8 de enero 2021
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Organizaciones de la sociedad civil y más de un centenar de profesionales nicaragüenses presentaron una "Propuesta de Nación" de cara a un cambio de Gobierno. El Grupo de Propuestas asegura que “son contribuciones para una Nicaragua democrática, libre, con justicia social, con respeto a los derechos ciudadanos, tolerancia y pluralismo; con una economía diversificada y sostenible para el beneficio de todos”.
El documento de 191 páginas está destinado para una futura administración gubernamental, tras la salida del poder de Daniel Ortega, tomando en cuenta las elecciones generales previstas para noviembre de este año, aunque aún no han sido convocadas.
En el documento, se abordan problemáticas que van desde la pobreza, hasta lo ambiental y la gestión de riesgo. Además, se plantea un Programa de Gobierno “que permita llevar adelante la transición política y la construcción de la democracia en Nicaragua, una vez que se realicen las elecciones de 2021”. Su ejecución comprende un período de cinco años, desde la toma de posesión del "nuevo gobierno".
A grandes rasgos, la propuesta está dividida en cuatro áreas: a) Reforma institucional; b) Política social; c) Política económica, y d) Aspectos transversales de suma importancia: Ambiente, Gestión de Riesgo ante desastres de origen natural, igualdad entre los géneros, niñez, adolescencias y juventudes, y un "Plan de Alivio Inmediato" para la población más vulnerable.
Identifican los retos del “nuevo gobierno”
Partiendo de que habrá elecciones libres en noviembre y que ganaría la oposición, plantean que, el Gobierno entrante, tendría a sus hombros una serie de desafíos que este grupo de expertos ha identificado.
El primero de ellos también el más urgente: aliviar la situación de los más pobres. Para ello recomiendan tomar medidas “urgentes” que calmen la situación de hambre, la ausencia de servicios básicos y la búsqueda de respuestas para las personas que han perdido sus empleos. El segundo aspecto se basa en la restauración del respeto a los derechos humanos. Luego en frenar la caída socioeconómica del país, reconstruir el tejido social, restablecer los espacios de participación ciudadana y defender la libertad de prensa.
Antimotines en una jornada de represión contra una protesta en marzo de 2019. // Foto: Archivo | Carlos Herrera | Confidencial
Todos estos puntos han sido debilitados por la crisis política provocada por el régimen de Daniel Ortega, que desde las demandas de abril de 2018 y tras dos mesas de negociación se ha negado a cumplir acuerdos y a garantizar una salida ordenada a la crisis, subiendo más bien los niveles de represión y hostigamiento a opositores, sociedad civil y medios de comunicación.
“Nicaragua tiene un modelo de desarrollo que no ha logrado resolver los problemas que afectan el bienestar de nuestras familias, lo que sumado a tres años consecutivos de recesión económica implica impactos graves en la precaria calidad de vida de la población”, se menciona en el estudio.
Los expertos señalan una serie de barreras que una nueva administración tendrá que romper, como el sistema de justicia politizado y la Asamblea Nacional como una fábrica de leyes a la medida del régimen orteguista. Según este análisis, “la Administración pública se rige por lealtades y no por el desempeño”. Como muestra citan las leyes punitivas que el régimen ha aprobado entre octubre a diciembre de 2020, mediante el Parlamento y a través de la mayoría de diputados orteguistas que lo integran.
“Estado al servicio de la ciudadanía”
La propuesta apela a una “reforma del Estado que asegure el restablecimiento del régimen político democrático y su papel como facilitador del desarrollo y bienestar ciudadano”. Para esto, se pide “restablecer la independencia y balance de poderes”, garantizar una gestión estatal transparente, rendición de cuentas y cero tolerancia a la corrupción.
Entre las líneas de acción propuestas en este apartado, reluce la eliminación de recursos discrecionales de la Asamblea y la diputación del candidato presidencial que ocupe el segundo lugar en la contienda, así como la del expresidente, que se integran a la asamblea como "diputados constitucionales", para un total de 92 legisladores.
Otro aspecto estaría centrado en una reforma al sector de defensa y seguridad del país, con mecanismos que “garanticen la conducción civil a partir de principios democráticos y el respeto de los derechos humanos”.
Altar improvisado con fotos de los asesinados por la represión orteguista durante la Rebelión de Abril, instalado afuera de la Catedral de Managua, el 30 de mayo de 2019. // Archivo: Carlos Herrera
En cuanto a la libertad de expresión, se recomienda que el nuevo gobierno devuelva de forma inmediata los inmuebles confiscados de 100% Noticias, CONFIDENCIAL y Esta Semana, tomados ilegalmente por el régimen de Ortega en diciembre de 2018. Igualmente, la derogación de la Ley Especial de Ciberdelitos, mejor conocida como “Ley Mordaza” y la reactivación de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Justicia transicional
El documento está lleno de recomendaciones y líneas de acción para la mayoría de aspectos que tienen relación con la gestión pública. Pero también sobre aquellos con “garantías de no repetición” por los crímenes cometidos durante las protestas de abril de 2018.
Para ello se recomienda que mediante una "Ley Especial de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición" se cree una Fiscalía Especial que funja como “un sistema de justicia especializada para ejercer acción penal en representación de las víctimas de los crímenes con motivaciones políticas”.
Proponen también una "Ley de Reparación de Víctimas" con efectos de indemnización, pero que también retome el "Plan Integral de Reparaciones" elaborado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsado por el régimen de Ortega en diciembre de 2018. Esto comprende la puesta en marcha de un programa de “reparaciones simbólicas”, con la creación de museos de la memoria, monumentos y la petición de perdón oficial del Estado.
