19 de junio 2020
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A partir del análisis de los procesos judiciales de Marvin Vargas "El Cachorro" y el caso de la masacre del 19 de julio de 2014, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) reclamó "libertad absoluta" para diez personas que fueron detenidas, procesadas y condenadas antes de la Rebelión de Abril, pero que en sus expedientes judiciales existe una vinculación política.
"Hoy presentamos diez casos de personas presas políticas desde el año 2011 en Nicaragua y nos constituimos en un Comité Pro Libertad de estos diez presos políticos, a través de procesos nacionales e internacionales", leyó el preso político excarcelado Ricardo Baltodano, durante una conferencia de prensa en línea.
En ambos casos, los defensores de Derechos Humanos observaron una serie de violaciones al debido proceso, e inobservancia de normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, por lo que la medida de privación de libertad fue impuesta con "un carácter arbitrario". Los acusados fueron arrestados sin orden judicial, fueron sustraídos de su juez natural, hubo versiones contradictorias de los hechos y los dictámenes forenses no cumplieron los requisitos de ley.
Otros factores comunes en los procesos judiciales fueron: aplicación desigual de la ley, fundada en motivación política; sometimiento a torturas, tratos crueles, humillantes, inhumanos y degradantes en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote y en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa.
Las condiciones de reclusión a la que fueron sometidos los detenidos, "implicaron la comisión de actos de torturas y malos tratos desde el mismo momento de la detención", dicen las conclusiones de los defensores de Derechos Humanos. Estas personas también estuvieron detenidas por más de 48 horas sin ser presentados ante la autoridad judicial, sin acceso a visitas de familiares, abogados ni defensores de derechos humanos, sin acceso a atención ni tratamientos médicos y sometidos a condiciones de detención inhumanas.
El vínculo político
Las motivaciones políticas del régimen para privar de su libertad a Marvin Vargas "El Cachorro" y los procesados por la masacre del 19 de julio de 2014 fueron: "la necesidad de sustentar una narrativa política del poder con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional en ese momento, como eran las elecciones de 2016", dice el análisis.
El caso de la masacre del 19 de julio de 2014 fue resuelto por la Policía Nacional en solo 17 días. Archivo | CONFIDENCIAL
También, "encontramos que muchas de las detenciones están relacionadas con la necesidad de control territorial de las comunidades", es decir, como forma de amenazas a opositores, espacios organizados de oposición en la localidad y mensajes de amedrentamiento de otros sectores sociales que en su momento se habían atrevido a desafiar el control absoluto que la dictadura en construcción quería imponer", continúa el documento.
La historia de los primeros presos políticos del régimen de Daniel Ortega salió a la luz recientemente con la excarcelación de los presos políticos de la Rebelión de Abril. Horas después de haber sido excarcelado Cristhian Fajardo reflexionó: "Nosotros no sufrimos ni la mitad de lo que ha sufrido Marvin. Eso es lo peor. Me duele en el alma".
El Cachorro: Marvin Vargas
Líder y dirigente del movimiento Cachorros de Sandino, que exigía el cumplimiento de beneficios sociales para quienes participaron en la guerra en los años 80. Fue detenido el 8 de mayo de 2011 por un operativo de fuerzas especiales de la Policía Nacional, siendo trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, supuestamente por el delito de terrorismo, aunque fue acusado por el delito de estafa en perjuicio de personas a las cuales no conocía y remitido al centro penitenciario de Tipitapa.
La detención ocurrió cuatro meses después de una protesta en la que Vargas amenazó con realizar una operación militar: “Nosotros vamos a montar el Operativo Danto 2011, éste es el principio del operativo. En marzo vamos a montar una operación extrema, porque han sido extremos los 25 años en que nos han sometido al abandono a los 150 mil cachorros de Sandino. Estamos dispuestos a todo”, dijo.
Vargas fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión, período en el cual fue aislado y confinado en la Galería 300, conocida como El Infiernillo. Desde entonces tuvo limitaciones para acceder a visitas de sus familiares. Luego de cumplir esa condena, no fue liberado y permaneció seis meses detenido ilegalmente. Durante ese período, le fue autorizada una visita conyugal y luego de la misma, fue sometido a un “operativo”, donde supuestamente le encontraron droga, siendo nuevamente sometido a un juicio por tráfico interno de estupefacientes y condenado a 12 años de prisión, impidiendo de esta forma su libertad.
La masacre 19 de julio de 2014
Las personas condenadas por la masacre del 19 de julio de 2014 son: Wilfredo José Balmaceda Castrillo, Walter José Balmaceda Ruíz, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Jairo Antonio Obando Delgadillo, Leonel Antonio Poveda Palacios, Zacarías Isabel Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta Gonzales, José Ricardo Cortez Dávila y José Oliver Meza Raudez. Según la investigación del colectivo de Derechos Humanos todos ellos pertenecían a estructuras políticas partidarias en el momento en que ocurrieron los hechos o eran opositores de vieja data.
La masacre se produjo tras dos emboscadas a caravanas de buses, que trasladaban desde Managua a Matagalpa, a simpatizantes sandinistas que participaron en el 35 aniversario de la revolución sandinista. El primer ataque ocurrió en el kilómetro 76 de la carretera panamericana, rumbo a Ciudad Darío, mientras el otro sucedió en el sector de Wabule, una localidad de San Ramón. Ambos ataques dejaron cinco militantes sandinistas asesinados y provocó 24 heridos.
Como respuesta a ese hecho, las autoridades policiales realizaron redadas arbitrarias no autorizadas por la Constitución Política y debidamente constatadas en la argumentación de los abogados defensores y los relatos familiares. Aunque las víctimas regresaban de una actividad política y los detenidos estaban vinculados a partidos políticos, la entonces primer comisionada Aminta Granera, los presentó a todos como una "banda delincuencial".
