimen Ortega-Murillo ha venido ejerciendo contra la población, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la Iglesia.
En el artículo 14 de la reforma se señala que ninguna persona u organización, al amparo de la religión, puede realizar actividades que “atenten contra el orden público” y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.
“Están preparándose para alguna persecución más a la Iglesia católica o evangélica, porque hablan de que no puede haber un sometimiento a ningún poder extranjero, es decir, el Vaticano”, comentó Solís.
Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, caracterizadas por la expulsión, encarcelamiento y desnacionalizados de obispos y de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
También, a través del artículo 97 de la reforma se crea “la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”. Lo que para Núñez no es más que “la legalización de los paramilitares” que reprimieron a la población en 2018.
Además, en el artículo 68 de la reforma a la Constitucióin establecen que “el Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas”.
