2 de agosto 2021
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Los abusos de derechos humanos cometidos contra los ciudadanos de Nicaragua han tenido un peso fundamental en la decisión este lunes de la Unión Europea (UE) de sancionar a la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Juan Carlos Ortega Murillo, el asesor presidencial Bayardo Arce, dos presidentes de poderes del Estado, la fiscal general de la República y dos jefes policiales.
Según el documento aprobado en Bruselas el 30 de julio pasado, La resolución plantea los siguientes argumentos de manera individual:
Rosario Murillo, vicepresidenta: la consideran responsable de graves violaciones de DD. HH. y de socavar la democracia. Recuerdan que, según su esposo y presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ella tiene el 50% del poder y la describen como líder de la juventud sandinista con un papel fundamental en el fomento y justificación de la represión realizada por la Policía. Dan cuenta de sus amenazas a opositores y campaña de descrédito contra opositores en junio de 2021.
Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial: Destacan su papel como director de uno de los canales de propaganda de los Ortega, pero además citan su participación como parte del Movimiento sandinista 4 de mayo. “Ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios”, señalan.
Bayardo Arce, asesor económico de Ortega: Lo describen con una influencia significativa sobre las políticas del régimen y las violaciones a derechos humanos. Sostienen que apoyó una legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones.
Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ: a cargo de la instrumentalización de la justicia a favor de los intereses del régimen de Ortega, mediante la criminalización selectiva de los opositores, violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias e inhabilitación de partidos políticos y candidatos de la oposición. Es responsable de socavar el Estado de derecho.
Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional: Miembro de la Dirección del FSLN desde 1996. Responsable de varios actos jurídicos represivos, entre ellas la Ley de Amnistía, que excluye investigar a los responsables de violaciones de DD. HH. en 2018, igual aquellas medidas que “atentan contra la libertad y proceso democrático”.
Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de la República: Leal a Ortega y responsable del procesamiento por motivos políticos a manifestantes. Creó unidad especial para fabricar las acusaciones contra opositores.
Juan Valle Valle, comisionado Policía: Destacan su posición de liderazgo en las fuerzas de seguridad. Es responsable de repetidos actos de “brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza, lo que resultó en la muerte de cientos de civiles, por arrestos y detenciones arbitrarias, por violaciones a la libertad de expresión, y por impedir manifestaciones contra el Gobierno”.
Fidel Domínguez, comisionado Policía-León: Asumió la jefatura de este departamento, en el occidente del país, en agosto de 2018. Responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos, incluido el secuestro de miembros de la familia de un opositor político, violaciones a la libertad de expresión y libertad de medios de comunicación.
Con estos funcionarios del círculo a Ortega ya suman 14 personas las sancionadas por la comunidad europea. En el siguiente enlace puede leer los argumentos de los últimos casos, reportados este lunes.
